Un informe pide simplificar el acceso en Castilla y León a la Renta Garantizada o IMV para evitar situaciones de exclusión

El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha publicado este viernes las conclusiones de un informe a iniciativa propia sobre la convivencia de la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital y ha considerado que debe haber una “coordinación efectiva” entre ambas prestaciones, además de menos burocracia y trámites “más simples”.

Las conclusiones del informe del CES recogido por Europa Press señalan que es necesario un Sistema de garantía de rentas con una coordinación “efectiva e integral” de los distintos ámbitos competenciales, con el objetivo de dar coherencia al sistema tanto para la gestión y la financiación de las prestaciones, como para la definición homogénea de sus diversas regulaciones, “a fin de eliminar duplicidades y disminuir las desigualdades propias de un sistema complejo”.

Además, según el consejo presidido por Enrique Cabero, es necesaria la coordinación del sistema autonómico de rentas mínimas con aquellas medidas y prestaciones que abordan situaciones de emergencia para el acceso a bienes de primera necesidad gestionadas desde diferentes administraciones públicas.

“Consideramos fundamental una mayor colaboración y coordinación de las distintas administraciones públicas, principalmente las competentes en materia de servicios sociales, formación y empleo, recomendando la mejora de los protocolos de coordinación, a través de los cuales se formalice y se dé cobertura a una serie de actuaciones planificadas y participativas entre estos ámbitos”, se señala en el informe

Por otra parte, según el CES, para lograr una mayor agilidad en la gestión de estas rentas, es necesario que todas las administraciones públicas implicadas pongan a disposición del sistema, de una “forma transparente”, los datos de los que disponen, “lo que redundaría en un sistema de garantía de rentas más eficiente”.

En el informe se reconoce que la coexistencia de rentas autonómica y del Ingreso Mínimo Vital ha generado “algunos problemas” tanto en la gestión como para personas perceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía, ya que ha supuesto un incremento de la burocracia y un desajuste en la gestión en Castilla y León, “lo que ha podido afectar a la atención a las necesidades y a los procesos de inclusión, que son el fin último de la prestación autonómica”.

El CES estima necesario seguir actualizando la Renta Garantizada de Ciudadanía a la realidad social, dado que las necesidades que cubre van siendo cambiantes, siempre contando con la participación de los agentes económicos y sociales en el marco del Diálogo Social.

Por último, el Consejo Económico y Social ha reseñado que la situación de pobreza y exclusión social puede sobrevenir por multitud de causas y darse en personas con perfiles muy diversos, lo que hace que las actuaciones que se tengan que llevar a cabo en cada caso debieran ser totalmente distintas.

Así, el CES advierte de que las consecuencias económicas y laborales de la pandemia han arrastrado a muchas familias, que disponían de ingresos suficientes para poder vivir, a situaciones de pérdida de ingresos por suspensión o pérdida de sus empleos, y las ha situado en pobreza o en riesgo de padecerla.

Esto ha generado un nuevo perfil de personas usuarias de los recursos del sistema, que no habían accedido antes y que se suman con características diferentes, “lo que demuestra que los sistemas de garantía de rentas mínimas deberían irse acomodando a las necesidades cambiantes de cada momento concreto, para que logren la eficiencia necesaria”.