La Generalitat desahucia a Josefa, una anciana con un hijo con problemas de adicción que ocupaba un piso público

Eran las 8:30 h de la mañana cuando Josefa salió por su portal. Allí la esperaban varios familiares y activistas por el derecho a la vivienda que se habían citado para intentar frenar su desahucio, previsto para a las 9 h. Después de cuatro intentos, la Comitiva Judicial logró expulsar este martes a esta anciana de 72 años y a su hijo Manuel, de 55, del piso en el que vivían como ocupas en el barrio barcelonés del Besòs.

Lo que diferencia a esta familia de muchos otros desahucios que se dan en la capital catalana es que el propietario de su hogar no era un fondo de inversión ni un gran tenedor, sino la Generalitat de Catalunya. Madre e hijo entraron al inmueble en 2018, después de abandonar un piso que compartían con otro de sus hijos con quien tuvieron problemas familiares. Debido a su situación económica, no encontraron más remedio que ocupar un piso que entonces era del banco Santander. Pero años después, lo compró la Agència de l'Habitatge de Catalunya para convertirlo en un piso protegido.

Ese giro de guion ha sido el que ha hecho que ni Josefa ni su hijo tengan derecho ahora a ninguna alternativa. Como ambos cuentan con un informe de vulnerabilidad avalado por los Servicios Sociales, si hubieran estado ocupando un inmueble de titularidad privada, habrían podido acceder a un alquiler protegido. Pero el juez considera que, a pesar de su situación económica, el hecho de haber estado en un piso público les impide iniciar cualquier trámite en la mesa de emergencia.

“Estoy fatal, quien más me preocupa es mi hijo”, repetía Josefa durante la mañana de su desahucio. Ambos han pasado sus dos primeras noches en casa de un familiar, aunque la normativa dice que deberían tener acceso a un Alojamiento Temporal de Urgencia (ATU) para pasar los días después del desahucio. A Josefa se le ofreció unas noches en un albergue, pero las descartó porque nadie le pudo asegurar que fuera en Barcelona.

El caso de Manuel es más complejo. El centro al que acudió después de que le echaran de casa no le planteó la opción de hospedarse en un alojamiento temporal. Desde Servicios Sociales no han confirmado a este medio los motivos exactos debido a la política de protección de datos, pero desde el Sindicat d'Habitatge, entidad que ha acompañado a la familia, aseguran que le denegaron la opción debido a un problema de adicción al alcohol que sufre desde hace décadas. Por su parte, desde el Ayuntamiento niegan la mayor y aseguran que “el consumo de alcohol no es motivo de exclusión para acceder a un centro de acogida”.

Por ahora, ambos están en casa de familiares, pero Josefa sabe que es una solución temporal y teme que, próximamente, su hijo se quede sin alternativa. Manuel sigue viviendo con ella porque, debido a su adicción, no tiene ingresos y depende de la pensión de su madre, que apenas supera los 1.000 euros.

A pocos minutos del desahucio y mientras sonaban palmas al compás flamenco y gritos de “Josefa, escucha, tu lucha es nuestra lucha”, la anciana lagrimeaba sentada en la silla que bajó de su casa. Desde allí esperaba a que los mediadores de la comitiva judicial intentaran llegar a un acuerdo con su hija y con miembros del sindicato. “Si es que yo no quiero estar así, yo quiero tener mis cosas en condiciones. Yo soy una mujer digna”, expresó a elDiario.es.

No hubo acuerdo y poco después de que le comunicaran la noticia, los servicios de emergencias médicas tuvieron que intervenir y trasladar a Josefa a un centro de salud, donde quedó ingresada por varias horas. Su presión arterial había subido hasta 200 mmHg.

El informe de vulnerabilidad no sirvió para frenar el desahucio

El pasado lunes se cumplieron cuatro meses del fallecimiento de Antonio, el marido de Josefa, por un cáncer terminal. Siete días antes de su muerte, su abogada logró que pararan la primera orden de desahucio debido a que el hombre se encontraba “en situación terminal”. Aun así, en primera instancia, el juez había desestimado sus pretensiones, que ya incluían un informe de vulnerabilidad de los miembros de la familia y documentación sobre el estado de salud de los tres. 

