Tres detenciones por la presunta emisión de falsos certificados de trabajo con amianto tras una denuncia en Ciudad Real

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido a tres personas, dos varones y una mujer, como presuntos autores de los delitos de Falsedad Documental y Contra la Salud de los Trabajadores tras presentar certificados falsos médicos y de formación en trabajos con exposición al amianto a nombre de varios trabajadores.

Fue una empresa de Ciudad Real de prevención de riesgos laborales la que presentó en dependencias policiales una denuncia tras tener conocimiento, a través de la Inspección de Trabajo de Valladolid, que habían 'certificados médicos' y 'certificados de formación e información de trabajos de riesgo y exposición al amianto' de varios trabajadores de dos empresas vallisoletanas que no habían sido realizados por ellos, por lo que eran falsos.

“Nunca” se habían expedido los certificados

La investigación permitió localiza al médico que figuraba en los mismos, y quien manifestó que “nunca” había expedido los referidos certificados médicos, además de que se comprobó que la técnico de Prevención de Riesgos Laborales que aparecía en los documentos tampoco había expedido dichos certificados.

Asimismo, los agentes comprobaron que los trabajadores que figuran en los certificados no habían sido sometidos a ningún reconocimiento médico y tampoco han recibido ningún curso de formación sobre el amianto.

Tras acreditar la falsedad y el riesgo que han sufrido los trabajadores en su labor de desamiantado, se logró identificar a los responsables de las dos empresas a las que pertenecen los empleados, por lo que se detuvo a los administradores únicos de cada una de ellas.

Asimismo, se ha detenido a una tercera persona, encargado de obras, que teniendo conocimiento de los hechos permitió que se efectuara el trabajo con amianto, que es un material compuesto por un grupo de minerales metamórficos fibrosos considerado por la OMS como un cocarcinógeno, es decir, un agente externo físico, químico o biológico capaz de producir cáncer.

Fondo de Compensación para las víctimas del amianto

Por otra parte, UGT Castilla-La Mancha ha pedido la puesta en marcha del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto y ha exigido al Gobierno central que apruebe de manera inmediata el reglamento que lo hace posible. El sindicato recuerda que hoy se cumple un año desde que el Senado aprobó por unanimidad la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. La misma ley establecía un plazo de tiempo de 90 días, desde su publicación en el BOE (19 de octubre de 2022), para la aprobación de un reglamento que regularía cuestiones cruciales como la cuantía de las indemnizaciones y las condiciones para poder acceder al fondo, así como el procedimiento a emplear para cursar las peticiones de las víctimas.

El sindicato apunta que, a día de hoy, el Gobierno central aún no ha aprobado el reglamento y que el proyecto de reglamento suscrito por el Ministerio de Inclusión, la Seguridad Social y Migraciones otorga unas indemnizaciones económicas muy por debajo del objetivo inicial. Las cantidades propuestas son “tremendamente inferiores” a las indemnizaciones que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos, como son las víctimas del terrorismo, del VIH y las de la Talidomida. A esto hay que añadir que las personas afectadas por el amianto tendrían que tributar en el IRPF por sus indemnizaciones, lo que supone profundizar en la discriminación que sufren al ser consideradas por el Gobierno como víctimas de segunda categoría.

“También es inaceptable que, en dicho proyecto, los familiares de las victimas fallecidas en los últimos años no tengan derecho a las citadas indemnizaciones, por cuanto, hay que tener en cuenta que el amianto se prohibió el año 2001 y la Ley aprobada se empezó a tramitar el 2013 en el Parlamento Vasco y fue registrada por primera vez en el Congreso de los Diputados el año 2016”, señalan.