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Torra acusa a la Justicia de precipitar interesadamente su juicio por desobediencia
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado este lunes la rapidez con la que la justicia ha fijado la fecha del juicio que se seguirá contra él por desobediencia al haberse negado a quitar los lazos amarillos de la fachada del Palau durante la campaña electoral. “Se tratada de la demostración de la celeridad interesada de la justicia”, ha dicho.
En un comunicado distribuido desde la oficina de la Generalitat, el president ha contrastado el breve plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha necesitado para fijar la fecha de su juicio con los casi dos años de prisión preventiva que llevan los líderes independentistas. “La justicia es lenta solo cuando quiere”, ha considerado en su texto.
El president acusa además a la Sala de haber cometido una “irregularidad” porque, según sus palabras, ha acordado la fecha del juicio con anterioridad a la última interlocutoria sobre admisión y denegación de pruebas. Torra señala además que las fechas elegidas para la vista oral coinciden con un juicio anterior en el que su abogado debe de defender a un preso, que tendría prioridad, y a la fecha del debate de política general fijado por los grupos del Parlament.
Por todo ello el comunicado anuncia que la defensa de Torra ejercerá las acciones legales pertinentes “contra este error procesal que demuestra que la prisa es enemiga del rigor”. “Hay que tener en cuenta que los jueces y tribunales no sólo deben ser imparciales, sino que también tengan la apariencia. Y esta irregularidad pone en duda esta imparcialidad”, añade el president.
El TSJC ha citado a Torra para los próximos días 25 y el 26 de septiembre, momento en el que se celebrará el juicio por la presencia de lazos amarillos en edificios públicos durante la campaña electoral. El delito al que se enfrenta es el de desobediencia o, subsidiariamente, de denegación de auxilio, y las penas que piden para él son, en el caso de la Fiscalía, de veinte meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros, mientras que la acusación popular de Vox eleva la pena a dos años de inhabilitación y multa de 72.000 euros.
