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Patrimonio en peligro

Derrumbe de la fachada del antiguo Colegio de los Jesuitas de Oropesa

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Nunca ha estado más acertado el título con la realidad. Hace pocos días se caía la fachada del antiguo Colegio de los Jesuitas de Oropesa, construido entre finales del siglo XVI y principios del XVII, de propiedad privada y en riesgo de derrumbe desde hace años. Afortunadamente, se cayó a medianoche sin causar daños personales, pero, evidentemente era un “peligro” también para las personas. No es la primera vez que pasa este año, hace poco se derrumbó en Talavera de la Reina parte de la estructura del Monasterio Jerónimo de Santa Catalina.

Mal funcionan los servicios de detección o vigilancia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando no se han tomado las medidas oportunas para evitar el desaguisado. Cierto es que, también en este caso, el ayuntamiento de Oropesa era, por ley, garante del cumplimiento de esta y debía de haber denunciado la situación de este Bien de Interés Cultural ante la Consejería correspondiente.

No vale decir a la prensa que “llevaba toda la vida en riesgo de derrumbe” y que, como todas las corporaciones anteriores, se habían “intentado trabajos de apuntalamiento” o, lo más sorprendente, “derrumbe”, cuando la normativa permite, precisamente, que las autoridades municipales actúen subsidiariamente en el salvamiento del BIC. Claro, que también el edil señala que “desde Patrimonio” no le habían dejado trabajar en él.

Bueno. Ya sabemos que la fiscalía en este país está para otros asuntos, no para estos menesteres que solo nos interesan a los “muy cafeteros”. Pero, entonces, ¿para qué se hacen las leyes?

Lista “roja”

En el último año Hispania Nostra ha incluido en la lista “roja” a bastantes monumentos de nuestra región. En Albacete, la torre de Gorgojí en Alcaraz. En Ciudad Real, el puente histórico sobre el Cigüela en Arenas de San Juan. En Cuenca se hallan los Depósitos de agua, muelle de carga y descarga de mercancías y cargador de ganado ovino de la estación capitalina, la Iglesia de Santa María Magdalena en Poyatos. En Guadalajara el que fuera el “Laboratorio de los Ingleses”, el estado más ruinoso si cabe aún de la ermita de Nuestra Sra. De los Llanos en Hontoba, la antigua leprosería de Trillo y, en Toledo, el citado edificio que fuera Monasterio Jerónimo de Santa Catalina en Talavera de la Reina, en esa misma localidad la antigua Casa de Postas. El que fuera convento de Capuchinos en Los Navalmorales. Los silos de la Atalaya en Villacañas. El castillo de Los Olmos en El Viso de San Juan.

Señala Hispania Nostra en su lista “negra” varios inmuebles en nuestra región. Edificios que por su singularidad requerirían, con el apoyo de los respectivos ayuntamientos, una declaración de proyección por la Junta de Comunidades y una intervención urgente. Unas obras en el solar vecino provocaron que el palacio de los Arias en Molina de Aragón se encuentre en peligro de desplome parcial, lo mismo sucede con el estado ruinoso, por falta de mantenimiento, de la Casa de la Carnicería en Manzanares.

Por su parte, la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo mantiene publicada su “lista de patrimonio en peligro” con la fecha de 2023. En ella vemos que han salido, afortunadamente, varias entradas, pero muchos siguen apareciendo, como los baños de San Sebastián de Yuso, los restos del Anfiteatro, la portada gótica de la calle del Ángel, 2, la antigua Casa de Cultura del Miradero, los molinos de Santa Catalina de Puente del Arzobispo y de Riofrío en Sevilleja de la Jara, las aceñas del Conde en Torrico, los Caleros de Montesclaros, las minas de oro de Sierra Jareña, el nevero de El Piélago en El Real de San Vicente, la central eléctrica del Puente Viejo y la Granja-Escuela en Talavera de la Reina, el Molino y Máquinas de Monteagudo en Oropesa, la chimenea industrial de Yuncler, la casa de Postas en Oropesa, las Ferrerías de San José del Mazo de Los Navalucillos, los estanques romanos de Las Pozas, de Consuegra, los grabados de Martinete de Alcaudete de la Jara, las pinturas de la iglesia de San Pedro Apóstol de Santa Olalla, la Capilla de los Capellanes de La Guardia, la Venta de Guadalerzas en Los Yébenes y los restos del Frente Sur del Tajo.

Como bien inmaterial, se encuentra el Auto de Navidad de Marjaliza, y ha emulado la declaración de los patios de Toledo para incluir en la lista a la casa-patio, las plazas y soportales o las dehesas en la provincia de Toledo, los secaderos de tabaco en la comarca de Talavera de la Reina. Los castillos de Almonacid, Barcience, Dos Hermanas, la Atalaya del Cerro de Malojo en Talavera, el dolmen de Azután, la Casa Sindical y el Albergue de la carretera nacional en Quintanar de la Orden. Solamente repiten sobre la lista de Hispania Nostra los castillos de Montalbán y Caudilla, el palacio de los Gramáticos de Cuerva o el edificio Tresku de Talavera de la Reina.

Juiciosamente ha introducido unas nuevas como es la “Morfología asociada al tejido y uso residencial en el Casco Histórico de Toledo” o los “Locales de comercio tradicional del Conjunto Histórico Toledo”, llamada de atención a los gestores municipales y regionales sobre una cuestión que se les está escapando de las manos y que, sin duda, hará que una ciudad declarada “patrimonio mundial de la Humanidad” pierda parte del valor que le otorga tal título.

El epílogo a tanto bien cultural o natural en peligro, repetimos, no puede ser menos que la denuncia. Denuncia de la que son responsables tanto la propiedad como las distintas administraciones encargadas de su tutela, ya sean municipales, provinciales o regionales, y no cabe duda de que, por omisión, también el Estado.

Por ello, hoy más que nunca urgimos la redacción de un plan de gestión donde se prioricen las urgencias en orden al estado de ruina o peligro del bien cultural o natural o de su valor intrínseco o importancia para el legado patrimonial. Cada uno de los monumentos declarados (o por declarar, ya que algunos no lo están) ha de pasar por una ficha técnica individualizada donde se señalen las necesidades de intervención y las responsabilidades y competencias que tanto a la propiedad como las instituciones implicadas se les debe exigir.

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