El Constitucional desestima el recurso del Gobierno de Page contra el reparto del impuesto a la banca

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el reparto entre las comunidades autónomas del impuesto a la banca. Fue pactado entre el Gobierno de España y Junts.

Según ha informado el Alto Tribunal, la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado César Tolosa Tribiño, desestima el recurso del Gobierno de Emiliano García-Page contra el apartado 21 de la disposición final novena de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre. Dicha norma establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas tributarias.

En su fundamentación, la sentencia ha aplicado la doctrina ya establecida en una sentencia similar para el recurso de la comunidad autónoma de Extremadura, desestimando las impugnaciones relacionadas con el principio de solidaridad y la autonomía financiera.

Por otra parte, el Tribunal ha reiterado que este impuesto “no forma parte del sistema de financiación autonómica, y que eso ”exonera al Estado de la obligación de consultar a las comunidades autónomas en el reparto de la recaudación a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera“.

Además, ha resuelto que la distribución de los fondos de este impuesto no requiere la intervención de una ley orgánica, dado que el tributo no ha sido cedido a las comunidades autónomas.

El Ejecutivo castellanomanchego oficializó este recurso el pasado mes de marzo precisando que no estaba en contra del “concepto del impuesto” en sí, sino de los criterios de distribución, que se habían aprobado “a espaldas” de las comunidades autónomas.

“Es un recurso de inconstitucionalidad que no va contra nadie sino en defensa de los ciudadanos de Castilla-La Mancha”, aclaró en su momento el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

El presidente castellanomanchego Emiliano García-Page llegó a calificar el reparto de los fondos obtenidos de este impuesto como “trumpista”.

El Ejecutivo castellanomanchego ha declinado valorar la decisión judicial de momento, a preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha. Hacienda ingresa cerca de 1.500 millones de euros con este impuesto.