Yecenia Armenta: casi cuatro años en prisión tras confesar bajo tortura
Yecenia Armenta está a punto de cumplir cuatro años de reclusión en una cárcel de México. Fue detenida en julio de 2012 por el presunto asesinato de su marido y condenada posteriormente con la única prueba de una confesión que la policía consiguió tras sufrir tortura física y psicológica. Durante este tiempo, la defensa de su caso la ha ejercido la abogada Gabriela Carreón, que forma parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Campaña ‘Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual’. Asegura que actualmente este proceso se encuentra en un “momento crucial”, a la espera de una sentencia en primera instancia y de una resolución de la Corte Suprema.
En un acto en Toledo organizado por Amnistía Internacional, la abogada ha detallado que en el primer proceso judicial, la única prueba en contra de la joven sigue siendo la confesión firmada bajo tortura. Fue uno de los motivos por los que presentó un recurso de amparo particular en contra de la tortura y que consiguió una resolución favorable de una juez federal de distrito, que dictaminó que Yecenia había sido víctima de tortura, dándole valor a dictámenes independientes de organizaciones internacionales que determinaron secuelas tras estudios físicos y psicológicos.
Esta juez pidió que la confesión firmada fuera quitada del expediente judicial por violar los derechos humanos, pero la misma Fiscalía que le imputó el asesinato pidió la retirada de esta resolución. Tras elevarse a un tribunal colegiado, ahora el caso se encuentra en la Corte Suprema (que dirime en México cuestiones de constitucionalidad), que lo ha admitido a trámite. Esta decisión por sí sola “ya sienta un precedente”, según la abogada, por tratarse de un caso de tortura sexual con un componente de género. “Ahora puede decidir sobre la tortura y el valor que se le otorga en estos dictámenes médicos”, resalta.
“Los impactos también serían estructurales y tendría una repercusión muy fuerte en cuanto a valoración de pruebas, sobre todo porque en el caso de Yecenia no se documentó al principio la tortura ni siquiera por parte de los médicos”, señala Gabriela Carreón. Es por este motivo por el que el futuro del caso es “incierto” aunque desde la organización confían en que tanto el proceso de primera instancia como la Corte Suprema resuelvan a favor de la joven.
Ella se encuentra “bien dentro de sus circunstancias” y manifiesta “una impaciencia muy normal en su situación”. “Ve que el caso ha llegado hasta la Corte y es inevitable cuestionarse por qué sigue presa si hay dictámenes que dicen que ella sufrió tortura y que su confesión es la única prueba que hay. Pero tiene mucha esperanza porque otras compañeras que han pasado por lo mismo fueron a visitarla y ha tenido muchas cartas de apoyo con motivo del activismo de Amnistía Internacional”, concluye.
Un caso de tortura entre muchos
Según el testimonio que en su día aportó Yecenia a esta organización, tras su detención, la colgaron boca abajo de los tobillos, la asfixiaron, la violaron y la pegaron. La amenazaron con llevar a sus hijos y violarlos, y sufrió tortura durante horas hasta que, aún con los ojos vendados, firmó la confesión del asesinato. Mientras estaba detenida, unos médicos de la misma Procuraduría que la había detenido analizaron sus lesiones, pero no las documentaron. Posteriormente, expertos médicos independientes la han examinado y en ambas ocasiones han concluido que fue efectivamente torturada.
El caso de Yecenia es sólo uno de los miles que ha documentado Amnistía Internacional en México. Según el último informe en este país publicado en octubre de 2015, “la epidemia de tortura” en este país “ha alcanzado niveles catastróficos con más del doble de denuncias de asfixia, violaciones y otros tipos de abuso sexual, choques eléctricos y golpes en todo el estado”. Según apuntan, las autoridades niegan la magnitud del problema. Durante 2015, el Gobierno mexicano presentó una Ley contra la Tortura en el Parlamento que, sin embargo, no se ha traducido todavía en medidas efectivas para proteger a las personas y castigar a los responsables.
Las mujeres son “especialmente vulnerables a la tortura sexual cuando están bajo custodia”. Sin embargo, se las recluye en bases militares e instalaciones policiales a cargo de agentes hombres sin que existan medidas efectivas que garanticen su seguridad física frente a los ataques y las humillaciones de carácter sexual. “El trauma infligido a estas mujeres unido a la falta de acceso a una atención médica inmediata, sensible al género y realizada por médicos independientes dificulta que las víctimas denuncien”, argumentan.
