Se admite a trámite la ejecución provisional de la sentencia que readmite a los 500 internos

El tribunal superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha admitido en fecha del 17 de febrero la solicitud de ejecución provisional de la sentencia de readmisión de los 500 interinos despedidos en agosto 2012. En el documento se argumenta que demorar la ejecución de la sentencia, aunque sólo sea en la reincorporación de los funcionarios afectados puede generar perjuicios difíciles de reparar no sólo a los trabajadores, sino también a la Administración demandada. STAS y UGT han estimado la cuantía a devolver a todos los funcionarios en alrededor de 14 millones de euros. Por tanto, la ejecución provisional de la sentencia podrá generar beneficios en ambos sentidos, ya que no sólo se devolverá el puesto de trabajo a los interinos despedidos, sino que también devolverá a la Administración los servicios de los trabajadores.

El documento apunta también a las declaraciones que el Gobierno Regional ha hecho en sus altas instancias, afirmando claramente que, a pesar de interponer un recurso de casación ante la sentencia, la Administración planeaba ejecutar la sentencia en los términos que obligan a la institución demandada a “reponer a los funcionarios afectados por motivo de las disposiciones anuladas en los puestos de trabajo que venían ocupando, con el reconocimiento de todos los derechos profesionales y económicos que correspondan”, además de asumir todos los costos que estos procesos conllevarán.

Tal como reconoce también el documento de ejecución provisional, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Superior no es firme, habiendo sido interpuesto un recurso de casación por parte de la Administración. Sin embargo, la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece claramente en su artículo 91 que “La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida”, además de un acuerdo entre ambas partes para evitar o paliar los posibles perjuicios. Se entiende así que una ejecución provisional puede realizarse sin condicionantes adicionales.

Por su parte, el sindicato STAS de Castilla-La Mancha ha hecho un llamado a la Junta de Comunidades en el que se dan diez días para que la Administración sea capaz de demostrar su “coherencia o incongruencia” con las palabras que la Presidenta de la Junta, María Dolores de Cospedal, pronunció el pasado 7 de febrero, cuando manifestó que “readmitiremos a estas personas, volveremos a crear los puestos de trabajo de la manera que sea procedente jurídicamente hablando y paralelamente se recurrirá la sentencia”. El sindicato ha indicado que espera que “se cumpla con su palabra” mediante la aceptación de la ejecución provisional que ya ha sido admitida.