Medio Ambiente archiva el proyecto para la macrogranja porcina de Alpera
Apenas seis meses ha durado una lucha que los vecinos de Alpera hoy sienten que han ganado. El proyecto para la instalación de una macrogranja en su término municipal ha sido finalmente archivado. Aunque aún no se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, los vecinos de la localidad albaceteña celebran el fin del procedimiento de autorización ambiental integrada y su archivo definitivo. Esta instalación pretendía albergar 7.200 cerdos de cebo (sumando casi tres veces la población actual censada en el municipio que, en 2016, contabilizaba 2.289 vecinos) a escasos 3,7 kilómetros de su casco urbano.
“Es un día grande”, dicen desde el colectivo ADDA, la Asociación para la Defensa del Patrimonio y Desarrollo de Alpera, que se creó específicamente para hacer oposición a la posible construcción de la explotación intensiva. “Han sido muchas las actuaciones gestiones realizadas en estos seis meses”, añade Manuel Iniesta, su presidente, quien insiste en que lo importante es que este proyecto no es viable en Alpera “y así lo han comprendido las administraciones”.
Tal y como recuerda hoy Manuel Iniesta, los vecinos de Alpera supieron de la existencia del proyecto de la macrogranja el pasado 26 de abril “cuando faltaban cuatro días para que expirara el plazo para presentar alegaciones”. Pese a tener el tiempo en contra, se organizaron, consiguiendo aunar 2.300 alegaciones en solo cuatro días. Para poder conseguir tal cantidad de argumentos en contra del proyecto, vecinos, cooperativas agroalimentarias, agricultores y comunidad de regantes de la comarca se unieron. Entendían que una instalación de este tipo confrontaba con los intereses generales de un municipio que ha apostado por un desarrollo medioambiental sostenible y ecológico.
A lo largo de estos meses de protestas, recogida de firmas, charlas informativas y actividades ambientales, en el punto de mira de los vecinos de Albacete siempre ha estado el problema de la contaminación, especialmente por los purines. Y es que siempre han aducido el olor que desprenden y la contaminación tanto del suelo como del agua. A esto se suma la cantidad de agua que, tal y como se reflejaba en el proyecto de la macrogranja, iba a necesitar la infraestructura: cerca de 7.000 metros cúbicos anuales. Pero no es lo único.
Alpera se protege de las macrogranjas
El 11 de julio, con 3.000 alegaciones totales bajo el brazo, la alcaldesa de la localidad se reunió con el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, a quien trasladó el rechazo de su ayuntamiento al proyecto. Cesárea Arnedo siempre ha defendido que este modelo de ganadería intensiva no va en la línea de desarrollo que quieren para su localidad ya que Alpera “es un municipio que ha apostado por el desarrollo rural sostenible y sostenido y que puesta por la ganadería tradicional y la agricultura tradaicional”, esta última, totalmente incompatible con el uso de purines como abono.
Ese mismo mes la alcaldesa de Alpera suspendió todas las licencias para comenzar con la modificación de las competencias propias de su consistorio y para impedir la instalación de la macrogranja proyectada en este término municipal. Tras este paso, el Ayuntamiento creó una ordenanza reguladora de vertido de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero que, hasta el momento, no existía. demás, y con esa intención de evitar, desde sus competencias, la instalación de la macrogranja, también ha modificado las normas de planeamiento para adecuar los la regulación de los usos del suelo no urbanizable.
Pozuelo, otro caso de macrogranja archivada
El de Alpera no es el único caso de proyecto de macrogranja archivado en la provincia de Albacete en los últimos meses. Hace poco más de un mes, el 11 de septiembre, el municipio de Pozuelo seguía sus mismos pasos. La Junta daba carpetazo a un proyecto polémico al no cumplirse los requisitos medioambientales exigidos por la normativa para este tipo de actividades económicas que, además, habían sido solicitados por escrito por el Ejecutivo regional.
En aquel momento la Viceconsejería de Medio Ambiente argumentó que el proyecto “no disponía del agua necesaria para la inversión”, una cuestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En segundo término, “no se habían hecho los estudios de impacto sobre la fauna, sobre todo de avifauna” como se le requirió por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y en tercer lugar, la empresa promotora de este proyecto de explotación porcina en Pozuelo “tampoco ha presentado el estudio sobre dispersión de contaminantes”.
