La Junta denuncia la progresiva reducción de la financiación estatal para Dependencia
La financiación del Sistema de Dependencia ha ocupado buena parte del pleno de las Cortes regionales, mediante una comparecencia del Gobierno regional a petición propia para informar sobre esta cuestión. El debate lo ha iniciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien ha recordado durante su intervención que más de un millón de personas (el 2,64% de la población de España) se encuentra en situación de dependencia y que en la región suponen más de 63.000 personas (el 3,09% de la población regional).
Pero afirma que pese al número creciente de personas con grado de dependencia reconocido en la región, la aportación del Gobierno central a la financiación ha descendido desde los 94,5 millones de euros en 2010 hasta los 60,4 millones de euros de 2014 y los 57,3 millones de 2015.
También ha referido que, al mismo tiempo, la aportación económica de los usuarios de la dependencia ha ido aumentando progresivamente hasta superar a la del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para financiar el Sistema: de cada 100 euros gastados en atenciones, 63 euros lo aportan las comunidades, 19 euros los usuarios y 18 euros la Administración central.
Concretamente, la consejera ha identificado el inicio de los recortes con la Ley y posterior Real-Decreto-Ley de 2012 para la estabilidad presupuestaria, que ha tenido tal incidencia sobre la pervivencia del sistema de dependencia, según la consejera, que “ha llegado a ser calificada como un verdadero instrumento de destrucción del sistema”. Todo ello ha ocasionado “menos beneficiarios, menos dictámenes, menos solicitudes, menos dependientes atentos y menos financiación” y en el otro lado, “más personas fallecidas sin acceder a las ayudas, más pérdidas de empleos en el sector y un mayor ritmo en el desmantelamietno del Sistema”.
A ello ha unido que en los presupuestos para Dependencia previstos por el Gobierno central para 2016 la partida destinada a la atención a la dependencia demuestra que el PP “aunque esté en funciones, tiene muy claro que las personas en situación de dependencia no van a ser atendidas con sus recursos”. Aumentar en un 6,4% la partida dedicada a este colectivo “pone de manifiesto, de forma clara, que no tiene intención de incorporar al sistema a los dependientes del Grado I y los 1.162 millones para atender a los nuevos dependientes ”no pueden satisfacer las necesidades, puesto que hay más de 445.000 con derecho reconocido que aún esperan una ayuda, en el limbo de dependencia“. Por ello ha invitado a los diputados a que insten al Gobierno central para la revisión de la ley de Dependencia.
Informe sobre Dependencia
En cuanto al debate político posterior, el diputado de Podemos José García Molina ha leído en primer lugar un informe de la Plataforma de la Dependencia, denunciando el desmantelamiento de los servicios de dependencia durante los cuatro años de Gobierno de María Dolores de Cospedal, con miles de revisiones de oficio “ilegales” para rebajar prestaciones. Según ha apuntado, estas personas han sido consideradas “como meros expedientes, olvidando que hay caras y personas que necesitan atención de un gobierno nuevo por y para las personas”.
En este informe se apunta que en Castilla-La Mancha ha habido 5.000 muertos que a pesar de tener reconocido por ley una prestación nunca llegaron a cobrarla. El diputado de Podemos, tras ofrecer este dato y a la luz de lo sucedido en los ocho primeros meses de Gobierno socialista en la región, le ha preguntado directamente a la consejera: “¿de qué lado están ustedes? Porque cada vez lo vemos menos claro”.
Desde el PP, la diputada Cortes Valentín se ha limitado a acusar al Gobierno actual de estar cometiendo “error tras error” y de “engañar” a los ciudadanos con los actuales presupuestos para 2016. En cuanto a dependencia, ha argumentado que los pagos a dependientes comenzaron a retrasarse en 2009 y que al Gobierno de José María Barreda ya “le vino grande” la gestión del programa de dependencia y ahora la Junta de Emiliano García-Page “le echa la culpa a otros”. Ha defendido que el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal “puso en cuatro años” el dinero que faltaba para dependencia y ha vuelto a pedir al Gobierno actual que no “pongan excusas” de su mala gestión en las leyes estatales.
