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Caso Todoterrenos: el juez pide más información a la Junta de Castilla y León y a la DGT antes de empezar a imputar

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, durante una entrega de los nuevos vehículos para trabajadores forestales.

Laura Cornejo

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La Policía Judicial de la Guardia Civil analizará en los próximos días los discos duros y archivos que recabó hace algo más de una semana en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en el marco de una investigación por la venta fraudulenta de vehículos todoterreno adscritos al uso de los guardas forestales.

Tal y como adelantó este diario, una parte de los vehículos viejos que la Junta enajenó por lotes, deberían haberse destruido, sin embargo siguieron circulando porque fueron adquiridos y revendidos. Según la investigación, los vehículos se vendieron por la Junta por cantidades de entre 600 y 800 euros cuando su precio en el mercado de segunda mano es de 9.000. De hecho en algunas webs aparecen los vehículos que ofrece un desguace de Valladolid por precios similares.

Certificados de destrucción

Según ha podido saber este diario, el juez ha requerido a la Junta y a la DGT los justificantes de destrucción y de baja de los 103 vehículos destinados a ese fin, algunos de los cuales siguen circulando. A partir de ahí, si no hubiese certificados, lo más probable es que se investigue a los responsables de Fomento y Medio Ambiente y en concreto a los servicios territoriales.

Las Diligencias Previas 765/2019 se abrieron en mayo de 2019 tras recibir otras diligencias procedentes del Juzgado de Instrucción 1 de Ávila - iniciadas por atestado de la Guardia Civil - relativas a 313 vehículos todoterreno forestales enajenados por la Consejería de Fomento. El Juzgado de Valladolid investiga la posible comisión de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, con participación directa de empresas y particulares. El fraude ronda los tres millones de euros.

La enajenación de bienes por parte de una administración se rige por la Ley de Patrimonio. En su artículo 128, en cuanto al procedimiento, establece que la enajenación tendrá lugar mediante subasta pública por bienes individualizados o por lotes. No obstante, cuando se considere de forma razonada que se trata de bienes obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso, cuando su valor sea inferior a 30.000 euros. En este sentido se consideran obsoletos o deteriorados por el uso aquellos bienes cuyo valor en el momento de su tasación para venta sea inferior al veinticinco por ciento del valor de adquisición.

En cuanto a la competencia para enajenar, en este caso los coches, corresponde al titular de la Consejería. Fuentes cercanas explicaron que en el ámbito de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la competencia para la enajenación de vehículos adscritos a cada una de las provincias le corresponde a los titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

Pero el Juzgado investiga si se ordenó, no se sabe todavía por quién, dividir lotes de coches por provincias para evitar que su valor superase los 30.000 euros en lugar de acudir al procedimiento de subasta pública, como hubiera sido preceptivo, con el fin de evitar la misma. Cada delegación territorial habría vendido o enajenado sus vehículos por venta directa en desguaces con baja temporal no definitiva.

De los 103 destinados en principio a destrucción directa, algunos han sido detectados circulando de nuevo. Otros 63 coches han sido transmitidos a empresas y 147 continúan bajo titularidad de la Junta de Castilla y León.

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