Sobre las políticas de vivienda de la Junta de Castilla y León

A raíz de las últimas medidas en materia de vivienda anunciadas por la Junta de Castilla y León, marcadas por la creciente preocupación por este tema en todo el estado y el horizonte de las elecciones autonómicas del próximo año, hemos visto conveniente escribir este artículo para aclarar valorar las políticas públicas de vivienda de la Junta, especialmente en lo que afecta a la provincia de Valladolid.

Aunque las autoridades competentes se hayan negado sistemáticamente a aceptar la declaración de zona tensionada en Valladolid, lo cierto es que el precio del alquiler medio en la ciudad ha experimentado una gran subida en los últimos años. Los datos aportados tanto por el INE como por los portales mayoritarios de alquiler (Idealista, Fotocasa) apuntan a subidas de entre un 20% y 25% en cinco años y de hasta un 10% a 12,5% solo en el último año. Este es el fenómeno más representativo de la actual crisis de vivienda nacional en nuestra ciudad.

Por supuesto, este hecho se ve reflejado en el día a día de nuestra actividad sindical: la mayoría de los problemas que recibimos están relacionados con esta subida: variando desde los numerosos intentos de actualizaciones ilegales del alquiler en base al IPC, las negativas rotundas a las renovaciones de contrato para inflar aún más los precios, hasta los más mediáticos casos de desahucio. Conviene señalar aquí que estos casos de desahucio, que hace una década se centraban en los casos de hipotecas, en la actualidad lo hacen en las situaciones más precarias, sobre todo vinculadas al alquiler.

La vivienda es ya en todas las encuestas la principal preocupación de los españoles y el gobierno territorial, con un ojo puesto en las elecciones autonómicas del próximo año, está afinando la propaganda sobre las medidas que ha adoptado en esta materia. El objetivo de este artículo es mostrar cómo, a pesar de los tintes sociales con los que se anuncian estas políticas, estas van encaminadas a engrosar y fortalecer un negocio de la vivienda que choca frontalmente con la mejora de las condiciones habitacionales de la clase trabajadora.

Las soluciones aportadas por el Ayuntamiento

Empecemos describiendo las medidas del ayuntamiento de Valladolid. Recordemos que el consistorio es gobernado por el Partido Popular en coalición con Vox desde mayo de 2023, pero han heredado las políticas de los ocho años anterior de gobierno de coalición entre el PSOE y VTLP.

La sociedad municipal de vivienda y suelo de Valladolid (VIVA) gestiona un total de 500 viviendas de entre las cuáles, como ellos mismos reconocen, al menos el 20% están sin asignar a pesar de las más de 5.000 solicitudes recibidas. Las asignadas, por otra parte, han sido protagonistas del conflicto sindical en vivienda en la ciudad el pasado año: un bloque entero en Puente Jardín se organizó en el sindicato tras hartarse de habitar casas sin calefacción, con ventanas defectuosas y, sobre todo, de la completa inacción del VIVA ante sus problemas antes de organizarse. Vivienda pública y de nueva construcción, sí, pero con las mismas pocas garantías de calidad que la del parque privado. Las políticas de vivienda que involucran la nueva construcción implican necesariamente constructoras privadas que, como en el caso de esta comunidad, no se responsabilizan de las condiciones de las viviendas una vez construidas.

Las soluciones de la Junta

Por su parte, la Junta de Castilla y León presumía el pasado mes de impulsar la construcción un centenar de viviendas para jóvenes en la zona de los Cuarteles de Artillería, que darían lugar a un total de 600 viviendas gestionadas por la institución regional. Todas ellas obra de nueva construcción que la Junta ofrecería en régimen de alquiler a los jóvenes de la ciudad.

En nuestra opinión, lejos de representar una solución real al problema de la vivienda en la ciudad, estas medidas resultan completamente coherentes con el modelo de negocio de vivienda que está en el origen del conflicto. Más que enfrentarlo o resolverlo, el sector público asume el rol de corregir las fallas que el mercado privado no puede subsanar por sí mismo, con el fin de sostener la viabilidad dicho modelo a corto y largo plazo. Veamos qué queremos decir con esta afirmación.

Compartimos el análisis según el cual el llamado negocio de la vivienda no se refiere únicamente a los propietarios de las viviendas que obtienen una renta de su alquiler. Es un mercado amplio y complejo del que salen beneficiados numerosos agentes: desde las grandes constructoras y propietarios hasta las empresas de alarmas y desokupaciones que se alimentan del miedo y la incertidumbre de los primeros.

Este es el primer sentido en el que estas políticas contribuyen a sostener el negocio de la vivienda: la construcción de nuevas “viviendas para jóvenes” implica una importante inyección de dinero público a favor de las constructoras encargadas, así como de todos los negocios secundarios que participan en el proceso. Una apuesta decidida hacia la nueva construcción mientras que las viviendas existentes se degradan, como por ejemplo ocurrió a principios de año en la calle Puente Mayor.

Los segundos beneficiados de la ciudad, aunque parezca paradójico, serán los propios caseros. La construcción de nuevas viviendas, aunque aumente en unas cuantas unidades la oferta disponible, será insuficiente para frenar la subida de los precios de alquiler de manera considerable. Además, la Junta se convertirá en la casera de un segmento de jóvenes con menos recursos que, como las grandes empresas inmobiliarias reconocen, aumentan el riesgo y la incertidumbre de los propietarios.

Y esto hila directamente con la tercera consecuencia que queremos señalar: el ayuntamiento prioriza la construcción de nuevas viviendas en beneficio del sector inmobiliario mientras deja morir los barrios que ya existen. El ejemplo más llamativo es la dejadez del ayuntamiento para mejorar las condiciones de la barriada del 29 de octubre en Pajarillos. A pesar de las movilizaciones y reclamaciones históricas del barrio, se prefiere destinar los recursos públicos a promover nuevas promociones inmobiliarias en lugar de rehabilitar viviendas deterioradas y garantizar condiciones de vida dignas para sus habitantes.

En resumen, mucho ruido y pocas nueces para la clase trabajadora, que, en el mejor de los casos, podrá acceder a una vivienda pública de nueva construcción, aunque no necesariamente digna ni de calidad. Todo ello mientras la Junta se ocupa de engrasar un negocio inmobiliario que, pese a su rentabilidad, es cada vez menos capaz de sostenerse por sí mismo.

Que alguien haga algo

No debería ser sorprendente que un gobierno liderado por el Partido Popular prime los intereses del sector inmobiliario frente a las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero es que además estas políticas no son diferentes a las adoptadas por el gobierno más progresista de la historia del PSOE y Sumar.

La vivienda universal y de calidad podría ser una realidad con una voluntad política firme y una fuerza organizada que la respalde y defienda, pues se cuenta con los recursos suficientes y los medios técnicos para llevarla a cabo. La negativa de todos los partidos políticos mayoritarios a priorizarla frente a los beneficios millonarios del sector inmobiliario es uno de los grandes fracasos civilizatorios de nuestro tiempo.

Nuestra tarea como sindicato en el presente está más clara que nunca. Organizar a la clase trabajadora en defensa de sus intereses con todo lo que ello supone: ser eficaces en la defensa inmediata de nuestras condiciones habitacionales a través de la organización sindical; encabezar la lucha cultural por la necesidad de una vivienda universal, digna y de calidad y contribuir a la construcción de una alternativa política capaz de contrarrestar la ofensiva del capital frente a nuestras condiciones de vida.