Tormenta política en Catalunya por la gestión de las residencias

La cifra de muertos por COVID-19 en residencias de ancianos de Catalunya se ha duplicado en una semana hasta superar los 1.000. Además, el Govern ha reconocido que no dispone de los datos sobre la afectación del coronavirus en el 20% de estos centros –unos 200 en total­­–. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, asumió el pasado jueves que en el ámbito de los geriátricos, el Ejecutivo catalán no lo había hecho bien, una autocrítica que sonó a crítica directa a ERC, puesto que la consejería de Asuntos Sociales está controlada por este partido.

Ese mismo día, preguntado por las declaraciones de Torra en la Cadena Ser, el vicepresidente y hombre fuerte de ERC, Pere Aragonès, evitó enuna entrevista en eldiario.es sumarse a la autocrítica del president y optó por subrayar los esfuerzos que la Administración catalana estaba haciendo para hacer frente a la complicada situación que se estaba viviendo en los geriátricos. Ese día se contabilizaban alrededor de 500 fallecidos –ahora se superan los 1.100- y ya se escuchaba a patronal, familias y trabajadores advertir de que estaba siendo imposible frenar los contagios. No solo por falta de espacio para hacer aislamiento en los centros más pequeños, sino también por la ausencia de tests de diagnóstico entre los residentes y de material de protección para los profesionales.

Según fuentes próximas al president, Torra reclamó ese jueves a los republicanos que en las ruedas de prensa diarias en las que aparecen siempre la portavoz del Govern, Meritxell Budó (JxCat), la titular de Salud, Alba Vergés (ERC), y el de Interior, Miquel Buch (JxCat) estuviese también algún responsable de la consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Desde ese día, han comparecido el conseller de esta cartera, Chackir el Homrani, o el secretario del departamento, Francesc Iglesies.

A las tensiones entre departamentos, incluso del mismo partido como es el caso de Salud y Asuntos Sociales, se han sumado las críticas de varios ayuntamientos. El más beligerante ha sido el de Barcelona. La alcaldesa, Ada Colau, ha cargado en varias ocasiones contra la gestión de la Generalitat, a la que acusa de falta de transparencia en los datos y de haber pecado de falta de previsión para evitar los niveles de contagio y mortalidad que se han acabado registrando.

En los últimos días, y a medida que se disparaba el número de fallecidos, Colau ha insistido en que se traslade a dispositivos municipales, ya sea hoteles o pabellones, a los cerca de 800 ancianos con síntomas que hay en las distintas residencias de la ciudad. Incluso ha elaborado una lista con los 15 centros que requieren una actuación urgente. Pero lejos de estas cifras, hasta ahora Asuntos Sociales ha trasladado solo a 123 personas –a dos clínicas de mutuas laborales– y tiene otras 80 pendientes, alegando que se trata de un colectivo altamente dependiente y que no se puede desplazar fácilmente ni a cualquier recinto.

La réplica oficial del Govern a Colau ha llegado por boca de la consellera de Salud, Alba Vergés, en una entrevista en el Telenotícies de TV3 este miércoles por la noche. “Un pabellón no es el sitio adecuada para la mayoría de personas que viven en residencias”, ha contestado Vergés, que ha remarcado que hay que valorar adecuadamente los espacios porque no todos pueden acoger a residentes en silla de ruedas, movilidad reducida o alzheimer que viven en residencias. La consellera también ha abierto la puerta a “sanitarizar” las residencias más grandes.

Tanto en JxCat como en ERC coinciden en atribuir las críticas de Colau a “un interés partidista” y en el Govern recuerdan que el Consorcio Sanitario de Barcelona, controlado en un 60% por la Generalitat y por el Ayuntamiento en el 40% restante, se está participando en la estrategia para hacer frente a los contagios en las residencias. “Todo el mundo quiere apuntarse el montaje de hospitales en pabellones pero nadie quiere asumir como propios los problemas en las residencias”, describe un alto cargo del Govern.

Medicalizar los centros

Con todo, según fuentes gubernamentales, en los últimos días se ha evidenciado que cada vez era más complicado poder gestionar las residencias desde la consejería de Asuntos Sociales, porque en realidad de lo que se trata es de dar una respuesta sanitaria. “No tiene mucho sentido que el control del suministro sanitario que hay que enviar a estos centros no lo coordine Salud”, citan como ejemplo en el Ejecutivo. Además, la cartera de Asuntos Sociales incluye también las competencias de Trabajo y hay que tener en cuenta que en Catalunya se han presentado 85.100 expedientes de regulación temporal, esto es, 625.300 trabajadores afectados por un ERTE.

Sea porque Torra exigió cambios e incluso este martes propuso que Presidencia asumiese la gestión de los geriátricos, según la versión que dan fuentes cercanas al president, o porque se consideró que había que cambiar el operativo, según la versión de fuentes cercanas al vicepresidente, al final este miércoles se ha anunciado que la gestión de las residencias pasa a depender a partir de ahora del departamento de Salud. La decisión se tomó el lunes por la noche en una videoconferencia en la que participaron el vicepresidente Aragonès, la consellera Vergès y el conseller el Homrani. Este martes al mediodía fue cuando Aragonès le comunicó a Torra el cambio de competencias.

Ahora falta por ver si el cambio de mando político, en principio para dar una mejor atención sanitaria a las residencias, se traduce en la medicalización generalizada de los centros que exige desde el inicio de la epidemia la patronal ACRA. Esta asociación de entidades no solo ha venido alertando de la propagación del virus, sino también de la falta de personal con conocimientos médicos y material sanitario para gestionarlo.