Cuatro días después de la muerte del hombre, Josefa recibió una nueva carta de desahucio programado para el 15 de octubre, es decir, el miércoles pasado. El día coincidió con la huelga general a favor de Palestina y los Mossos decidieron aplazarlo seis días más. 

Según ha trasladado la Comitiva Judicial a portavoces del Sindicat d’Habitatge de la Verneda i el Besòs, el proceso ya no estaba abierto a negociaciones debido a la decisión del juez, que decretó que Josefa y Manuel no tenían derecho a una vivienda protegida por haber ocupado un piso de titularidad pública. Pero desde el Sindicat no lo ven así.

Recuerdan que la familia entró a ocupar el inmueble cuando todavía era propiedad de un banco, que lo había mantenido años vacío. Además, recalcan que hay una disposición transitoria en el reglamento de la mesa de emergencia que determina que, si una familia vulnerable lleva tiempo viviendo en un piso ocupado, el Ayuntamiento puede darles un contrato de alquiler social en lugar de echarlos, si cumplen ciertas condiciones y se demuestra que lo necesitan. A eso se acogerán para resolver la situación de esta anciana, pero reconocen que el camino no será fácil.

Ocho años en el mismo piso

Josefa y su marido Antonio ocuparon en 2018 el piso, el cual estaba vacío y pertenecía al Banco Santander. Lo vieron como la opción más viable ante su situación económica, teniendo en cuenta que se encontraban en riesgo de exclusión social. Únicamente contaban con la pensión por jubilación de Antonio, de la que dependían los tres. A esto se le sumaba el trastorno por alcoholismo de su hijo y varios problemas de salud de ambos progenitores. Ese fue el año en que les echaron de su anterior hogar y, en una ciudad en que los precios de la vivienda habían subido un 33%, no vieron ninguna otra alternativa. 

En 2019, la Agència de l’Habitatge de Catalunya compró el piso para destinarlo a una vivienda social y en 2020 empezaron a llegar las primeras cartas pidiendo el desahucio. Desde entonces, su abogada ha presentado varios recursos en el juzgado, no solo para intentar frenar la expulsión de la familia, sino también para garantizar una alternativa de alquiler social. 

Pero ninguno de los certificados que acreditan la situación de vulnerabilidad de la familia, así como los informes médicos que muestran el estado de salud de Josefa, Antonio y Manuel, ha servido para impedir el desahucio de este martes. “No me lo creía. Pensé que, al ser un piso de titularidad pública y al tener el certificado de vulnerabilidad, acabarían ofreciéndoles una solución de alquiler social”, expresa la letrada. 

De hecho, explica que, en su momento, habló con otras abogadas que habían llevado casos similares de familias vulnerables ocupando pisos públicos en los que finalmente se les acababa ofreciendo una vivienda social debido a su situación socioeconómica. elDiario.es ha intentado contactar con la Agència de l’Habitatge de Catalunya, pero no ha habido respuesta alguna por parte de la entidad pública. 

Desde el Sindicat explican que la administración decidió llevar a cabo el primer intento de desahucio porque la mesa de emergencia consideró que el informe de vulnerabilidad elaborado por los Servicios Sociales “no cumplía los requisitos para acceder a un piso público en ese momento”. La abogada explica que le pedían “acreditar información de la cual no disponía”, ya que esta no existía. Como por ejemplo, “los ingresos de Josefa o su declaración de la renta”, información imposible de acreditar debido a que la mujer no trabajaba.

Señala que aportó “los informes de los servicios sociales, los ingresos de la pensión de jubilación del marido, extractos bancarios e informes médicos”, pero no bastó. “Se está penalizando a estas familias vulnerables por el hecho de que no hay suficiente vivienda social, cuando no es su culpa”, señalan los activistas.

Josefa sufre de diabetes, hipertensión, ciática, depresión, hernia discal, artrosis y artritis, por lo que necesita una persona que la cuide constantemente, tarea de la que se encarga su hija Antonia. Aunque tiene derecho a acceder a un albergue temporal durante unos 15 días, teme que, si la trasladan a uno fuera del municipio, ningún familiar pueda venir a hacerse cargo de su salud. Además, reconoce que le provoca “pánico” verse, con 72 años, compartiendo espacio con desconocidos en un albergue. Todos estos impedimentos han hecho que Josefa haya optado por buscar a un familiar que la acoja, al menos, temporalmente.