Las nuevas ayudas para material escolar llegan tras obligar a gran parte de las familias a comprar libros
Las ayudas para el material escolar han subido bajadas y subidas durante los últimos años de la legislatura, pero han alcanzado su punto más alto de los últimos dos años de cara a los próximos comicios del 24 de mayo. El último Consejo de Gobierno, celebrado el 14 de mayo, ha aprobado tres millones de euros que se destinarán a financiar la adquisición de material escolar. El Gobierno calcula que estas ayudas podrán llegar a “casi” diez mil familias de la región.
Leandro Esteban, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que con este total se podrá financiar material de alumnos de primero y tercero de Secundaria, y con un millón se ayudará a alumnos de cuarto y sexto de Primaria. Las ayudas, según indica el Ejecutivo, no podrán exceder los 130 euros por beneficiario. Las ayudas también se destinarán a alumnos para centros concertados y para las instituciones que funcionan con mochila digital.
La situación de las ayudas a los materiales escolares en la región no ha sido estable en los últimos años de la legislatura. En mayo de 2014, la Junta aseguró haber invertido un millón de euros para “garantizar el acceso a libros de texto”, con un máximo de 120 euros por beneficiario y que llegarían a poco más de 9.500 lotes de libros. En agosto de ese mismo año, Marcial Marín anunció ayudas por un total de dos millones de euros para la “adquisición de libros de texto y material escolar” para alumnos con menos recursos de los centros públicos y privados de la región. En septiembre de 2013, el Ejecutivo señaló que veinticinco mil familias se beneficiarían de ayudas por un total de 1,6 millones de euros para la compra de material escolar.
Sin embargo, el gran problema llegó a inicios del presente curso escolar. Movimientos como la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública alertaron a finales de mayo del año pasado de que, con la entrada progresiva de la Lomce en la región, las familias podrían tener problemas para pagar los libros de texto y propusieron que los Consejos Escolares pidiesen la gratuidad de este material. La Plataforma señaló que con la modificación de los textos que impone dicha legislación, las familias tendrían que comprar el material nuevo.
Efectivamente, el problema del que alertaba la Plataforma se produjo, si bien la Junta suavizó la situación señalando que el programa de gratuidad “cambiaría”. Lo que pasó realmente fue que, con la aplicación progresiva de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la Junta de Comunidades se vio obligada a renovar la totalidad de los libros de texto que se prestaban a los alumnos de los centros tanto públicos como concentrados. Los nuevos libros sólo se podrían destinar al 25% de los alumnos de forma gratuita, los hijos de las familias con menos recursos. El resto se vio obligado a comprar los libros.
La consejería de Educación aseguró que la fórmula se consensuó con las asociaciones de padres, tal como aseguró el viceconsejero de Educación, Universidades e Investigación, José Jaime Alonso. Alonso aseguró también que las familias no tendrían que pagar más de 120 euros por los textos escolares. Los alumnos de cuarto y sexto de primaria, así como los cuatro cursos de Secundaria, podrían, además, seguir beneficiándose de la reutilización de los libros, en palabras del viceconsejero.
Instituciones como la Diputación de Ciudad Real aportaron fondos extras a las ayudas para material escolar por aportes que superaban el millón de euros, entre subvenciones para el material escolar y también para servicios como los comedores escolares. Izquierda Unida denunció, por su parte, la reducción de las ayudas de la Junta de Comunidades en un 66% en las ayudas lo que, a su juicio, repercutiría en la cuantía de las ayudas y también en el número de alumnos que se podrían beneficiar de las mismas.
