Ulibarri, el doble acusado en Gürtel que pagaba publicidad en la competencia para negarlo todo

Los empresarios Antonio Méndez Pozo y José Luis Ulibarri en 2008.

El empresario de los medios de comunicación y la construcción José Luis Ulibarri, procesado en una pieza Gürtel y acusado en otra, se enfrenta a penas de prisión de 21 años. El camino ha sido largo desde que su nombre apareció en el caso más grave de financiación irregular del Partido Popular, en febrero de 2009. Ulibarri ha estado desde entonces bajo sospecha, pero nada ni nadie ha conseguido pararlo. La imputación en el sumario de Gürtel no minó su poder y su influencia en los cenáculos políticos y empresariales de Castilla y León. Con el tiempo, llegarían otras causas como Púnica y Enredadera. Su estrategia siempre ha sido negarlo todo y seguir adelante.

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Su nombre y el de Gürtel empezaron a aparecer unidos en 2006, entre otros, en periódicos propiedad de otros dos constructores: Antonio Miguel Méndez Pozo (Grupo Promecal) y José Martínez Núñez (La Crónica de León). Ulibarri contraatacó de manera expeditiva y a golpe de talonario. El 3 de octubre de 2006 contrató una página de publicidad en domingo e impar en el Diario de León con el título "Begar responde al expresidiario Antonio Miguel Méndez Pozo y al procesado José Martínez Núñez". En esa propaganda Ulibarri colocaba un durísimo e irónico comunicado para responder a las informaciones que habían publicado contra él los dos constructores en sus respectivos periódicos.

Batalla empresarial con el periodismo como rehén

"Los medios de comunicación controlados por dos constructores y empresarios modélicos de Castilla y León, José Martínez Núñez (La Crónica de León) y Antonio Miguel Méndez Pozo (Diario de Burgos, Diario Palentino, Diario de Ávila y el Día de Valladolid) para quienes el grupo Begar es su más molesta competencia, están manipulando informaciones para favorecer sus propios intereses inmobiliarios en perjuicio de los de Begar", comenzaba el escrito.

Ulibarri aseguraba que los medios de los constructores de la competencia habían manipulado los datos sobre la adjudicación de una parcela en Boadilla del Monte (Madrid). Se trataba de la finca en la que construiría poco después viviendas de lujo con su mercantil UFC y por la que en septiembre de 2021 se sentará en el banquillo. A pesar de negar los hechos, y de haber seguido acumulando poder gracias a sus medios de comunicación, la instrucción de la causa siguió adelante.

Para Ulibarri los medios de la competencia, propiedad de Martínez Núñez, ya fallecido, y de Méndez Pozo, habían "manipulado los datos" por la adjudicación de la parcela de Boadilla y los habían "extrapolado, derivado y amplificado intencionadamente para difundir ante la opinión pública hipótesis y conclusiones totalmente falsas sobre la legalidad de todas las adjudicaciones de terrenos en concursos públicos a UFC SA, la promotora inmobiliaria del Grupo Begar".

Así, la empresa de Ulibarri desmentía "rotundamente" haber cometido "ningún tipo de irregularidad legal o fraude a la seguridad social, ya que tiene a su disposición la organización empresarial del Grupo Begar en el que está integrada y que contrata todos sus servicios y medios necesarios para la ejecución de proyectos inmobiliarios".

Transcurrida más de una década, la Fiscalía pide para él siete años y un mes de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Siempre según la tesis del juez instructor, la empresa de Ulibarri, UFC SA, consiguió la adjudicación de una parcela en el Polígono B del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla por 35 millones de euros y se habría pagado un millón de comisión ilegal que se habría encubierto con pagos de servicios que no se prestaron. Pero también fruto de esa supuesta alianza con los cabecillas de Gürtel, Ulibarri está ya procesado en otra pieza, la que corresponde a los delitos fiscales de Francisco Correa y en los que él colaboró, presuntamente, con facturas falsas por servicios que nunca prestó. La Fiscalía pide para él 14 años de prisión. Su intención de "tocar" a las fiscales del caso, como llegó a pedirle a su abogado, parece no haber dado fruto.

