Cantabria prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía y pide una Conferencia de Presidentes

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), se ha sumado a sus homólogos en otras comunidades con una declaración institucional en la que ha anunciado que el Gobierno autonómico ha puesto en marcha “toda su maquinaria” para analizar las acciones judiciales posibles y presentar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto se apruebe la Ley de Amnistía pactada por el PSOE con ERC y Junts en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

Según ha adelantado la jefa del Ejecutivo regional en una comparecencia sin preguntas tras presidir un Consejo de Gobierno extraordinario, solicitarán la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para que los mandatarios de las comunidades se pronuncien en este órgano sobre el alcance de estos acuerdos que, a su juicio, “comprometen la financiación autonómica y la integridad territorial de España”. “Es el mayor abuso institucional en 50 años de democracia”, ha asegurado la dirigente del PP.

“Temíamos una Ley de Amnistía y nos hemos encontrado con algo mucho peor: el avance del independentismo en todos sus postulados y objetivos a costa de la igualdad, la dignidad y el Estado de Derecho que nos hemos dado los españoles, porque Sánchez está cediendo todo al chantaje de los independentistas. Una entrega total y absoluta, completa y sin matices, que pagaremos todos los españoles”, ha considerado.

Por ello, Buruaga ha defendido que “la reacción tiene que ser una suma de fuerzas institucional, legal, política y social”, al tiempo que ha señalado que esa respuesta “tiene que ser firme e inequívoca, pero también cívica, tranquila y serena”, tras las distintas manifestaciones que se han producido en los últimos días en las sedes del PSOE en distintas ciudades de España y que han acabado con altercados e incidentes violentos provocados por grupos de ultraderecha.

“Vamos a solicitar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para demostrar que no se puede decidir el futuro de España de forma bilateral, por la puerta de atrás y a espaldas de las demás regiones. Además, hemos puesto en marcha toda la maquinaria del Gobierno para empezar a analizar las acciones jurídicas procedentes y preparar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto la ley de amnistía esté aprobada y publicada y en cuanto se hagan efectivos los privilegios económicos unilaterales”, ha trasladado.

En este sentido, ha dicho que “no hay una sola institución española -Policía, Justicia, Cortes Generales, Tribunal Constitucional...- que no se desacredite con este acuerdo que ha indignado a la mayoría de los ciudadanos y ha superado con creces las peores expectativas”.

“Ni España ni nuestra democracia son negociables ni la igualdad de los españoles lo es. No vamos a consentir que se nos pisotee, que se menoscaben nuestros derechos, porque la igualdad y la solidaridad son hospitales, son colegios, son servicios para personas en situación de dependencia, son infraestructuras y son oportunidades de empleo”, ha sentenciado la presidenta.