Comienzan a declarar los 16 investigados por comentar un tuit que denunciaba la prohibición de fotografiar desahucios

Algunos de los investigados, a las puertas del juzgado

Un total de 16 personas de toda España han comenzado a declarar como investigadas debido a la denuncia realizada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, Cristina Vicenta Guerra, por sus comentarios en Twitter. La jueza inició este proceso tras un tuit de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara en la que se publicaba una fotografía de los miembros de la comisión judicial que ejecutaron el desahucio de dos jóvenes y su bebé en marzo de 2019 en el barrio de El Alamín. Debido a ello, la jueza dictó una medida cautelar para prohibir fotografiar desahucios y varios usuarios de la red social comentaron o compartieron la denuncia que la PAH criticando esta decisión. Ahora han comenzado a declarar por esos comentarios.  

Twitter deniega a un juzgado datos de activistas de la PAH que fotografiaron a una comisión de desahucio

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El caso consta de dos partes diferenciadas. Por un lado, el autor de esa primera fotografía, activista de la PAH, ya declaró como imputado por difundir esa fotografía. En este proceso, la Fiscalía provincial de Guadalajara solicita un total de cuatro años y medio de prisión. Cuando realizó la fotografía, los funcionarios desalojaban a una pareja de 17 y 19 años y a un bebé recién nacido, y el acusado protestaba junto a otras personas desde los balcones y difundió las imágenes del lanzamiento. El colectivo antidesahucios denunció que el auto del fiscal es “un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información”. 

Por otro lado, hoy han comenzado a declarar las primeras tres personas de un total de 16 a los que la jueza investiga por haber compartido, denunciado o comentado en Twitter la medida cautelar que este juzgado adoptó prohibiendo compartir esa fotografía inicial así como imágenes de desahucios en general. Según apuntan, se les imputan delitos de injurias.

Los hechos se remontan a marzo de 2019, cuando este juzgado prohibió a la PAH la realización de fotografías de desahucios. Es decir, “limitaba un instrumento fundamental para documentar abusos, prohibiendo fotografiar un desahucio en el que se echaba a la calle a una familia con un recién nacido”, explican fuentes de este colectivo. Esta prohibición, además, no sólo se limita a la provincia de Guadalajara, sino a todo el territorio nacional.

Decenas de miles de opiniones

Ante tal decisión, la PAH lo puso en conocimiento de la opinión pública y de los medios de comunicación, que se hicieron eco de la noticia. Decenas de miles de usuarios vieron la noticia en distintos medios y redes sociales, en las que dejaron su opinión sobre la actuación judicial. Ahora, casi dos años después, algunos de ellos son citados a declarar como investigados por “haber comentado su parecer contra dicha decisión”. Entre estos investigados se encuentran ciudadanos de distintos puntos del país, que no se conocen entre sí, pero cuyas identidades han sido indagadas por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional. Otra tanda de investigados serán llamados a declarar el próximo 18 de febrero.

Tanto la medida cautelar inicial adoptada por la jueza Vicenta Guerra, que tachan de “persecución judicial”,  como la denuncia presentada contra 16 usuarios de redes sociales, son un “serio precedente” para la PAH. “Se trata de una medida insólita en nuestro país y que ataca directamente la labor informativa que realiza no sólo la PAH documentando los casos de desahucios y vulnerabilidad, sino que también ataca a la labor periodística de medios de comunicación y periodistas particulares".

De hecho, el pasado mes de junio, la red social Twitter denegó a este juzgado los datos personales y las direcciones IP asociadas a la cuenta de la PAH de Guadalajara. El juzgado requirió a Twitter datos personales que a juicio de la red social no cumplían con los requisitos mínimos para su acceso, ya que al tener esta empresa su sede social en Estados Unidos, los datos requeridos están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que establece "la libertad de culto, de expresión, de prensa, petición y de reunión”.

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Publicado el
21 de enero de 2021 - 15:57 h

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