El comunicado también golpeaba directamente a sus rivales. Se refería a José Martínez Núñez como el "empresario procesado por sabotajes a propiedades del empresario Sindo Castro", quien sufrió un "auténtico calvario con el Sr. Martínez Núñez, también involucrado en el "caso Cuiña" por un presunto intento de asesinato" —un sicario que acabó suicidándose aseguró que le había contratado para matar al político gallego—. De Méndez Pozo recordaba que había cumplido "condena de cárcel" por el Caso de la Construcción de Burgos. Para él, los dos constructores utilizaban sus medios de comunicación "para desprestigiar a un grupo empresarial como Begar, líder en sector de la construcción en Castilla y León y con una plantilla que supera los 5.500 trabajadores". Su delito, decía, fue "tener la osadía de crear empresas que puedan competir en el feudo de estos oscuros personajes".

Aquella guerra cruzada durante años mantuvo en vilo a la clase política, siendo como eran ambos dos de los empresarios más influyentes de la comunidad. Pero la vida y los negocios dan muchas vueltas y en enero de 2009, cuando no habían transcurrido ni tres años del incendiario comunicado, Ulibarri se asoció con Méndez Pozo, a quien había denominado "oscuro personaje" a página completa en el diario más vendido de León.

Un pacto auspiciado por la Junta de Castilla y León

La guerra de intereses había cambiado después de que la Junta sacase a concurso la adjudicación de la TDT y mediase para que los dos empresarios que tenían sus respectivos canales de televisión analógica se uniesen. Poco se sabe de los detalles de aquella negociación, pero ambos acabaron aliados. El Gobierno de Castilla y León evitó así que la televisión quedase en manos de uno de ellos y eso desatase otra batalla que no interesaba a nadie y que además podía acabar salpicando al Ejecutivo autonómico.

Ambos constructores tenían altavoces de sobra para amplificar cualquier batalla contra quien fuese: en 2007 Ulibarri ya se había hecho con el Diario de León, pagando 36 millones de euros, una cantidad astronómica para un periódico que ni estaba en venta ni valía esa cantidad. Fue una oferta que el Grupo Voz no pudo rechazar. Como ejemplo de lo disparatado de esa compra está otra que hizo en 2013, cuando adquirió la cabecera de El Mundo de Castilla y León mediante una operación que no llegó al millón de euros.

Hasta que compró Diario de León Ulibarri sólo había sido accionista de La Voz de Galicia, el diario más importante de aquella comunidad, propiedad de Santiago Rey Fernández Latorre, un empresario bien relacionado con el PP y con una gran capacidad de influencia en Galicia. Con la compra de la cabecera leonesa, Ulibarri aumentó el poder que ya tenía en la vida política de la región. La pelea con Martínez Núñez, que venía de lejos, se había recrudecido. Ambos eran cuñas de la misma madera. Ulibarri había trabajado para él hasta que creó Begar. Llegó a sufrir un sabotaje de Martínez Nuñez en sus oficinas de Valladolid, donde dos encapuchados tiraron cócteles molotov con una explícita nota: "primer aviso". Tanto uno como otro tenían su centro de operaciones en Ponferrada y Ulibarri era el que más contratos conseguía del Ayuntamiento.

El caso Rosaleda fue la piedra de toque que usó Martínez Núñez en su periódico ya extinto, La Crónica de León, para desprestigiar a su competidor. Se trataba de una adjudicación de más de 5.000 viviendas que fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia, y en la que UFC, una filial del grupo de Ulibarri, consiguió buena parte de las parcelas y se hizo también con las concedidas a otras constructoras.

Pese a sus buenas relaciones con el poder autonómico, el Grupo Begar, "líder en el sector" como decía Ulibarri en el comunicado, fue sacudido por los embates de la crisis y entró en concurso de acreedores en 2009. Tenía un pasivo de 261 millones de euros. Lo superó en 2011. En 2016, ya con nuevo nombre, Grupo Elodea, su matriz volvió al concurso, con una deuda de 189 millones.

Ahora, con una más que probable condena de cárcel, su emporio se tambalea y eso incluye el pacto con su enemigo de toda la vida, Méndez Pozo, que no quiere seguir asociado a un presunto corrupto décadas después de haber saldado su deuda con la Justicia. El Gobierno autonómico no reacciona, temeroso de la ira de uno de los hombres más poderosos de Castilla y León, hasta el momento.

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23 de noviembre de 2020 - 22:31 h

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