CCOO presenta alegaciones al anteproyecto de ley de autoridad del profesorado

CCOO ha presentado siete alegaciones al anteproyecto de ley de autoridad del profesorado del Gobierno del PP en Cantabria para “dar un giro” a un texto que es un “fantasma jurídico” elaborado al margen de la comunidad educativa, “no soluciona los problemas diarios de los docentes”.

Desde el sindicato han censurado que el texto elaborado por el Ejecutivo tiene un “enfoque punitivo”; se centra en tipificar conductas y gravar sanciones, “con una visión reduccionista que deja a un lado el enfoque preventivo que marca la LOMLOE”, y “vincula la autoridad a la jerarquía e ignora que la convivencia es un proceso preventivo, comunitario y restaurativo”.

“La convivencia no es consecuencia de la autoridad jerárquica y, con esta ley, quieren volver a un modelo que ya teníamos olvidado”, ha afirmado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, que ha valorado en rueda de prensa el anteproyecto del Ejecutivo y ha anunciado las alegaciones planteadas por el sindicato.

Lo ha hecho junto al responsable de educación pública no universitaria de la Federación, David Aguirre, respectivamente. Según han manifestado, se trata de una iniciativa normativa “innecesaria” y que, además, supone un “atropello más a la comunidad educativa”.

En este sentido, han criticado que el Gobierno ha hecho este anteproyecto “sin contar con quien sostiene la educación, que es el profesorado y las familias”.

Las alegaciones

Sánchez ha detallado que las alegaciones presentadas por el sindicato proponen diferenciar el apoyo a la función docente de la gestión de la convivencia, además del establecimiento de “medidas educativas reales para que las intervenciones tengan contenido pedagógico y no sean solo castigos vacíos”.

También ha subrayado que son necesarios recursos para el bienestar, por lo que Sánchez ha exigido que “la figura de coordinación de Bienestar tenga perfil profesional, tiempo efectivo y apoyo institucional real y que se ofrezca protección al alumnado vulnerable, de modo que haya garantías para que nadie se quede fuera del sistema”.

Entre el resto de acciones que ha emprendido el sindicato, se encuentran la celebración de una asamblea y la presentación de un cuestionario a la afiliación.

“Nos hubiera gustado enviar a todo el profesorado pero no podemos porque se nos ha retirado la posibilidad de usar la lista de difusión, por lo que redoblaremos el esfuerzo de visita a los centros”, ha explicado Aguirre.

En este recorrido, el sindicato llevará a cabo una campaña basada en tres ejes -información, organización y actuación- con la que recorrerá los centros educativos para proporcionar información y “recuperar la democracia en los claustros”, a los que han emplazado a “reunirse y organizar asambleas para leer el borrador del proyecto, debatirlo y hacer propuestas a esta ley.

Según ha indicado, se trata de una ley que “no reduce la burocracia, ni las ratios, ni da más apoyo, sino que solo da autoridad sobre el papel, sin herramientas pedagógicas”, ha concluido Aguirre.

Por otro lado, el sindicato está pendiente de mantener una reunión con la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAPA), a quien han solicitado un encuentro para abordar este tema.