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Las Cortes Valencianas siguen los pasos de Cantabria y reclaman legalizar el cannabis para uso terapéutico

El mero cultivo de marihuana no supone tráfico de drogas, según una sentencia

Rubén Vivar

El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado por mayoría una proposición no de ley que reclama al Gobierno de España que realice los cambios legales oportunos para regular y facilitar el uso del cannabis con fines terapéuticos, así como autorizar el autocultivo para uso personal, dándole un estatus legal protegido.

De este modo, la Cámara valenciana sigue los pasos dados en el Parlamento de Cantabria, que en abril del año pasado se convirtió en la primera comunidad autónoma en cursar una reivindicación en esta misma línea al Ejecutivo central.

Aquella iniciativa, que tuvo como principal ariete al diputado popular, Eduardo Van den Eynde, enfermo de cáncer y firme defensor de la legalización del cannabis, fue consensuada por todos los grupos políticos y salió adelante por unanimidad. 

Sin embargo, a diferencia de la votación que se celebró en el antiguo Hospital de San Rafael, en las Cortes Valencianas el PP ha votado en contra de la proposición no de ley al considerar que hace “apología” del consumo de esta droga y abre la puerta para el cultivo y uso del cannabis en el ámbito lúdico. La medida fue acordada por PSPV, Compromís y Podemos y encontró el respaldo de Ciudadanos. Así, el resultado ha sido de 68 votos a favor y 28 en contra.

En concreto, el texto aprobado en la comunidad valenciana pide al Gobierno central facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos con cannabis bajo indicación y supervisión médica; regular las especificaciones legales y técnicas para el cultivo controlado de este producto y la posterior utilización medicinal, y establecer puntos de venta controlados. 

Igualmente, acuerda la creación de una comisión que estudiará la función del autocultivo y de las asociaciones de cannabis como herramienta de reducción de riesgos asociados al consumo y como alternativa a los problemas derivado de la prohibición de las drogas, así como los beneficios sociales que puede comportar en el ámbito de la salud, la recaudación sanitaria y la creación de puestos de trabajo.

Finalmente, el Parlamento Valenciano también insta a todas las asociaciones cannábicas de la Comunitat a establecer mecanismos de autorregulación, reglamentos internos y códigos de buenas prácticas, y a mantener una estrecha colaboración con la Administración mientras no haya un marco legal que regule su actividad.

El debate

En el turno de intervenciones, el diputado de Podemos, Antonio Montiel, ha justificado la necesidad de plantear ahora un debate como este, que ya se ha producido en otros países como Holanda, Portugal, Uruguay o Canadá, ante “el fracaso de las políticas prohibicionistas de cannabis” y las evidencias científicas que apuntan a que alguno de sus componentes tiene efectos terapéuticos testados para tratar enfermedades como el alzheimer, la epilepsia, el dolor crónico, el asma o el autismo.

También ha incidido en que el consumo de alcohol y tabaco está permitido y hay 20.000 y 50.000 muertes anuales asociadas a ellos, respectivamente, y ha remarcado que se podrían recaudar con el cultivo de cannabis 1.500 millones de euros el próximo año en impuestos, además de los beneficios en la lucha contra el tráfico ilegal y la delincuencia organizada.

El socialista Ignacio Subías, médico, ha indicado que aunque no fume eso no le impide “abrir la mirada” y ver que el cannabis tiene efectos positivos, por ejemplo, para combatir náuseas, crisis convulsivas o epilepsia, y ha incidido también en que la prohibición ha sido “ineficiente” y tan solo “ha creado un mercado ilegal y enormes ganancias”, por lo que “es hora de afrontar el tema de manera racional”.

Josep Nadal (Compromís) ha defendido que garantizar ese suministro terapéutico “es cuestión de derechos humanos”, evitando que “se les mire como si fueran auténticos narcotraficantes”, y desde Ciudadanos, Juan Córdoba, ha subrayado la diferencia entre el uso recreativo y terapéutico y ha defendido la necesidad de dar respuesta a esa necesidad de consumo encuadrado en el ámbito sanitario, con supervisión y “producto de suficiente calidad”.

Por su parte, el popular José Juan Zaplana, ha criticado que se intente “disfrazar” el verdadero interés con un debate “sanitario y humanitario” y  ha enumeroad los efectos del consumo, como la alteración de la memoria, percepción distorsionada, enfermedades broncopulmonares o algunos tipos de cáncer. “Es una droga, no es un prejuicio, genera dependencia, atenciones en urgencias y en ocasiones la muerte”, ha sostenido.

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