La Fiscalía pide 7 años de cárcel a un mosso por espiar a su pareja en la base de datos policial

“Afán, obsesión y necesidad de control de la vida privada de su pareja”. Estos fueron los motivos que, según la Fiscalía, llevaron a un agente de los Mossos d'Esquadra a acceder a datos personales de su novia, sin su consentimiento, a través de la base de datos policial. Antes también la habría espiado instalándose el Whatsapp de su pareja en su ordenador.

La Fiscalía pide para el mosso siete años de cárcel por dos delitos de revelación de secretos. La acusación particular de la víctima, que ejerce el letrado Gonzalo Medir Roca, eleva la pena solicitada hasta los nueve años de prisión al incluir el delito de acoso. El juicio tenía que celebrarse este martes en la Audiencia de Barcelona, pero se ha suspendido. El acusado ha tenido tiempo de negar los hechos.

El tribunal de la sección 20ª de la Audiencia de Barcelona ha decidido suspender el juicio después de que el letrado de la víctima pidiera en cuestiones previas fijar la indemnización que reclama al acusado en unos 20.000 euros por los 405 días que la víctima tuvo que estar de baja debido al espionaje. Pese a no aportar una documentación voluminosa (informes médicos de pocas páginas), el tribunal ya ha advertido a la defensa de que estaba en su derecho de pedir la suspensión del juicio por la nueva petición de la acusación.

Así lo ha hecho el abogado del mosso. Acto seguido, el tribunal ha suspendido el juicio con una advertencia de que la nueva vista no se producirá hasta dentro de varios meses. “Ya les adelanto que la semana que viene no se señalará y a lo mejor será dentro de un año y medio”, ha zanjado la presidenta del tribunal, visiblemente molesta con la acusación particular, sobre la nueva fecha del juicio. El tribunal ha impedido a los medios de comunicación sacar una foto del acusado sentado en el banquillo.

De esta forma, se prolonga por lo menos un año más el primer desenlace judicial de unos hechos ocurridos entre los años 2016 y 2018. La víctima se encontraba ya en el Palacio de Justicia de Barcelona, en otra sala distinta para no tener que verse con el acusado. Tendrá que volver a la Audiencia de Barcelona, pero todavía no sabe cuándo.

Según las acusaciones, la pareja rompió en julio de 2017 tras catorce meses de relación. Antes y después de la ruptura el acusado quiso “controlar la vida privada y la intimidad” de la mujer sin su consentimiento, mantiene el Ministerio Público. En los primeros meses, continúa la fiscal, el mosso instaló en su portátil personal la aplicación Whatsapp web, pero era del teléfono de su pareja.

De esta forma, el agente “revisó durante tiempo indeterminado el contenido de las conversaciones” de la mujer sin su consentimiento ni su consentimiento. Pero el espionaje, a juicio de las acusaciones, no terminó aquí. Tanto durante como una vez finalizada la relación, entre el 18 de julio de 2016 y el 9 de enero de 2018, el acusado hizo 20 consultas bajo la función “sin especificar” en la base de datos de los Mossos sobre su pareja. Lo hizo, destaca la Fiscalía, “consciente de su compromiso de confidencialidad y sin ningún tipo de justificación profesionales”.

“Esta misma obsesión y necesidad de control de la vida privada” de la mujer, concluye el Ministerio Público, hizo que el agente accediera, de nuevo sin justificación profesional, a la base de datos de los Mossos y que en nueve ocasiones entre julio de 2016 y octubre de 2017 consultara sobre los coches de los que era titular su pareja.