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Los afectados por la Ley de Montes podrán aportar nueva documentación para conservar sus propiedades

Imagen aérea de los Valles Pasiegos.

Laro García

El conflicto larvado durante la última década en buena parte del medio rural de Cantabria, con cientos de afectados por la Ley de Montes, podría tener una nueva perspectiva tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que abre la puerta al departamento que dirige Jesús Oria (PRC) a explorar nuevas alternativas y a plantear soluciones en las próximas semanas.

Así lo ha confirmado este miércoles el consejero de de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria a preguntas de este diario, en una rueda de prensa en la que el dirigente regionalista ha explicado que los afectados podrían aportar nueva documentación que acredite la titularidad de las parcelas situadas en Montes de Utilidad Pública (MUP).

Según ha confirmado Oria, esta reciente sentencia del Tribunal Supremo puede servir para desbloquear el conflicto que mantiene el Gobierno de Cantabria con los afectados por la Ley de Montes, ya que la resolución judicial da pie a estudiar “más a fondo” los casos, algunos de los cuales “se habían cerrado dado que no se podía acceder a la propiedad”.

Tras la sentencia, el consejero ha reconocido que los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico están trabajando en los documentos que sirvan para acreditar la propiedad de las parcelas situadas en MUP, más allá del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

El Gobierno desconoce cuántos afectados hay en total, pero Oria sí ha avanzado que estos tendrán que volver a presentar toda la documentación para que sea estudiada nuevamente por los servicios jurídicos bajo la nueva perspectiva abierta por el Alto Tribunal.

También ha indicado que ha recibido solicitudes de asociaciones para mantener reuniones informativas, agrupaciones que con el anterior Gobierno de Ignacio Diego (PP) “perdieron la esperanza” de recuperar sus propiedades.

Leche de Cantabria

También a preguntas de la prensa y en relación a la puesta en marcha de grandes explotaciones ganaderas en algunos puntos de España, el consejero ha defendido la futura marca de calidad de la leche de Cantabria.

La investigadora del Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA), Ana Villar, ha asegurado que Cantabria podría tener ya esa marca propia pero todavía se está investigando para encontrar los marcadores que permitan su trazabilidad.

“El futuro está en esa identificación”, ha asegurado la científica, quien ha apostado por difundir los beneficios de esta leche, que es más rica en Omega 3, tiene más ácidos grasos y más vitaminas que otras, lo que la convierte en más cardiosaludable.

Villar ha subrayado que el mercado cántabro es menos rentable que el extensivo, pero “es el que tenemos que defender aquí porque sino se acaba la ganadería de Cantabria”.

En este sentido, el consejero ha valorado como “absolutamente negativa” la tendencia a crear grandes explotaciones lecheras como la prevista en Soria, que con más de 10.000 reses sería la más grande de España.

En su opinión, una explotación de esas características, ubicada junto a la empresa transformadora, solo perjudicaría al ganadero. “Queremos que no se lleve a cabo”, ha dicho, así como que hay “muchas corrientes” en contra.

También a preguntas de la prensa, Oria ha mostrado su preocupación por el precio de la leche, una cuestión que espera abordar con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, a quien ha solicitado una reunión para tratar también sobre la sanidad animal.

Preguntado por el precio justo, el consejero ha dicho que es “difícil de marcar”, que algunos ganaderos lo sitúan entre 34 y 35 céntimos el litro, si bien en su opinión debería estar determinado por la inversión realizada en alimentar a la vaca.

El titular de Medio Rural, Pesca y Alimentación se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la que ha presentado las últimas publicaciones del CIFA.

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