Greenpeace celebra que la nueva legislación impida construir la macrogranja de Noviercas, en Soria

Greenpeace celebra que el nuevo decreto que establece la ordenación de las granjas bovinas impida que el proyecto de la macrogranja de Noviercas, en Soria, salga adelante. “Hoy es un gran día. Por fin, el faraónico proyecto de macrogranja que Valle de Odieta quería construir en Noviercas, debe ser desestimado definitivamente”, ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace. “Han sido más de cinco años trabajando para frenar esta macrogranja y por ello desde Greenpeace aplaudimos la normativa aprobada hoy por el Gobierno”, concluye.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen Normas Básicas de Ordenación de las Granjas Bovinas. Su aprobación es una “gran noticia para el medio ambiente y para la España rural, ya que con él se paralizará definitivamente el proyecto de macrogranja que Valle de Odieta S.C.L. pretendía llevar a cabo en el pequeño pueblo de Noviercas, Soria”.

La empresa proyectaba construir una macrogranja capaz de explotar 23.520 vacas, cuando la normativa aprobada hoy establece un máximo de 725 vacas lecheras (850 unidades de ganado mayor). La macrogranja de Valle de Odieta hubiera contado con un número de cabezas de ganado más de veinte veces superior a lo que establece el real decreto. Hubiera sido también la macrogranja más grande de España, de Europa y estaría entre las cinco más grandes del mundo, recuerda Greenpeace.

La normativa también establece que, por encima de este máximo, tampoco se debe permitir la ampliación de las explotaciones que estén actualmente en funcionamiento, por lo que Greenpeace entiende que el Gobierno de Navarra debe desestimar la solicitud que la misma empresa hizo recientemente para ampliar su macrogranja de Caparroso. La actual solicitud haría que esta macrogranja fuese casi 12 veces más grande de lo que marca la legislación hoy aprobada.

Sin embargo el grupo ecologista lamenta que “pese a que el real decreto es una señal clara para el sector, esta legislación sigue sin ser la apuesta por un modelo de ganadería verdaderamente sostenible y de pequeña y mediana escala”. Así, considera que la capacidad máxima establecida de 850 unidades de ganado mayor sigue siendo “muy elevada” aunque impedirá la instalación de explotaciones de dimensiones “exageradas”. Pero sí que posibilitará la instalación de explotaciones “bastante grandes que, al ser sumadas, seguirán representando un gran impacto ambiental”. Greenpeace propuso en sus alegaciones que la capacidad máxima tuviera un límite de 180 unidades de ganado mayor y por ello pide al Gobierno que “en paralelo a esta normativa”, desarrolle un plan estratégico de ganadería que permita tener una visión de conjunto y que impida las consecuencias negativas de “la suma de muchas explotaciones de menor tamaño”. Este plan debe contemplar también la reducción gradual de la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50 % menos en 2030, pues solo así será posible enfrentar muchos de los retos que se presentan en la actualidad, como el cambio climático, uso de agua y su contaminación, emisiones de amoníaco, la despoblación o el sufrimiento animal.