Piden cesar al responsable de Salud Pública por su “complacencia” con prácticas de maltrato animal

El sindicato CCOO ha pedido el cese del director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Manuel Tordera, a la luz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que reconoce que este departamento habría actuado “a dictado” de la empresa Industrias Cárnicas Loriente Piqueras SA (INCARLOPSA) al expedientar a dos funcionarios veterinarios que levantaron actas denunciando maltrato animal en el matadero porcino que la empresa tiene en Tarancón (Cuenca).

“La Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”, recoge la sentencia fechada en septiembre de 2017.

Se resuelve la apelación (en primera instancia el juez en Cuenca dio la razón a la Junta) de uno de los veterinarios funcionarios de la Consejería de Sanidad expedientados mientras que el otro permanece a la espera de resolución judicial de su caso. Una tercera veterinaria expedientada, según recoge la sentencia, cambió de destino en su momento.

“La sentencia repone la dignidad y los derechos del este trabajador público y de otro veterinario, delegado sindical de CCOO, que optó por recurrir por la vía contencioso-administrativa en vez de por el cauce especial de protección de derechos fundamentales, pero cuya situación, y así lo relata la sentencia, es exactamente la misma: a ambos se les abrió expediente sancionador ‘en ausencia de cualquier indicio o apariencia de infracción’ y ‘sin el más leve atisbo’ de motivación legal; y se les apartó de sus puestos de trabajo ‘sin ni siquiera concederles trámite de audiencia’, simplemente porque así lo pidió la mencionada empresa cárnica”, sostiene el sindicato.

La sentencia condena a la Junta a reponer al trabajador en su puesto de trabajo y a resarcirle por daños y perjuicios porque “la Administración ha utilizado la vía del expediente disciplinario para dar respuesta a una situación que de ningún modo podía ni debía ser tratada por esta vía”.

“La complacencia y claudicación” de la Junta

El caso data del año 2013 cuando los veterinarios, funcionarios de la escala superior de Sanitarios Locales, comenzaron a levantar actas de infracción contra Incarlopsa por lo que consideraban un incompleto proceso de aturdimiento de los animales antes de ser sacrificados. Una queja de Incarlopsa ante Sanidad provocó que fueran expedientados y apartados de sus trabajos en 2016. Lo recurrieron y, en primera instancia, la justicia dio la razón a la Junta. Algo con lo que el Alto Tribunal castellano-manchego no está de acuerdo.

Fue Incarlopsa quien presentó denuncia para pedir a la Junta que apartase a tres funcionarios de su puesto de trabajo. Habían sido, recoge la sentencia, los que en su día levantaron la voz de alerta sobre un problema de bienestar animal en el matadero de porcino, lo cual motivó la realización de una auditoría en 2014 que “puso de manifiesto graves deficiencias estructurales obligando a la adopción de medidas correctoras”.

En ese momento, relata la sentencia, “la empresa se queja de que pese a la adopción de tales medidas correctoras, los dos veterinarios siguen levantando actas y eso motiva su queja a la Administración y la petición de que aparte a los dos funcionarios, petición que la Administración, sorprendentemente, se apresura a satisfacer por la vía cautelar”, dice el TSJCLM.

“Resulta completamente inaceptable que lo que puede ser un mayor rigor o diferencia de la apreciación de ciertos aspectos relativos al bienestar animal se pretenda solventar por la vía de un expediente disciplinario solo porque la sociedad controlada se queja de los funcionarios más rigurosos”, añade el TSJCLM que considera que si ya es “evidente” que no procedía abrir ningún expediente “el hecho de que lo primero que se hiciera (…) fuera apartar de su puesto de trabajo a los dos funcionarios, con el único elemento para justificar tal cosa que las simples quejas de un administrado con evidente interés en el asunto, entra ya de lleno en el ámbito de la manifiesta arbitrariedad y demuestra una complacencia y claudicación frente a los deseos de un administrado que supuestamente debe sujetarse al control de la Administración”.

