El Instituto de la Mujer prepara un servicio para mujeres víctimas de violencia de género drogodependientes
La directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, ha comparecido en las Cortes de Castilla-La Mancha para presentar el informe anual de 2017 correspondiente a las actuaciones enmarcadas en la ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas. Martínez destacó que el año pasado fue uno de “preparativos” para materializar tres objetivos en 2018: el Plan de Igualdad estratégico entre mujeres y hombres, la “operativización” del Pacto de Estado contra la violencia de género que “tanto costó sacar adelante” y la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género.
Martínez recordó que al inicio de la legislatura actual, en 2015, “no había subvenciones” para colaborar con el tercer sector, las asociaciones de mujeres o el movimiento feminista, mientras que ahora existe un “gran abanico” de ayudas que han llegado a varios ámbitos como la prevención de la mutilación genital o la disminución de brechas en el ámbito laboral, así como subvenciones específicas contra la discriminación múltiple. En cuanto a la educación resaltó la implantación de la asignatura troncal de Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad. “Me cuesta entender que alguien pueda estar en contra de ella, porque consolida los valores de la Constitución”.
Además, ha resaltado que son 19 las líneas de actuaciones, subvenciones y actuaciones propias del Instituto o en colaboración con el Gobierno de España que han llegado a unas 35.000 personas. A esto añade las campañas de prevención que se han llevado a cabo con en ámbitos y con colectivos “más concretos”. Martínez igualmente ha recordado el decreto que quiere estructurar las unidades de género que se pondrán en marcha en cada una de las consejerías de la Junta, que se desarrollará a lo largo de 2019.
Novedades y recursos utilizados durante 2017
La principal novedad de la que habló Martínez fue la puesta en marcha para 2019 de un servicio específico para las mujeres víctimas de violencia de género que sufren de adicción o de patología dual, una condición que aúna la dependencia de sustancias con algún tipo de enfermedad mental. “Hablamos de doble discriminación. Imaginaros en el caso de una víctima de violencia de género que además está en situación de drogodependencia. Queremos atender estos motivos de doble discriminación”.
En este sentido, destacó también la “amplia red de recursos” con los que se cuentan desde la perspectiva local para luchar contra el machismo, como los 84 centros de la mujer, los 14 recursos de acogida, la línea de atención telefónica o el servicio especializado para menores y también el que ofrece un servicio jurídico de atención “previa” a la violencia sexual.
A lo largo de 2017, la línea 900, un servicio “emblemático” del Instituto de la Mujer recibió 6347 llamadas relacionadas con la violencia machista bien desde la víctima o de profesionales y personas de su entorno. Los centros de la mujer atendieron 97701 consultas, de las que el 20% ha estado relacionado con la violencia de género. Los recursos de acogida de la Junta de Comunidades atendieron 254 mujeres y 259 menores, y el programa de atención psicológica especializado atendió a 81 niñas y 94 niños.
“Es un dato relevante, se trata de más niños porque según las explicaciones de las profesionales cuesta más detectar las consecuencias de la violencia en las niñas que en los niños”, aseguró Martínez. En 2017 se presentaron también 5103 denuncias vinculadas a la violencia de género y se acordaron 1192 órdenes de protección de las 1593 solicitadas.
Un gobierno “abolicionista”
Finalmente, la directora del Instituto de la Mujer ha asegurado que el Gobierno regional es uno “abolicionista” en cuanto a la prostitución y rechazan considerar esta práctica como un trabajo porque “la compra y venta de los cuerpos de las mujeres en ningún caso puede considerarse una profesión, muy al contrario, es una indignidad para las mujeres”. Martínez “imagina” que nadie en la sociedad y que crea “verdaderamente en la democracia” estaría conforme “con que alguien voluntariamente quisiera esclavizarse” porque esa decisión individual, ha afirmado, “chocaría con nuestros derechos sociales”.
“En el caso de la prostitución ocurre lo mismo”, ha señalado la directora del Instituto de la Mujer, quien ha recordado que según las Naciones Unidas aproximadamente el 90 por ciento de las situaciones de mujeres prostitutas son casos de trata y por lo tanto se constituye la comisión de “un gravísimo delito”.
“Hemos de entender que si hubiera alguna mujer que desea ejercer libremente la prostitución, ese derecho no está chocando con el derecho de todas las mujeres a preservar nuestra dignidad y la dignidad de nuestros cuerpos, es decir, el no convertirnos en un objeto de compra y venta en el mercado del sistema prostitucional”, recalcó.
