El fiscal pide investigar al conseller catalán de Salud por discriminar a policías y guardias en la vacunación

Argimon y Vergés, en el traspaso de cartera

La tardanza de la Generalitat de Catalunya en vacunar el año pasado a los policías nacionales y guardias civiles de la comunidad se traslada a la vía penal. La Fiscalía ha pedido este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que admita la querella contra la antigua cúpula de la conselleria de Salud, entre ellos el actual titular del departamento, Josep Maria Argimon, y la exconsellera Alba Vergés, por haber discriminado a los agentes de los cuerpos estatales en el proceso de inmunización.

En un informe, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio pide al TSJC admitir la querella de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. A juicio del fiscal, la “injustificada y discriminatoria diferencia de trato” con los policías y guardias en la vacunación “no pudo llevarse a cabo sin el conocimiento, consentimiento y aquiescencia de los máximos responsables” de la conselleria de Salud del anterior Govern.

El fiscal señala de forma clara en su informe a la exconsellera Vergés, actual vicepresidenta del Parlament, si bien añade que las “responsabilidades criminales pueden extenderse” durante la investigación al entonces secretario de Salud Pública y actual conseller, Josep Maria Argimon; al exdirector de servicios del departamento, Xavier Rodríguez; y el exdirector del Servicio Catalán de Salud, Adrià Comella.

La discriminación en la vacunación de policías y guardias ya se había zanjado en la vía contencioso administrativo. El pasado mes de diciembre los magistrados concluyeron que el plan de vacunación de la Generalitat fue “discriminatorio” para los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Catalunya. El Alto Tribunal catalán ya había ordenado al Govern en el mes de abril, poco después de que estallase la polémica, que vacunara “sin dilaciones” a estos agentes, una orden que el Departamento de Salud acató pese a considerar “ridícula” la decisión judicial.

Los jueces concluyeron que la Generalitat “incurrió en inactividad respecto de su obligación de asistencia sanitaria a los cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional, en su labor de suministro de las vacunas frente al COVID-19”. Esa inactividad en el inicio del proceso de vacunación para los colectivos esenciales en marzo de 2021 “dio lugar a una diferencia de trato injustificada y discriminatoria respecto de esos cuerpos nacionales en relación con los cuerpos policiales y de emergencia autonómicos y locales, a los que se les suministraron las vacunas de manera más rápida y eficiente”, remarcaron los jueces.

La sentencia de lo contencioso instó a la Generalitat “la continuación” de esta actividad de vacunación “en igualdad de condiciones” y condenó a la Administración catalana a pagar las costas del proceso, con una cuantía máxima de 4.000 euros. La querella de la asociación de guardias civiles traslada ahora la cuestión a la vía penal, y al contrario que el escrito del fiscal, se dirige únicamente contra Vergés y Comella.

La asociación de guardias acusa a ambos exresponsables de tres delitos: prevaricación, contra los derechos de los trabajadores, y hasta delito de odio, pese a la abundante jurisprudencia que ya ha determinado que los agentes de la autoridad no pueden ser víctimas de delito de odio al ser un tipo penal pensado para proteger a colectivos históricamente discriminados.

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