El gobierno de Cospedal se sienta en los tribunales
El juzgado número 3 de Toledo acoge desde el martes 23 de septiembre el litigio entre el taller de arquitectura Sánchez-Horneros, primeros licitadores del hospital universitario de Toledo cuya obra lleva 3 años parada, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en referencia al despido improcedente de dicho taller de arquitectos de la obra una vez ésta fue paralizada y su construcción fue bloqueada.
El recurso presentado por la empresa ha hecho que la licitación de la obra, cuyo plazo para presentar ofertas acaba el 30 de septiembre y que a pesar del bloqueo la Junta no ha movido de fecha, esté de momento paralizada hasta nuevo aviso del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El despido de Sánchez-Torneros se produjo en abril de 2012 cuando la obra estaba parada desde enero del mismo año poco tiempo después de que Cospedal accediera al gobierno de la Junta y paralizara la obra, como hizo también con el toledano remonte de Safont o con 19 centros de salud de Castilla-La Mancha que durante los últimos meses está inaugurando a pesar de estar parados a propósito. Esta empresa fue despedida sin recibir más noticias, sin ninguna compensación a pesar de estar registrado en el contrato y sin más motivo.
Por ello la empresa de edificación pide a la Junta 3 millones de euros como concepto de rescisión unilateral de contrato así como el pago de los perjuicios causados por la decisión de rescindir la relación contractual. Además también pide la declaración ante el juez de que no son responsables de la obra final puesto que no pudieron completar el proyecto presentado, por lo que aluden que el resultado final no puede ser garantizado al hacerles abandonar el hospital a mitad de su construcción. Mientras el proceso no genere una resolución definitiva, la empresa solicita el bloqueo de toda obra en la parcela del futuro hospital salvo las requeridas para mantener en estado aprovechable la estructura actualmente en pie.
Por parte de la Junta no se ha argumentado el despido de dicho taller de arquitectos y simplemente se ha aludido a la necesidad de '“reestructuración” que era necesario para que, según el gobierno de Cospedal, el hospital se pudiera construir. El nuevo proyecto que tiene la licitación parada tiene menos de un tercio de las camas que tenía el proyecto inicial y la obra está finalizada en un 50% aproximadamente, algo menos ahora ya que hay que sumar los trabajos para adecuar de nuevo la obra ya hecha para poder seguir con su construcción. A pesar de la reducción de servicios el proyecto presentado por el PP tiene un sobrecoste de 663 millones de euros fruto de la privatización de todo servicio no sanitario del centro así como la privatización de todo el área hospitalaria de Toledo, incluyendo los hospitales ya en funcionamiento y diversos centros de salud, hasta el año 2041.
Para la rescisión de contrato del remonte de Safont la Junta tuvo que indemnizar a la empresa adjudicataria con el 6% del capital aún por invertir en la obra. Dicho porcentaje en la construcción del hospital universitario de Toledo sería algo menor a 6'4 millones de euros.
