Dependencia: Castilla-La Mancha avanza en positivo pero con “abultadas” listas de espera

Las políticas públicas para atender a las personas dependientes avanzan favorablemente en casi todas las comunidades autónomas pero a costa de las arcas de los gobiernos regionales, lo que sigue produciendo desigualdades en el sistema. Así lo estable el XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales con datos cerrados a 31 de diciembre de 2018.

Uno de los datos más significativos es la disminución de la financiación que el Estado ha aportado a las arcas públicas de las comunidades autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2018, y que supone ya una cifra acumulada de 3.154 millones de euros. El dictamen habla de un “quebranto” a las autonomías que sigue sin solucionarse.

Además, sostiene que se mantienen con ello las “gravísimas desigualdades” entre territorios tanto en cobertura de la dependencia como en modelos de gestión. Considera “previsible” que haya algunas comunidades autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un “cambio drástico” del modelo de atenciones o una “inyección financiera específica”. Y es que solo dos comunidades autónomas -Catalunya y Andalucía- aglutinan el 60% de la lista de espera de todo el Estado.

La “disparidad entre territorios” en cuanto al desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) “desgraciadamente sigue siendo uno de los elementos ”más definitorios“. ”Dictamen tras dictamen nuestro Observatorio ha denunciado las enormes diferencias en coberturas, prioridades listas  de  espera, velocidades  de  incorporación al  Sistema... Todo  ello  supone  que  en definitiva las personas dependientes pueden ejercer o no sus derechos dependiendo del lugar de residencia y no del reconocimiento legal y de su situación de su necesidad de apoyos“.

Los cuatro bloques de CCAA

En el informe detallado por comunidades autónomas que acompaña a este dictamen se vuelve a demostrar palmariamente esta característica. Se clasifica así a las comunidades autónomas en cuatro bloques en función de la atención y de la listas de espera: regiones que disponen de una atención plena, comunidades que han progresado positivamente en los dos últimos años, regiones con cierto estancamiento, y comunidades en “situación preocupante”.

Castilla-La Mancha se encuentra en el segundo bloque, es decir, su avance es positivo pero aún tiene deberes en cuanto a sus listas de espera, en ocasiones “abultadas”. Se trata de la categoría en la que se encuentran la mayoría de comunidades autónomas: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

Por otra parte, para determinar una comparativa del gasto por unidad de consumo entre territorios, en el dictamen se realiza una aproximación considerando la población potencialmente dependiente: mayores de 65 años y menores de 65 años con discapacidad, evitando el efecto de que un territorio con menos población susceptible de ser atendida resulte descompensado. Así considerado, el gasto medio anual por persona potencialmente dependiente en España se situaría en 625,63 euros al año. Sin  embargo, los parámetros de gasto en 2018 por comunidades  autónomas  presentan severas diferencias:

Desde el Observatorio entienden que para comparar el esfuerzo inversor por comunidades, este es el dato más ajustado y no tanto el referido a población total. Así lo estimó también la Comisión de Análisis del SAAD.

Entre las numerosas peticiones que la asociación realiza en su documento, destaca la exigencia a todo el arco parlamentario presente y futuro que “preste atención a esta política con amplitud de miras, sentido de estado y respeto a la Ley”. “Cumplir la Ley e impulsar la protección social en esta materia  debe  ser  objeto  de  pacto  y  solo  no  de  oportuna  oferta electoral.  Ya no hay paciencia ni tiempo”, concluye.