La ONU alerta de vulneraciones de derechos humanos en el caso Pegasus e insta al Gobierno a investigar
La ONU ha alertado de vulneraciones de derechos humanos en el caso del espionaje con Pegasus y ha instado al Gobierno español a “investigar, procesar ya imponer sanciones”. Lo ha hecho en una resolución de los relatores especiales sobre cuestiones de las minorías, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación.
El texto responde a dos comunicaciones paralelas a Naciones Unidas, una de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en nombre de las víctimas de los republicanos, y otra de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), relativas a las personas espiadas de su organización. La respuesta del Gobierno a la resolución de la ONU apunta a que toda intercepción se hace “siguiendo los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico español” y “con pleno respeto a los derechos fundamentales y libertades”.
La resolución recoge el espionaje al presidente del Govern, Pere Aragonès; la consellera de Acción Exterior y la UE, Meritxell Serret; los ex líderes del ANC Elisenda Paluzie y Jordi Sánchez; el abogado Andreu Van den Eynde; la dirigente de ERC Marta Rovira; o el ex diputado de ERC y actual director de la Oficina de Estrategia y Comunicación del Govern, Sergi Sabrià, o a los eurodiputados republicanos Jordi Solé i Riba.
La resolución de la ONU se emitió el 24 de octubre de 2022, pero no se ha hecho pública hasta este martes. La ONU dejaba 60 días de margen al Gobierno español para que respondiera. Señalaban también que expresarían sus preocupaciones públicamente al considerar que las informaciones recibidas son “suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”.
La Misión Permanente de España ante la ONU respondió el 22 de diciembre en la que apuntaba que toda actividad policial desarrollada por los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se enmarca “siempre dentro de lo escrupuloso respecto a la legalidad”. Defiende también que España es un estado de derecho pleno en el que funcionan todos los sistemas de garantías internas y externas propias de una democracia avanzada de la Unión Europea. Y argumentaba que no es posible pronunciarse sobre casos objeto de investigación judicial. Sin embargo, trasladó a la ONU las conclusiones de la investigación del Defensor del Pueblo, en las que se “verificaba” que la actuación del CNI se había realizado “de acuerdo con la Constitución y la ley”.
La ONU expresa una “preocupación muy seria” por este “programa de espionaje extenso y bien coordinado” sobre activistas y figuras públicas independentistas. El texto denuncia que el espionaje masivo vulneró el derecho a “reunirse pacíficamente y participar en asociaciones”, a “tener vida privada y privacidad en la correspondencia” ya “ser iguales ante la ley”. También temen que el uso generalizado de este tipo de software pueda aumentar “la autocensura” y que esto se traduzca en un “efecto inhibidor” sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión en Cataluña en general.
Naciones Unidas remarca una especial preocupación por el hecho de que los afectados son todos “miembros de la minoría del pueblo catalán” y que “su ataque parece estar relacionado con sus actividades pacíficas en favor de la minoría catalana”. “Esta focalización específica parece interferir en el derecho de los grupos minoritarios a afirmar y promover libremente su identidad, cultura y puntos de vista”, sostienen. Por último, los relatores ven “un patrón consistente y un programa bien planificado para dirigirse a los activistas de la minoría catalana y sus seguidores”.
La resolución también presta especial atención al presunto espionaje a Van den Eynde, abogado del presidente de ERC, Oriol Junqueras, o del exconseller Raul Romeva. “Si se confirma, constituiría un ataque a la independencia de los abogados y de los defensores de los derechos humanos”.
ERC seguirá reclamando “responsabilidad, garantías de no repetición y reparación”
En un tuit en Twitter, Rovira ha afirmado que ERC seguirá reclamando transparencia al gobierno sobre qué entidades gubernamentales utilizaron Pegasus para espiar, que asuma las responsabilidades pertinentes y que garantice que hechos como éstos no vuelvan a producirse. Además, exige que repare las víctimas, tal y como piden también las Naciones Unidas. Los republicanos también esperan que esta resolución impulse a la justicia española a dejar de entorpecer el curso de las querellas presentadas y lleve a cabo una investigación efectiva de los casos de espionaje denunciados.
La ANC subraya el reconocimiento de la ONU
La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha querido remarcar que la resolución supone un avance no solo en el cauce legal sobre el espionaje, al tratarse de la segunda vez que los catalanes han sido reconocidos como “minoría nacional” en un documento oficial de Naciones Unidas. “A pesar de la respuesta inocua del Gobierno español a la resolución, gracias a la labor de denuncia internacional hecha por Assemblea y otras organizaciones, ha puesto de manifiesto la vulneración de derechos fundamentales que sufren los catalanes y catalanes, lo que refuerza aún más los argumentos a favor de la autodeterminación y de la independencia del país como única vía para proteger sus derechos”, ha afirmado la presidenta de la Assemblea, que fue una de las organizaciones denunciantes.
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