Sindicatos denuncian a la Junta por incumplimiento de condena judicial
La Junta de Comunidades se enfrenta a un nuevo proceso judicial en el caso de la readmisión de los 391 interinos despedidos en agosto de 2012 declarado nulo. STAS y UGT han interpuesto un incidente de ejecución a la misma, es decir, han denunciado a la Junta por no cumplir la sentencia judicial.
Lo hace en vistas de que la propia Junta de Comunidades ha alardeado en los últimos días de haber sido “ejemplar” en al readmisión de estas personas y en el acatamiento de la condena, algo que no ha sido así. De los 391 despedidos, 71 trabajadores no han sido readmitidos ni se espera que lo sean. Esto sucede porque la Junta considera que no son necesarias sus labores en la Administración porque su puesto a lo largo de estos dos años y medio o bien habría dejado de existir o habría sido cubierto por otros trabajadores, una interpretación unilateral de la propia Junta.
Con ello la Junta se enfrenta a varias posibles penas: por un lado que sea la justicia la que exija la Relación de Puestos de Trabajo de agosto de 2012 y sea el tribunal quien coloque a los interinos restantes en sus puestos en vista de que la Junta no obedece, por un lado, y posteriormente a las consecuencias de un incumplimiento de condena, que serían económicas, así como costas de todo el proceso judicial para la Junta así como los intereses del dinero que debería haber pagado a 16 de diciembre y aún no ha pagado.
Esa fecha era la marcada por la justicia para que se cumpliese la condena. Más de un mes después la Junta ha señalado en un comunicado que “ya se han realizado las actuaciones pertinentes para la reincorporación a los puestos de trabajo y el reintegro de los derechos económicos de los empleados”. Sin embargo la Junta habla de que se ha puesto en marcha en el cumplimiento de la condena cuando a 16 de diciembre debía estar resuelta completamente (para ello le dio la justicia dos meses, tiempo que ha dejado pasar la Junta convocando a los sindicatos a negociar el mismo día que acababa el plazo).
Sobre el pago de los 32 millones de euros que tiene que hacer la Junta tampoco se sabe nada. Es uno de los puntos que menos se comentó en la Mesa de Negociación de la Función Pública con los sindicatos y que ya debería estar completado también.
Desde UGT indican que “una vez más, el Gobierno regional encabezado por María Dolores de Cospedal y ejecutado por Leandro Esteban -consejero de Administraciones Públicas- está mintiendo a la ciudadanía e incumpliendo sentencias judiciales”.
De hecho muchos trabajadores no saben a día de hoy la situación de sus trabajos ni del dinero que les deben, algo que de nuevo puede ser incumplimiento de sentencia. Un dinero, tanto el pendiente de pago o el de futuras condenas a la Junta, que saldrá de los bolsillos de los castellano-manchegos, a la vez que se estudia pedir un crédito para poder afrontar los pagos.
