La historia de Paco y Luci, desahuciados a los 65 años

62 años bajo un mismo techo. Un hogar humilde en un bloque de 45 viviendas sociales levantado en 1955 por la Delegación Nacional de Sindicatos del Grupo Hermanos Sentíes, como reza el cartel de piedra que resiste casi intacto en la fachada. También resisten Paco y Luci, aunque ellos más desgastados. Enfrentarse con 65 y 62 años a un desahucio de una vivienda que ya tenían pagada y con cuatro hijos a sus espaldas -dos de ellos con una minusvalía superior al 65%- es un trago que no desean a nadie. 

Su pequeño salón está lleno, de recuerdos y de personas, tantas que no entran. Fotos de sus hijos, de sus nietos, de ellos cuando eran jóvenes, unas zapatillas de ballet usadas que cuelgan del pomo de un armario... También muchas plantas, entre ellas una que Luci recogió de la casa de Amparo Pérez justo antes de que fuera derribada y que “ahora ha crecido y está preciosa”.

Además de los recuerdos, abarrotan el cuarto de apenas diez metros cuadrados Iñaki, Rosmari, Raúl, Gema, Juanjo... Una docena de miembros de la PAH les acompañan. Se nota que la historia de este matrimonio es especial y ellos entrañables. No han querido dejarles solos a la hora de desnudarse ante una grabadora. Tampoco lo harán cuando llegue el momento, si es que llega...

“En realidad no nos da vergüenza salir en los medios. Todo lo que hicimos fue de buena fe. No hemos robado a nadie. Hemos vivido como nos enseñaron, como hijos de obreros humildes; hemos llevado una vida normal, sin lujos, criando a cuatro hijos”, dice Luci cargando sus palabras de honestidad.

“Quienes sí han vivido por encima de sus posibilidades han sido los bancos, a los que hemos tenido que rescatar. ¿Qué pasa que las personas no merecemos una segunda oportunidad? Qué ingenua soy”, se responde a sí misma.   

Hace dos semanas el timbre de su puerta sonó. Era una pareja joven. Conocidos del pueblo, de Astillero. Venían a comprar su casa, una casa que no estaba en venta. Al menos no por ellos. Allá por el 2011 fueron desahuciados por primera vez. Llevaban meses sin poder hacer frente al pago de un préstamo que Paco solicitó en 2006 para comprar una segunda retroexcavadora. Por aquel entonces tenía trabajo a destajo. La crisis no había llegado. Tampoco se la esperaba, aunque acechaba a la vuelta de la esquina, aunque ni él ni el común de los españoles lo sabían.

Era autónomo y trabajaba para “grandes constructoras como Ferrovial o Dragados”. “Teníamos mucha ilusión por trabajar”, rememora. Para hacer frente a la inversión pidieron un crédito a Caja Cantabria (ahora integrada en Liberbank). Sentado en una silla de madera, alrededor de una mesa camilla, cuenta que todo fueron facilidades. “Porque no quisimos coger más dinero, nos lo pusieron en bandeja. Me decían que me comprara un coche nuevo, pero si yo ya tenía coche... ¡Menos mal que no lo acepté”, relata.

“Paco, te hubiese dado igual. Te lo hubieran quitado todo igualmente”, comenta un miembro de la Plataforma. “Es verdad”, asiente él. 

Al final, el capital del crédito concedido se elevó hasta los 144.000 euros, algo menos de la mitad para comprar la retroexcavadora y el resto para avalar a una de sus hijas a adquirir una vivienda, situada a escasos metros de la suya. Su casa la habían heredado de la familia de Luci. No tenían hipotecas, no tenían deudas. “Paco se ha dedicado toda la vida a trabajar. Vivíamos bien, humildemente pero bien”, señalan. 

Con la adquisición de la nueva pala, que tuvieron que acabar “medio regalando”, su hija mayor comenzó a trabajar en la pequeña empresa familiar. Pero de golpe y porrazo llegó la crisis. Aquella “desaceleración” de la economía, que ni estaba ni se la esperaba, se entrometió justo en el peor momento para ellos. Acababan de invertir un pastizal. “En 2007 ya empezamos a tener muchísimos problemas para trabajar. Estábamos mucho tiempo parados y cuando trabajábamos nos retrasaban los pagos a 120 días y luego a 180”, apunta el cabeza de familia.

Con los ahorros, con la Renta Social de 420 euros que “tardaron la de dios en empezar a pagarme” y las dos “pequeñas” pagas que tienen por la discapacidad de dos de sus hijos, iban juntando lo que podían y pagando el préstamo. 

Sin embargo, aquello que “con mucho esfuerzo” ingresaban en el banco caía en “saco roto”. La deuda no disminuía. Al contrario. “Cuando dejas de pagar una mensualidad, los intereses suben de forma brutal. En mi caso fue un incremento 'moderado' del 19%, pero en el de Paco y Luci casi un 40%”, explica uno de los presentes.    

Así aguantaron cuatro años, hasta 2011, hasta que el banco decidió ponerles de patitas en la calle. Casi sin rechistar, sacaron sus cosas, las guardaron en una nave y se fueron de alquiler al piso de una conocida que “ya sabía cuál era nuestra situación, aunque a mí, cuando se juntaba algún tiempo sin poder pagar, me daba vergüenza”, admite Luci.

La estafa del garaje

Buscando soluciones Paco se topó con un anuncio en el periódico: asesores que se ofrecían a mediar con el banco en situaciones como la suya. “Nos estafaron. Se quedaron con un local y un garaje valorados en 43.000 euros. Pusimos el bien a su nombre y desaparecieron”, cuenta apenado este hombre que no deja de suspirar mientras relata episodio a episodio este tramo quebrado de su vida. “Y menos mal que no metieron mano en tu jubilación, que querían arreglársela”, añade su mujer.  

