La hora del reparto

Hace poco conocíamos la actualización de las previsiones de crecimiento que hace periódicamente, para los países, el Fondo Monetario Internacional (FMI). También las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En ambas, se mejoran los datos para España, a la que el FMI otorga un crecimiento previsto para este año del 2,5% del PIB, mientras que la OCDE lo eleva al 2,6%. Se trata de datos muy superiores a los de la mayoría de los países desarrollados, y los números más altos de crecimiento en la eurozona -a la que, en conjunto, la OCDE pronostica un crecimiento del 1%, 1,6 puntos por debajo del crecimiento previsto para nuestro país. 

En realidad, estas previsiones se apoyan en una economía que, pese a algunos planteamientos agoreros influidos más por la crítica política y el regate corto que, por un análisis económico objetivo, es, hoy, probablemente, más robusta que nunca, con empresas competitivas, inversión extranjera en altas dosis y un consumo que sigue sin frenarse. Sin duda, un éxito del conjunto del país y del gobierno. Si los datos fueran malos, a más de uno se le ocurriría criticar al Gobierno, echándole la culpa. De justos es, ahora, reconocer su mérito, en un clima político enrarecido, pero con gran estabilidad democrática y económica en una sociedad próspera, aspectos de los cuales, muy pocos países del mundo pueden presumir actualmente. 

No obstante, no es oro todo lo que reluce. Y más vale, que prestemos atención a cómo se reparte en España toda esa riqueza que se genera. También, hace unos días conocíamos que España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) con más población en riesgo de pobreza. Hasta el 25% de la población española se encuentra en esta situación, aunque tenga un trabajo.

Porque no solo hablamos de desigualdad económica, sino también de algo más profundo: el bloqueo del ascensor social. En España, las posiciones de partida siguen determinando con demasiada fuerza las de llegada. Las élites económicas, políticas y sociales se reproducen a sí mismas, mientras amplias capas de la población encuentran cada vez más difícil mejorar sus condiciones de vida a través del esfuerzo o el mérito. La movilidad social, que durante décadas fue una promesa cierta para muchas familias, puede ponerse en riesgo si no contamos con una agenda política que piense no solo en repartir mejor, sino en ofrecer posibilidades reales de progreso a quien no las tiene. 

Y eso, a pesar del aumento del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones o la reforma laboral, que, en su conjunto, han protegido a las personas con mayores dificultades. Muchas de estas medidas -y otras como la excepción energética ibérica que nos ha permitido pagar la mitad por la electricidad que en el resto de Europa, en estos años tan difíciles, el IVA reducido para alimentos y productos de primera necesidad, las bonificaciones para los derivados del petróleo, el impuesto a la banca o a las energéticas, por citar algunas otras iniciativas puestas en marcha en estos años- han salido adelante por el compromiso del Gobierno, y con poco apoyo de algunas fuerzas políticas, que han demostrado tener otros intereses.

Hay que seguir creciendo. Un país que crece puede afrontar mejor la deuda y el déficit, recaudar más y hacer que la economía funcione en un círculo virtuoso: lo público impulsa lo privado, y el éxito de lo privado refuerza lo público. Solo así podremos mejorar la educación, la sanidad, reactivar el ascensor social y sostener, en definitiva, la sociedad del bienestar de la que, no sin dificultades, disfrutamos en España.

Pero después no valen medias tintas. Hay que apostar de forma decidida por un reparto más justo de la riqueza, que contribuya a reducir las desigualdades que ya son demasiado evidentes. Para ello, se necesita más actividad económica, sí, pero también un compromiso real con lo social desde la gestión empresarial, y una reforma fiscal de fondo. Esa reforma debe garantizar un mínimo razonable en el impuesto de sociedades —que hoy resulta, en muchos casos, insultantemente bajo— y replantear también los tramos del IRPF, asegurando que quienes más ingresan, más contribuyen. Además, es imprescindible reforzar el control sobre el cumplimiento fiscal de quienes más tienen, porque son ellos quienes más deben aportar al sostenimiento del conjunto.

España -y Europa- son democracias, los acuerdos son más difíciles de lograr y sitúan a cada partido político en un lugar del tablero. Creo que ahora toca, también, -a pesar de los obligados incrementos del gasto en política de defensa, entre otros, causados por la coyuntura internacional-, pensar en lo social, y ayudar a los que menos tienen para reducir, de verdad, la desigualdad en España.

Es tiempo de mantener, y reactivar, la agenda social que trata de sacar adelante el Gobierno. Veremos quienes están por la labor. Es obligatorio retratarse. Sin ambages.