Las entidades sociales acusan a los gestores de la crisis de agravar las desigualdades sociales
La plataforma Pobreza Cero, que agrupa a más de 4.200 entidades sociales pacifistas, de derechos humanos y cooperación, sindicatos y colegios profesionales, ha puesto hoy la primera piedra “simbólica” de una fiscalidad más justa ante la delegación de la Agencia Tributaria en Barcelona. Esta primera piedra era, en realidad, un muro de grandes cubos en los que estaban escritas las reivindicaciones y denuncias del colectivo.
El acto se ha hecho coincidir con la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y se ha realizado después de que representantes de Pobreza Cero se reunieran con dirigentes de los diferentes grupos parlamentarios y del departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat para exponerles sus demandas y propuestas, recogidas en el manifiesto “Una fiscalidad injusta nos empobrece”. Los grupos parlamentarios se comprometieron a especificar en el plazo de un mes cuáles son las propuestas con las que coinciden y se comprometen a impulsar.
El acto, que ha tenido lugar a media mañana, ha reunido a los máximos responsables de las federaciones y plataformas que reúnen las entidades del tercer sector. El Manifiesto ha sido leído por Xavi Casanovas, portavoz de la Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria, Míriam Acebillo, presidenta de la Lafede.cat - Organizaciones para la Justicia Global, Núria Carrera, decana del Colegio Oficial de Trabajo social de Cataluña y Teresa Crespo, presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social. Los cuatro han coincidido en señalar como esperanzador el compromiso de los grupos parlamentarios de dar pronta respuesta a sus reivindicaciones.
El manifiesto “Una fiscalidad injusta nos empobrece” parte de la base que primero hay que determinar qué Estado del Bienestar se quiere y elaborar después el sistema tributario que lo haga posible. Nunca a la inversa. “Para garantizar un Estado del Bienestar sólido, solvente y de acceso universal es necesario un sistema fiscal justo, progresivo, proporcional y redistributivo que asegure tanto la justicia fiscal como la imposibilidad de escapar a la aplicación del sistema tributario mediante el fraude fiscal ”, se lee.
Para los autores de este manifiesto, la política económica que se ha venido aplicando desde los años ochenta ha degradado los mecanismos de cohesión y equidad social. Esta política, “basada en la desregulación de los mercados financieros, la desinversión en políticas sociales, la erosión de los derechos laborales y una fiscalidad regresiva se encuentra tras el colapso del sistema, en 2008, y la subsiguiente crisis económica y financiera”, aseguran.
Denuncian, asimismo, que tanto Cataluña como España están por debajo de la inversión social media en la Unión Europea y que España es, precisamente, el país donde más ha crecido la desigualdad social desde el inicio de la crisis: “Los ingresos medios del 10% más pobre han retrocedido un 42,4% de mientras que los de los más ricos sólo lo han hecho un 5,6%”.
“La gestión de la crisis ha agravado las desigualdades y ha reducido las oportunidades de los más débiles”, se dice como resumen de un Manifiesto que recrimina a los gobiernos catalán y español que supediten “los derechos y el bienestar de la población a los intereses de los mercados y el capital”.
La lucha contra el fraude fiscal, la equiparación de las rentas del capital y del trabajo, la adaptación de las tasas municipales al nivel de renta de los usuarios, la reforma del impuesto sobre el patrimonio, la recuperación del impuesto sobre las grandes fortunas o subir hasta el 33% el gravamen a los artículos de lujo son algunas de las propuestas de la plataforma “Pobreza Cero”, que confía que tengan mejor acogida y plasmación legal y presupuestaria que las que aportaron al Pleno sobre la Pobreza que celebró el Parlamento, el pasado mes de marzo.
Reparto injusto
Reparto injustoDel documento también se desprende que el reparto de las cargas impositivas es en Catalunya y en España también injusto. Actualmente el 72% de la recaudación corresponde a lo que pagan las personas físicas y sólo el 13% procede del impuesto sobre sociedades; de este porcentaje, el 76% lo aportan las PYMES y sólo el 24% las grandes empresas.
El 94% de las empresas del IBEX 35 tienen sociedades participadas en paraísos fiscales. La evasión y el fraude fiscal en España rondan los 60.000 millones de euros anuales. Se calcula que el 72% de los impuestos no pagados corresponde a grandes fortunas y empresas y el 28% restante, a PYMES, autónomos y particulares. En lugar de redistribuir la riqueza, se producen dinámicas que transfieren recursos públicos a manos privadas, afirma el manifiesto.