“Son tantas cosas las que se te vienen encima que no sabes por dónde tirar. La ignorancia de firmar todo lo que te ponen por delante... Y cuando te enteras de la realidad es cuando ya estás pillado, cuando ya te han destrozado la vida”, prosigue narrando Luci. En este sentido, se sienten “engañados” no solo con los bancos sino también con la “connivencia” de los notarios, a quienes reprochan que despachen a sus clientes “de la forma más rápida posible”, sin molestarse en explicar “en un lenguaje que una persona normal pueda entender” las consecuencias de los documentos que firman. “Si lo hubiéramos sabido, no hubiéramos firmado”, dice Paco con cierto remordimiento en sus palabras.    

Aquel crédito se ha llevado por delante todos los bienes de esta familia. Además de quedarse con su casa, Liberbank también es la dueña de la vivienda de su hija, que vive de 'okupa', y de una antigua casa familiar en Los Corrales de Buelna que habían ido arreglando. “Han pagado infinitamente más de lo que debían”, denuncian sus compañeros de camisa verde. “Pagamos la novatada. Solos, sin dinero y sin saber a dónde ir. Lo mejor que nos ha podido pasar es la PAH”, les responden ellos. 

Allí -a la PAH- llegaron desesperados, por recomendación de un conocido que les instó a poner su caso en manos de aquel colectivo antidesahucios que tanto eco estaba teniendo en los medios. “José Ramón y Óscar nos preguntaron si teníamos el valor de volver a nuestra casa y a los dos o tres días aquí estábamos de nuevo. No me lo podía creer”, recuerda entusiasmada Luci. La vivienda había permanecido vacía dos años. Entraron con su propia llave. “Al principio nos encontrábamos perdidos, éramos como extraterrestres después de haber vivido aquí 60 años”, describe. 

Así, en 2013 volvieron. “A mi casa, porque esta es mi casa”. Durante un tiempo han vivido en una calma relativa. En los últimos dos años el banco ha intentado cambiar la cerradura “cuatro o cinco veces”, “vulnerando la ley porque solo un juez puede ordenar el levantamiento de la vivienda”. De hecho, por esa acción han presentado dos demandas en la Guardia Civil de las cuales no han tenido nunca noticia.

  

El mayor sobresalto desde la “reocupación” se ha producido a mediados de este mes de abril, cuando sonó el timbre. Liberbank ha vendido su hogar a un fondo buitre extranjero que ha puesto la casa en venta por 43.000 euros. Se han enterado por la inesperada visita de aquella pareja joven, la cual “no tiene la culpa de nada”, y después al ver el anuncio en un portal web inmobiliario. El precio estipulado es “la mitad” de su valor real, una quita que el banco nunca les ha ofrecido a ellos. “Hemos intentado negociar, pero no acceden. Están cerrados en banda. No, no y no. Ni nos escuchan”, se lamentan.

Al hilo de este descubrimiento han visto que aquella casa familiar del pueblo, cuyos enseres ya no están entre aquellas paredes, también está en venta por 35.000 euros “cuando está valorada en 85.000”. “Esto es surrealista”, dice incrédula Luci.

En riesgo de exclusión

Desde que fueron desahuciados en 2011 no han recibido ninguna comunicación del banco. “No les importa que tenga 'bicho' dentro, como dicen ellos. Vienen con un abogado y en menos de dos meses les echan a la calle”, afirma Iñaki, de la Plataforma. No obstante, asegura que la Ley de Protección de Colectivos en Riesgo de Exclusión les ampara. Esta norma establece que no se puede llevar a cabo un desahucio si se cumplen algunos requisitos, como ser familia numerosa, ser mayor de 65 años o tener hijos discapacitados a su cargo. “Paco y Luci los cumplen todos”, subraya esta persona. 

Aunque están con la salud “minada” por tanta “lucha” y viven “en vilo” porque creen que “algo gordo va a pasar”, Paco y Luci lo tienen claro: “Mientras nosotros estemos aquí, esto no se vende. Esta es mi casa. Puede que sea pequeña, pero para mí es la mejor del mundo. La otra vez me fui como un corderito, pero que sepan que esta vez no nos vamos a ir”.

Ayuda nos les va a faltar. Tras regresar a la que ha sido su casa toda la vida, han conseguido levantar cabeza. “Nos hemos recuperado un poco”, declara animosa la mujer. Paco se jubiló hace un año y ahora cuenta con una pensión de 912 euros. “Echar a esta gente es una tragedia. Es inhumano”, sentencian los presentes.   

A la espera de una ley autonómica

“¿Por qué en ningún otro país europeo existe la PAH? Tan sencillo como que en esos países las leyes no permiten casos como este”, interviene de nuevo Iñaki. El relato de Paco y Luci se va intercalando con los comentarios de los miembros de la PAH que más conocen la legislación y que critican abiertamente la ley española y las decisiones adoptadas por el Gobierno central y por el Gobierno de Cantabria. 

Lamentan que haya tenido que intervenir la justicia europea para “tirar de las orejas varias veces” a las instituciones españolas y en el caso de Cantabria recriminan a su presidente, Miguel Ángel Revilla, que firmara y apoyara un documento para promover una Ley Estatal de Vivienda sobre la emergencia habitacional y que posteriomente vetara su aprobación en el Parlamento, como también ha vetado, censura la PAH, la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular para desarrollar una ley autonómica de vivienda por la que seguirán peleando.