La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona tilda de “injusta y desproporcionada” la sentencia del procés

La sentencia del procés ha entrado este lunes en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). En un acto organizado por la sección de derecho penal del ICAB, las defensas de algunos de los condenados por sedición y expertos han debatido durante cuatro horas sobre el fallo del 1-O. En la última mesa de la jornada, la decana del ICAB, Maria Eugènia Gay, ha tildado de “injusta y desproporcionada” la sentencia del procés y ha valorado que el fallo “no responde a las necesidades que Catalunya precisa”.

La decana ha reivindicado la comisión de diálogo que impulsó, junto a sindicatos, patronales y universidades en septiembre de 2017 para intentar resolver el conflicto, y ha considerado “inevitable retomar el diálogo dentro de la legalidad” para solucionar el contencioso catalán. En ello han coincido los representantes patronales y sindicales del debate: Camil Ros y Javier Pacheco, de UGT y CCOO; Lluís Bahamonde, de Pimec; y Antoni Fitó, de la Cámara de Comercio de Barcelona.

“Es inevitable retomar el diálogo, de forma serena, para poner en común la esencia del conflicto, y hacerlo dentro del marco de la legalidad y con sentido común”, ha aseverado Gay. Las jornadas han combinado un análisis técnico y jurídico de los delitos de rebelión, sedición y malversación con las valoraciones y vivencias personales de los letrados Jordi Pina, Olga Arderiu y Àlex Solà. La jornada ha tenido dos ausencias destacadas, las del abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, y de Xavier Melero, defensor de Joaquim Forn.

Nada más empezar el acto, Arderiu, letrada de Carme Forcadell, ha dejado clara su posición: “A Forcadell no la han juzgado por sus actos sino porque fue presidenta del Parlament”. “Mi lectura de la sentencia como jurista es deprimente”, ha terciado Solà, que ha formado parte del equipo de defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Pina, defensor de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, tampoco se ha mostrado muy optimista: “Con todo el dolor de mi alma puedo decir que no hemos estado en un juicio justo y que la sentencia ha sido claramente injusta. Hemos tenido la sensación de haber ido a resolver un conflicto político allí donde no tocaba, el Tribunal Supremo”.

Pina ha llevado la voz cantante durante el debate y ha arremetido contra el tribunal presidido por Manuel Marchena. A juicio del letrado, la del procés es “la primera de sentencia de la historia que condena por sedición a los jefes pero se olvida de la tropa que va a la trinchera”. Para Solà, la sentencia del procés “fija una nueva definición de la democracia española”, convirtiéndole, en su opinión, en una suerte de gobierno de los jueces en que el sistema no bebe de la soberanía popular “sino de la definición del Constitucional y de los tribunales sobre la Constitución del 78”.

Solà ha confesado que formar parte de la defensa en el juicio ha sido “un privilegio muy agrio”. “Se ha acabado el juicio y todo está igual o peor”, ha agregado. De cara a los futuros recursos, Pina ha confiado en que los condenados “no tengan que volver a ponerse en huelga de hambre” para que el Tribunal Constitucional resuelva sus recursos de amparo, el paso imprescindible para que puedan llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). “En España hay una buena justicia siempre y cuando no seas 'indepe'”, ha apostillado.

Pina también se guardaba munición para el fiscal del Supremo Javier Zaragoza y el autor de la mayoría de atestados del caso, el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, a los que ha acusado de ser los “factótums” y los “autores intelectuales” del juicio del procés con descripciones exageradas de lo sucedido. “Si 40.000 personas quieren arrasar la conselleria de Economía los guardias civiles el 20-S salen en calzoncillos”, ha proclamado. En contraposición, Pina ha destacado que no tiene “ninguna crítica” para los otros tres fiscales del caso, y de hecho ha loado la “buena técnica” del fiscal Fidel Cadena, de quien ha dicho que es una “bellísima persona”.

Menos emocionales y más técnicos han sido los análisis del catedrático de derecho penal de a Universidad de Castilla la Mancha Nicolás García Rivas, el mayor experto del delito de rebelión en España, y del letrado Rafael Entrena a cuenta de los delitos de sedición y malversación. En línea con las conclusiones de Amnistía Internacional, García Rivas ha abogado por la derogación del delito de sedición del Código Penal por su definición excesivamente “ambigua” y por suponer una herencia descatalogada de la historia jurídica, constitucional y militar de España.

García Rivas ha criticado con dureza a los magistrados, al considerar que han realizado una aplicación “política” del delito de sedición, en línea con la histórica concepción de este delito como “rebelión en pequeño”, aunque sin embargo desde 1995 la sedición forma parte de los delitos contra el orden público y no contra la organización del Estado. “En la sentencia se lee entre líneas que la sedición es un delito político, pero habíamos quedado que era contra el orden público”, ha sostenido.

Por su lado, el abogado Rafael Entrena ha tildado de “galimatías” la sentencia en el apartado referente a la malversación, ya que, según ha argumentado, introduce “conceptos presupuestarios, contables y procedimentales de una manera desordenada y hasta contradictoria”. Y alertado de que, en referencia al dinero público, el recorrido judicial de los condenados no ha terminado, ya que queda un procedimiento en el “triturador” Tribunal de Cuentas, que ha dado por descontado que obligará a los exdirigentes catalanes a pagar una cuantiosa suma.