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Lucha por liberar a Santiago, preso en Perú por un delito por el que ya pagó en Francia

Elena y Santiago se casaron el pasado mes de junio.

Lourdes Cifuentes

Elena Poveda ha pasado sus navidades más amargas y comienza el 2018 con su marido en un cárcel de Perú pagando por un delito de drogas por el que ya cumplió condena durante casi dos años en Francia. “Pasó en prisión desde 2011 al 2013″, relata la albaceteña que ahora está en contacto con un abogado peruano que le pide 10.000 dólares para hacerse cargo de la defensa de Santiago Herranz (así se llama su marido) en el país americano.

Su calvario comenzó el pasado 5 de diciembre cuando Santiago, vecino de Cartagena (Murcia) fue detenido y el 4 de enero fue extraditado a Perú en cumplimiento de una sentencia dictaminada por la Audiencia Nacional. Tal y como narra Elena en 2011 le ofrecieron un viaje transportando cocaína de Perú a España, a él y a otro.  A quien lo acompañaba en el proceso de transporte lo pillaron en Perú “y a mi marido en Francia”. Tras pagar los dos años de prisión en el país galo ahora Perú le exige 18 porque el otro hombre que iba con él, dice Elena, acusa a Santiago de haberle financiado la droga. “Pero es imposible, porque el chaval dice que mi marido se la pagó el 8 de septiembre de 2011 y mi marido ya estaba preso en Francia un día antes, el 7 de septiembre”.

Embarazada de su tercer hijo y sin un salario entrando en su casa Elena tiene que hacer frente al gasto que supone la defensa y la estancia de Santiago en la cárcel. “Allí hay que pagar por todo: celda, colchón, comida, y hasta el agua para beber”, se lamenta la albaceteña. Ahora está intentando reunir los 10.000 dólares que el exige un abogado peruano para hacerse cargo de la defensa de su marido pero no termina de fiarse: “espero que al darle el dinero no me deje tirada porque si después de darle esa cantidad de dinero nos deja tirados no sé qué vamos a hacer”.

Cronología 

Elena asegura que lo suyo ha sido un proceso lleno de injusticias. Primero, señala, que el abogado de oficio no les avisó desdel comienzo de que había una orden de extradición contra su marido. “Nos lo dijo pasadas unas semanas”, cuenta. Así,  el 4 de mayo fue la primera vez que Santiago declaró en la Audiencia Nacional. “El abogado nos dijo que todo saldría a nuestro favor”, añade. Poco más de un mes después, el 10 de junio, se casaron y “el 30 de junio tuvimos que volver a la Audiencia Nacional. Ya el 16 de octubre el abogado nos dijo por whatsap, ni siquiera se molestó en llamar por teléfono, que había salido la sentencia y que habían decretado la extradición a Perú”. Elena asegura que el mismo abogado les dijo que no cabía apelación.

El 4 diciembre por la noche, agentes de Policía Nacional fueron a casa de Elena y Santiago a buscarlo a él. Como en ese momento no se encontraba en el domicilio lo citaron para el día siguiente. “En todo momento nos dijeron que era para firmar un papel y que no tardaríamos mucho”, explica la albaceteña, pero una vez allí, el 5 de diciembre, fue detenido.

Elena se pone entonces en contacto con una abogada que le asegura, el 4 de enero , que la extradición “era imposible”, pero ese mismo día Santiago es trasladado a Perú acompañado de agentes de la Interpol.

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