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La CHT plantea legalizar el chalé del fiscal toledano cuya demolición fue ordenada por la justicia

Vivienda de la parcela 237 de la urbanización Gran Chaparral, colindando con el arroyo de la Fuente o Berrenchín. Fuente Streetview de Google Maps / Ecologistas en Acción

Fidel Manjavacas

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) está estudiando si legalizar o no el chalé propiedad del Fiscal Jefe de Talavera, Ángel de la Cruz Andrade, construido en la localidad de Pepino sobre una zona de Dominio Público Hidráulico, cercana a un arroyo, en la que estaba prohibido construir sin la autorización de la CHT.

Dicha vivienda, de una superficie de 466 metros cuadrados (m2) y situada en una parcela de 871 m2, se construyó en el año 2007 en el margen izquierdo del Arroyo de la Fuente o del Berrenchín, a una distancia inferior a los cinco metros que se reservan para estas zonas de servidumbre y sin la “autorización administrativa” de la CHT.

Una sentencia dictada el pasado mes de abril por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TJSCM), y que ya es firma tras renunciar los propietarios de la vivienda a recurrirla ante el Tribunal Supremo -según informó Confilegal.com-, imponía “la obligación de reponer las cosas a su estado anterior, de acuerdo con lo establecido en el art. 118 del texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que sean legalizadas las obras autorizados los trabajos denunciados a instancia del interesado”. Es decir, el chalé tiene que ser demolido para que la zona vuelva a su estado original.

Tras recibir dicha sentencia, la CHT otorgó a la copropietaria, María García García -esposa del fiscal-, el pasado 30 de julio un plazo de treinta días para que procediera a la ejecución voluntaria de la resolución judicial. Sin embargo, contra las resoluciones de la CHT, que ya en el año 2009 ordenó derruir este chalé, García presentó un escrito -el pasado 10 de septiembre- solicitando la legalización de la vivienda, tal y como confirma la propia Confederación a este medio.

Pendiente del expediente de la CHT

“Dicha solicitud ha dado lugar a la incoación del correspondiente expediente de autorización de obras en zona de policía de cauces, por lo que la obligación de reponer impuesta en la resolución sancionadora queda suspendida y supeditada a la resolución que se dicte en el expediente mencionado”, explica la CHT tras esta situación, sobre la que no se manifiesta hasta que dicho expedientes quede resuelto.

En caso de que no se legalizaran estas obras, la CHT tendría que proceder a la ejecución de la demolición del chalé, una actuación que podría hacer mediante una contratación directa del encargo o a través de su ejecución subsidiaria a través del Ayuntamiento de Pepino o de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tal y como apunta el medio Confilegal.

Ya en el año 2015, el decano de los Juzgados de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, denunció que esta construcción se pudo llevar a cabo gracias a un “presunto beneficio de Ángel Demetrio de la Cruz en la cesión de licencias para construir en zonas prohibidas en el municipio de Pepino en Toledo”.

A esta denuncia se sumó también Ecologistas en Acción, que ha manifestado también al mismo medio que no ven “posible la legalización del chalé” por parte de la CHT pues, a su juicio, se mandaría “un mensaje muy negativo a todo el país” en la línea de que “si tienes poder o influencia te puedes saltar la ley”.

La organización ecologista elaboró un informe sobre la situación de esta vivienda, sobre la que afirmaba que “nunca debió construirse y no debiera ser objeto de autorización ni regularización alguna”. “En primer lugar, porque afecta en una franja de al menos dos metros de ancho a una zona de servidumbre pública, sobre la que no es posible autorizar este tipo de construcciones. Y, en segundo lugar, porque se encuentra en una zona de grave peligro de avenidas e inundaciones, máxime cuando se ubica en las inmediaciones y bajo un muro de contención de una balsa de agua”, concluía el estudio.

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