CCOO presenta un ERTE en Castilla y León que afectará a 54 trabajadores por los recortes de la Junta

El sindicato Comisiones Obreras en Castilla y León ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectará a 54 personas en lo que queda de 2023 y supondrá una reducción de la jornada laboral de entre un 50 y un 60%, pendiente aún de negociación.

Según ha informado este miércoles el sindicato a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, esta medida, con la que intenta evitar un despido colectivo, se combinará con la reordenación de la planificación del sistema laboral de forma temporal y parcial “con carácter coyuntural”.

El sindicato que dirige Vicente Andrés ha achacado esta decisión a la “ilegalidad” de las políticas aplicadas por Vox que gestiona, entre otras, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, con medidas como la supresión de los servicios de prevención de riesgos laborales, de atención a migrantes y de orientación a personas desempleadas o la formación profesional para personas ocupadas.

“Los beneficiarios de estos programas son los grandes perjudicados, así como los trabajadores y trabajadoras que los ejecutaban por la eliminación de dichos programas, que no han sido suplidos desde la Administración autonómica y ha supuesto que no se convoque al menos 26 programas públicos de políticas laborales por un valor mínimo de 42 millones de euros en 2022, porque no se han ejecutado”, ha explicado el sindicato.

Y ha recordado que “la política ilegal de la parte minoritaria del Ejecutivo autonómico” derivó en que el Gobierno de España tuviera que intervenir y presentar un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que no eliminase el SERLA, “como era su pretensión --se reafirma CCOO-- después de suprimir la financiación de este servicio en el presupuesto de la Junta de Castilla y León para 2023”.

Comisiones Obreras ha acusado también a Vox de intentar desgastar a los sindicatos y a las organizaciones de la sociedad civil organizada “para erosionar la democracia” y ha asegurado que la actividad sindical sigue activa para añadir que se financia con las cuotas de los afiliados.

“La extrema derecha tiene en su ideario eliminar el papel constitucional y legal de los sindicatos más representativos”, ha concluido el sindicato en este comunicado.