El Pleno de Mota del Cuervo retira todas las alegaciones a la venta de Caja Rural de Mota
En un pleno convocado a toda urgencia del que ni siquiera la secretaria municipal tenía noticia ni informes al respecto, PP y PSOE votaron a favor de retirar el recurso interpuesto a la Audiencia Nacional por la venta de la Cooperativa de Crédito Caja Rural de Mota del Cuervo a Globalcaja. Sin la información necesaria (o al menos sin hacerse pública), los miembros de ambos partidos decretaron retirar todos los recursos puestos en su día cuando la Caja fue absorbida por el Banco de España por su agujero económico y sus deudas acumuladas, que la hacían insalvable.
La decisión de llevar el caso a la Audiencia Nacional implicaba que se conocieran todas las informaciones referentes a las operaciones de la Caja en los últimos años, las mismas que la llevaron a la ruina. Ese motivo creen que es, desde Izquierda Unida, el que ha llevado a los partidos a, de manera inmediata, retirar el recurso. Algo que desde IU no entienden ya que consideran que si no hay nada que ocultar, no deberían tener ningún problema en que la información sea pública y conocida por todos, más aún en una entidad que funcionaba en forma de cooperativa y en la que se basaba el mayor apoyo financiero, fiscal y crediticio de la localidad de Mota del Cuervo.
La formación denuncia que tampoco ellos han tenido acceso a la información crediticia de la caja, algo que para ellos implica que el gobierno local tiene algo que esconder. Se apunta principalmente a posibles créditos obtenidos de forma dudosa por determinados empresarios locales, en unas condiciones ventajosas que a la postre han sido una de las bases de la quiebra. Izquierda Unida quiere poner nombres y apellidos a esos casos y saber de primera mano quién se ha beneficiado de esa gestión de la entidad, por el bien también del resto de empresarios de la localidad, ya que no es justo que unos hayan tenido créditos ventajosos mientras los demás tenían que pagar las cantidades de mercado.
La única información aportada por el Ayuntamiento es el informe de un bufete de abogados, sin contar con los informes de los técnicos municipales. La urgencia del Pleno viene también porque el alcalde ha agotado -según IU de manera premeditada- los plazos para poder echar atrás el recurso, aludiendo que el Ayuntamiento tendría que pagar los costes del proceso judicial y del gabinete jurídico. Punto también criticado por la formación, que se pregunta por qué al menos no se han barajado ofertas de diversos gabinetes antes de elegir o se ha pedido ayuda a la Diputación de Cuenca para que su servicio jurídico lleve el asunto.
“En ese escenario, el 14 de enero el Banco de España acordó la apertura de un proceso de resolución de la caja por entender que era inviable por sus propios medios, designando al FROB como administrador provisional”, señaló en febrero Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España y presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso, subrayando que “inmediatamente después” el organismo que preside decidió la venta “urgente” del negocio.
Tras fijar el valor económico de la entidad en -698.000 euros y el valor de liquidación en -19,81 millones de euros (el valor de sus deudas y su déficit), el Fondo adjudicó la venta a la oferta presentada por Globalcaja por 1,27 millones de euros, con un valor nominal del conjunto de aportaciones de 383.000 euros y contraprestaciones en efectivo a los socios por sus aportaciones.
Uno de los problemas de esta Caja es que su Fundación es la dueña del edificio que alberga el centro de salud y las urgencias o el centro de la juventud, entre otras entidades municipales. “Hay mucha preocupación en el pueblo, es algo que afecta a muchas cuestiones. Aquí estamos insistiendo en la entidad pero tampoco nos dicen nada”, palabras del concejal de IU José Vicente Mota una vez se aprobó su venta a Globalcaja.
La formación de IU local considera que los moteños deben conocer la verdad de la Caja municipal y el por qué se ha llegado a esta situación. Además han pedido que toda la corporación municipal, sus miembros incluidos, hagan pública su declaración de bienes e intereses como hacen en el Congreso de los Diputados o en otros ayuntamientos como el de Toledo, y que se investigue y audite la actividad que hayan tenido con la entidad personalmente en los últimos años.
