Los incendios del verano

El verano y, especialmente agosto, suele significar un descenso en la actividad política, pero, una vez más, los incendios forestales han roto ese silencio, ocupando portadas y generando alarma social. Este año, más que nunca. Los incendios han sido históricos -por superficie quemada y tiempo de duración- en el oeste del país, especialmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Ha sido un agosto terrible. El fuego, no solo, ha arrasado nuestros bosques, sino también viñedos tan simbólicos como los de la Ribeira Sacra, con sus pendientes imposibles, en los márgenes del río Sil. Y, además, ha convertido en cenizas, más todavía si cabe, el prestigio y la consideración ciudadana, sobre los responsables políticos.

Hago, a continuación, algunos apuntes para esta columna.

El primero, que la competencia en prevenir y combatir los incendios forestales es exclusivamente -sic- de las Comunidades Autónomas. Dicho esto, queda claro de quien es la responsabilidad política, en cada caso. Cierto es que no son ni los presidentes de las Comunidades Autónomas ni los consejeros de medio ambiente, los responsables de que se origine un fuego, pero si son los responsables políticos, y sus decisiones pueden ayudar más o menos a que haya incendios, y más o menos a que se apaguen con prontitud.

No es lo mismo contar con un sistema público -único objetivo, el propio servicio público, con trabajadores públicos y dependencia directa de la administración-, con profesionales formados y capacitados, con contrato fijo durante todo el año y realizando tareas de prevención durante el invierno, que externalizar el servicio, con numerosas empresas privadas, olvidando las tareas de prevención y priorizando el beneficio sobre el servicio público.

En mi etapa de consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, entre 2015 y 2019, protegimos al cuerpo de agentes medioambientales -clave en la prevención y extinción de incendios forestales-, convocando nuevas plazas, creando la figura de los coordinadores provinciales y contando con las organizaciones sindicales para la organización del cuerpo, aumentamos, de 9 a 12 meses, la duración de los contratos de todos los trabajadores de la empresa pública GEACAM, para aumentar las tareas de prevención de incendios, lo que permitió incrementar exponencialmente la superficie sobre la que se realiza la prevención; y se estableció una nueva estructura para la gestión de los incendios forestales, liderada por ingenieros de montes especializados.

Lo que acabo de contar no es la panacea, pero ayuda a que haya menos fuegos y a prevenir que éstos sucedan. En algunas de las Comunidades Autónomas afectadas por incendios este año, el servicio está totalmente privatizado -con las consecuencias ya mencionadas-, habiéndose desdeñado las labores de prevención, e, incluso, habiéndose jactado de haber reducido el gasto (hasta un 90% en el caso de Castilla y León en los últimos 13 años).

Cuando se apaguen los incendios, gracias al trabajo de miles de bomberos forestales, agentes medioambientales, ingenieros y personal de la UME, convendrá recordar qué administración tiene las competencias y quien apostó por reforzar el sistema público de prevención y extensión de incendios forestales, y quien apostó por la privatización, la precariedad y el ahorro mal entendido.