Las advertencias de los técnicos de la Junta: no procedía expediente

“Resulta completamente inexplicable la disposición de la Administración a ceder a la petición de Incarlopsa de esta forma”, insiste el Alto Tribunal en sus consideraciones y alude al “prolijo” informe del secretario de la Delegación provincial de Sanidad “para percibir que los motivos que se dan para la apertura del expediente disciplinario no son de recibo”.

Un informe que refleja que “mientras que determinados miembros del equipo de veterinarios vienen reflejando una serie de incumplimientos sistemáticos de la normativa relativa al referido bienestar animal, otros por el contrario entienden que (…) la situación se ha estabilizado hasta el punto de no suponer un incumplimiento sistemático del bienestar del animal”; y seguidamente se dice que “no puede la Administración consentir que a un mismo administrado (...)se ofrezcan por parte de un mismo Servicio Veterinario una disparidad de criterio ”.

Y no fue el único informe. Poco antes de la incoación de los expedientes, la jefa de Servicio de Salud Pública emitió otro con fecha 13 de junio de 2016, en el que manifestaba que “el cumplimiento de las medidas correctoras acordadas en 2014 había sido deficiente en algunos aspectos”, que los veterinarios denunciados por INCARLOPSA “se limitaban a emitir actas y que las decisiones en un sentido u otro eran tomadas por la superioridad”. Consideraba la jefa de servicio que las actuaciones de los veterinarios no constituían infracción alguna y el TSJCLM habla de “expediente disciplinario irregularmente incoado”.

Según ha podido saber eldiarioclm.es en fuentes conocedoras de los hechos, la empresa cárnica Incarlopsa tenía “compromisos comerciales” con Mercadona y para cumplirlos debía sacrificar 3.800 cerdos a diario. Las antiguas instalaciones del matadero no permitían cumplirlo. Cada animal debía pasar un mínimo de 120 segundos de exposición al CO2 para lograr su aturdimiento y evitar el maltrato animal en su sacrificio, de acuerdo a la normativa y, sin embargo, ese tiempo quedaba reducido a la mitad para cumplir con las necesidades comerciales del matadero.

El nuevo matadero inaugurado en verano de 2017 incorporó una noria que aumenta el tiempo de exposición de los animales al CO2 antes de ser sacrificados y en la actualidad, según las fuentes consultadas por eldiarioclm.es, la normativa se cumple.

CCOO dice que “ya advirtió” el 16 de julio de 2016 a Manuel Tordera de “la injusticia, gravedad y transcendencia de su actuación” en una reunión que “sirvió para constatar que algo no cuadraba, porque llevando todos los informes, trasladando al director general lo que esto podía suponer para la Junta y pidiéndole que actuase para defender el buen nombre de los funcionarios, su respuesta fue dar vía libre al expediente y complacer a Incarlopsa apartando de sus puestos de trabajo a los veterinarios”.

Page: “Si alguien piensa que hay alguna ilegalidad que lo denuncie en los tribunales”

Esta redacción ha intentado recabar la opinión de la Consejería de Sanidad castellano-manchega, que ha declinado hacer declaraciones, y de la empresa cárnica Incarlopsa, sin resultados, hasta el momento.

Quien sí se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas, es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para decir que en los “conflictos” entre trabajadores públicos y la Administración “no voy a entrar como presidente y lo que tengo que decir con claridad es que si alguien piensa que hay alguna ilegalidad, que lo denuncie en los tribunales”.

Ha añadido que “hay empresas que pueden cometer un error y también pueden cometerlo los funcionarios, todos tienen que cumplir con las leyes. Para esto están los tribunales y las sentencias se tienen que cumplir” para matizar que “ si alguien está diciendo que hay una empresa que incumple la ley, que no alarmen ni jueguen con los puestos de trabajo de la gente, que vayan a los tribunales y que estos decidan”.