La Junta pagará ‘in extremis’ el 25% de la extra de 2012 a los funcionarios
Hasta el último momento va a esperar el Gobierno de Castilla-La Mancha para cumplir con el plazo anunciado por la propia María Dolores de Cospedal en el que se pagará al personal dependiente de la Administración regional el 25% de la paga extraordinaria suprimida en la Navidad de 2012. Los funcionarios cobrarán en la nómina de marzo este porcentaje, correspondiente a la restitución de los 44 días devengados, pero no así los intereses adeudados debido a su retención, pese a las sentencias judiciales que condenaron a la Junta a pagar ese dinero por tratarse de una retención “ilegal”.
Los sindicatos CCOO, UGT, STE, CSIF y ANPE recibieron la confirmación del pago de este 25% en la última reunión de las mesas sectoriales de educación. Se trata de un ingreso ‘in extremis’ en el plazo del primer trimestre de 2015 estipulado, y a escasos dos meses de las elecciones autonómicas. Desde los sindicatos, se han puesto en contacto con los trabajadores para informarles de que “en principio” tendrán ese ingreso en la nómina de marzo.
No obstante, los funcionarios se quedan sin cobrar los intereses retroactivos de ese dinero. Solo los percibirán aquellos que iniciaron procesos judiciales para reclamarlos, como fue el caso de los 18 trabajadores de la enseñanza que ganaron el litigio sobre esta cuestión. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo sentó precedente a este respecto condenando a la Junta al pago, no solo del 25%, sino de los intereses por el tiempo transcurrido desde la supresión de la paga extra.
Pese a este aval judicial, fuentes sindicales apuntan que esos intereses no se incluirán en el pago del 25%, ya que para ello cada trabajador debería seguir el ejemplo de los anteriores e iniciar procesos judiciales individuales. Es más, actualmente hay decenas de procedimientos de este tipo abiertos en toda la región.
La decisión del Gobierno de Cospedal de pagar este dinero también está relacionada con el hecho de que el Tribunal Supremo expresara sus dudas sobre la supresión de estas pagas en todo el territorio español. Un día después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciara en sede parlamentaria el pago de esos días devengados a los trabajadores de la Administración General del Estado, la presidenta regional se apresuró a anunciar esa misma medida para los funcionarios castellano-manchegos en el primer trimestre de 2015, y no en enero como se ha cobrado en otras comunidades autónomas como Madrid.
Un “cúmulo de despropósitos”
Los sindicatos denuncian el carácter “claramente electoralista” de esta medida y apuntan al coste aún indeterminado que supondrá para las arcas públicas, cuando precisamente lo que se buscó con la supresión de esa paga era “recortar para ahorrar”. Pese a todo, confían en que el pago se haga firme y finalice de una vez el “cúmulo de despropósitos” del Gobierno regional contra los empleados públicos.
Desde que se adoptó esta medida, se ha hecho responsable de la misma al consejero de Administraciones Públicas, Leandro Esteban. El también portavoz del Gobierno regional no solo ha recibido el rechazo de los tribunales a sus medidas en este caso, sino que recientemente ha recibido otro varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que anuló la decisión de reducir a la mitad la plantilla de conductores públicos del parque móvil regional y reasignarlos a otros puestos de trabajo.
Aparte de los funcionarios en ejercicio, cobrarán este 25% los funcionarios que actualmente están jubilados, prejubilados o en excedencia, pero que en diciembre de 2012 estaban en activo. Por el momento se desconoce si lo cobrarán de oficio o mediante reclamación, pero los sindicatos están comunicándose con ellos para que realicen las peticiones correspondientes. Los que no percibirán este prorrateo son los interinos que estaban activos en aquella fecha, puesto que ya recibieron ese dinero cuando se les liquidó su despido.
