Ciudadanos considera “lamentable” el carpetazo del Gobierno al caso GFB
El diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, Juan Ramón Carrancio, ha calificado de “falta de respeto a todos los cántabros” la decisión del Gobierno bipartito PRC-PSOE de no recurrir ante el Tribunal Supremo el archivo de la querella contra la empresa GFB por parte de la Audiencia Provincial, impulsada por el anterior Ejecutivo autonómico del PP.
“No recurrir el archivo de la causa o no llevarlo al ámbito mercantil para depurar responsabilidades da muestras una vez más de una falta de respeto a todos los cántabros, mientras miles de familias en cuyas casas no entra un sueldo comprueban como estos políticos dilapidan millones de euros de dinero público sin dar explicaciones”, ha señalado Carrancio a través de una nota de prensa.
Desde Ciudadanos Cantabria recuerdan que el magistrado de la sección tercera entendió que la gestión llevada a cabo en GFB supuso un “derroche de fondos públicos” mediante el pago de sobreprecios en maquinaria, en operaciones sin informes técnicos solventes y elevados gastos en sueldos y dietas.
“El actual Gobierno de Cantabria, formado por regionalistas y socialistas, debe ver bien esta gestión, a pesar del perjuicio causado a la Administración, puesto que ha decidido no recurrir”, ha asegurado el diputado del partido naranja.
Una actuación “poco ética”
La Audiencia de Cantabria ratificó en diciembre el archivo judicial del caso GFB al considerar probado que no hubo delito de malversación de caudales ni de administración desleal, tal y como ya acordó en octubre del año pasado el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander.
En el auto emitido por la Sección Tercera, la Audiencia consideró, al igual que el Juzgado, que no se ha acreditado la comisión de las infracciones penales que denunció la Fiscalía en base a la documentación facilitada por la comisión de investigación realizada en el Parlamento autonómico a instancias del Grupo Popular, que durante la anterior legislatura gozó de mayoría absoluta en la Cámara.
No obstante, el auto, fechado el pasado 1 de diciembre y del que ha sido ponente la magistrada Paz Aldecoa, dejó un sabor agridulce a los investigados, entre los que se encontraban los exconsejeros socialistas de Economía e Industria Ángel Agudo y Miguel Ángel Pesquera, y el entonces director general de Sodercan, Salvador Blanco, que ostenta de nuevo este cargo.
Si bien la Audiencia les exonera de haber cometido algún delito, considera que, “sin ninguna duda”, la actuación en la fábrica de fibroyeso de Orejo puede entenderse como “poco ética”, y podría incluso tener consecuencias en otros ámbitos como el mercantil, debido a una “cierta incompetencia” en la gestión de fondos públicos que ha ocasionado “quebranto” a la Administración.
En este sentido, considera que hubo “despilfarro” y “derroche” de fondos públicos así como un “total desinterés” en la gestión del proyecto, promovido por la empresa Euroamérica -del grupo costarricense Pujol Martí- y en el que el anterior Gobierno PRC-PSOE invirtió varios millones de euros a través de la empresa pública Sodercan.
