Guipúzcoa inicia los trámites para dejar de verter residuos en Meruelo
El Consorcio de Residuos de Guipúzcoa (GHK) ha sacado este viernes a licitación la construcción de una incineradora con el objetivo de solventar los problemas de almacenamiento y tratamiento de residuos que sufre la provincia vasca y que le han obligado a firmar un convenio con el Gobierno de Cantabria para poder verter parte de su basura en la planta de Meruelo.
Las previsiones que maneja el Consorcio vasco son adjudicar la nueva infraestructura a principios de año, durante el mes de enero, y que esté en funcionamiento en un plazo máximo de 31 meses, según ha explicado el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio (PSE), en una entrevista concedida a eldiario.es en Euskadi.
A pesar de que la incineradora no estará lista antes de 2019, el diputado foral y presidente del Consorcio reafirma que la Diputación guipuzcoana verterá en Cantabria “como máximo hasta diciembre 2017”, tal y como contempla el convenio firmado con la empresa pública MARE.
Según este acuerdo, la provincia vasca puede enviar a Meruelo 90.000 toneladas de residuos este año y 80.000 el próximo ejercicio. A cambio, MARE ingresará cerca de 12 millones de euros, lo que permitirá aliviar su cuenta de resultados -tiene unas pérdidas de 5 millones de euros- y garantizar los 272 puestos de trabajo, según resaltó la vicepresidenta autonómica y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, durante la firma del convenio.
No obstante, el dilatado plazo de construcción de la incineradora levantó las suspicacias de la oposición, que ya era reacia a que Cantabria sea “el vertedero del País Vasco” y que, en este sentido, cree que el acuerdo podría prorrogarse por más tiempo. A este respecto, Asensio explica que su intención es habilitar dentro del territorio de Guipúzcoa los vertederos de residuos industriales para recibir residuos sólidos urbanos como una medida extraordinaria.
Además, durante la entrevista, el diputado responsabiliza a Bildu de la compleja situación de los residuos en la provincia por paralizar la nueva planta cuando el partido accedió al Gobierno en la pasada legislatura.
