El presupuesto para atender la emergencia social crece hasta los 4,7 millones de euros y servirá para atender 5.000 casos más

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Resolución de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se amplía la consignación presupuestaria de la Ayudas de Emergencia Social para el año 2021 con 4,7 millones de euros, para atender situaciones de extraordinaria y de urgente necesidad.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha señalado que se refuerzan así estos créditos debido a la situación “excepcional” de la pandemia de la COVID-19. Igualmente, ha destacado que son ayudas “muy solicitadas, subvenciones puntuales que van destinadas a cubrir necesidades de alimentación, ropa, a pagar un recibo de luz, para poder pagar la hipoteca o los alquileres de las viviendas, porque hay familias que se encuentran en situaciones comprometidas y delicadas”.

Con estas ayudas se da respuesta a las situaciones de necesidad que se siguen identificando por los servicios sociales de Atención Primaria. Se estima que, gracias a la ampliación de crédito y con una cuantía media de 900 euros, se podrán atender a alrededor de 5.320 solicitudes más de Ayudas de Emergencia Social. El límite de ingresos para acceder a estas ayudas se encuentra entre 10.526,71 euros en el caso de unidades familiares unipersonales, y hasta 24.061,05 euros cuando son siete las personas que conforman la unidad familiar.

Además, hasta la fecha y desde el pasado 5 de enero que fue publicada esta convocatoria de Ayudas, se han presentado un total de 3.669 solicitudes y se han resuelto de forma favorable 1.389, con el objetivo de hacer frente a gastos específicos, de carácter básico, provocados por situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles. Con las Ayudas de Emergencia Social, que se encuentran dentro del Sistema regional de Prestaciones, el Gobierno del presidente Emiliano García-Page asume el refuerzo económico para atender situaciones sobrevenidas y dar cobertura a las necesidades básicas de las familias, dentro del Sistema Público de Servicios Sociales.