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El delegado del Gobierno ve “conveniente” crear un registro de viviendas ocupadas de forma ilegal en la región

Reunión en la Delegación del Gobierno en Toledo sobre la ocupación ilegal de viviendas

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El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, cree “conveniente” crear un registro de viviendas ocupadas de forma ilegal en la región que ayude también a identificar a los propietarios para instarles a que actúen, porque “si no hay una denuncia de un propietario, no se puede actuar”.

Tierraseca ha presidido la reunión mantenida en la Delegación del Gobierno para analizar las actuaciones que se están siguiendo y abordar las acciones futuras en el ámbito de la ocupación ilegal de viviendas en la región. Los datos apuntan a que “entre enero de 2019 y febrero de 2020, las denuncias judiciales por ocupación de vivienda en toda Castilla-La Mancha fueron solo 134”.

“La realidad es que la gran mayoría, la inmensa mayoría de las viviendas vacías que son ocupadas ilegalmente es que son viviendas cuya propiedad es de entidades financieras, fondos de inversión o empresas inmobiliarias, que muy pocas veces denuncian esa ocupación, no de propietarios particulares”, ha puesto de manifiesto el delegado.

En este encuentro, en el que han participado representantes de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM), encabezados por la presidenta, Tita García Élez, así como la directora general de Vivienda de la Junta, Inés Sandoval, junto a los máximos representantes de Policía Nacional y Guardia Civil en la comunidad autónoma, se ha insistido por parte de Tierraseca en que la labor “ha de ser conjunta, con la implicación de todas las administraciones”.

El delegado ha agradecido a los asistentes –entre los que se encontraban el presidente de la Diputación de Toledo, el vicepresidente de la Corporación provincial de Guadalajara y los alcaldes de Yuncler (Toledo) y Horche (Guadalajara)- que le hayan trasladado de forma más exhaustiva la situación particular de zonas como La Sagra o el Corredor del Henares, donde los casos de ocupación son más numerosos.

Ha instado a las instituciones a “reforzar la colaboración a través de las Juntas de Seguridad” que se puedan convocar para tratar esta problemática y, en aquellos municipios en los que no hay Policía Local –condición para realizar estas juntas-, “convocar reuniones de coordinación específicas”.

Francisco Tierraseca también ha agradecido la predisposición e implicación de la Junta de Comunidades y de los ayuntamientos y diputaciones, representados a través de la FEMP, y ha valorado el ofrecimiento para identificar las viviendas afectadas en cada municipio y trasladarlo para hacer “un diagnóstico de la situación regional y poder actuar con las herramientas que, hoy por hoy, tenemos a nuestra disposición”.

En esta reunión también se ha puesto de relieve la actuación continua de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A este respecto, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, que ha expuesto que esta problemática tiene un “impacto desigual” en la comunidad, se ha referido a la actuación policial en uno de las zonas más afectadas. “En 2019, dentro del Plan Especial de La Sagra, hubo 11 operaciones, que se saldaron con 64 detenidos”, ha concretado.

En este sentido se está trabajando desde el Gobierno de España para aumentar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con una amplia oferta de empleo público, por segundo año consecutivo.

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