Torra se expone a un delito de usurpación si vota en el Parlament y Torrent a uno de desobediencia si lo permite

El Tribunal Supremo ha rechazado las medidas cautelares del president de la Generalitat y, a la espera de resolver el fondo del recurso, ha mantenido que Quim Torra ya no es diputado en el Parlament. La decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal abre un escenario inédito y obliga a las instituciones catalanas a decidir a toda prisa qué hacer con el escaño del president, quien sostiene que sigue siendo diputado. Sin embargo, tras la decisión del Supremo, tanto el president como los máximos órganos del Parlament se exponen a diferentes delitos si Torra continúa ejerciendo como diputado en el próximo pleno, fijado para el lunes.

Por lo que respecta personalmente a Torra, el president de la Generalitat podría ser acusado de un delito de usurpación de funciones públicas si el próximo lunes vota en el Parlament. El líder de JxCat sí podría ocupar un escaño en el hemiciclo, en la medida en que mantiene su condición de president de la Generalitat, pero en el caso de actuar como miembro de la cámara podría cometer el delito descrito en el 402 del Código Penal castigado con hasta tres años de prisión, afirman fuentes jurídicas consultadas. Desde el PP se ha apuntado a ese mismo delito, anunciado que llevarán a los tribunales a Torra. Adicionalmente, el president podría estar cometiendo también un delito de desobediencia.

Sin embargo desde la defensa de Torra consideran que esa acusación no se sostiene. Según indican, el delito de usurpación de funciones está en el título de las falsedades, lo cual implica un engaño o alteración de la realidad, algo que en este caso no encaja. Desde la defensa del president añaden: “Si le están pidiendo al Parlament que le cesen eso implica, simplemente, que no lo está y, por tanto, no se da la usurpación bajo ningún concepto”.

Pero las responsabilidades penales podrían no acabar en Torra. Si finalmente el president de la Generalitat no acepta la resolución de la Junta Electoral y continúa ejerciendo como diputado, la Mesa y el presidente de la Cámara, Roger Torrent, tendrían la obligación de dar cumplimiento al mandato e impedir que Torra participase en la votación. La Junta Electoral Central ha enviado este jueves un requerimiento a Torrent en el que le ordena que retire el escaño de Torra, en ejecución del acuerdo que el organismo tomó el pasado 3 de enero y que ahora ha sido avalado por el Supremo.

La Junta además pide al presidente que le informe de cómo ha dado cumplimiento a su mandato. Con este paso dado por la JEC, explican fuentes jurídicas, ya se ha producido un mandato personal y concreto a Torrent, y por lo tanto ya existen los elementos para que el presidente del Parlament entre en riesgo de cometer un delito de desobediencia si no hace caso a la orden del organismo electoral.

La prueba de la decisión que tome el president del Parlament respecto a la inhabilitación de Torra llegará previsiblemente este lunes, día para el que está fijado el primer pleno después de que esta semana las sesiones se aplazasen debido al temporal Gloria, que ha causado diversos destrozos y dificultado los desplazamientos. De especial importancia será también la posición que adopten los letrados de la Cámara, que en su momento avalaron la continuidad de Torra como diputado. Fuentes parlamentarias consultadas reconocían, sin embargo, que tras la decisión del Supremo la situación había cambiado.

Torra sigue como president

Mientras que el cese de Torra como diputado es inequívoco, el Tribunal Supremo no ha aclarado en su resolución qué pasa con la Presidencia de la Generalitat. En esta tesitura, la interpretación mayoritaria es que Torra puede mantenerse en su condición de president mientras no haya una sentencia firme en su contra por el caso de los lazos, que aún podría demorarse unos meses. Respecto a esto, el Parlament no tendría que realizar ninguna acción en concreto, puesto que Torra ya está investido y ningún órgano judicial ha dictado su cese.

La situación sobrevenida tras la decisión del Supremo es, en cambio, inédita. Torra será el primer president de la Generalitat que no sea a la vez diputado, pese a que el Estatut estipula que, para ser investido, el president de la Generalitat debe ser uno de los 135 miembros de la Cámara. Sin embargo, los juristas entienden que se da una situación excepcional, al haber sido cesado judicialmente del cargo representativo debido a una legislación electoral especial, pero no así del ejecutivo, en el que se mantiene.

Con todo, la condición de Torra de president sin escaño no se alargará muchos meses, aunque los magistrados de lo Contencioso Administrativo del Supremo confirmen su decisión cautelar de este jueves cuando resuelvan el fondo del recurso. La inhabilitación definitiva de Torra se dirimirá en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. El president tiene de plazo hasta el 3 de febrero para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que le condenó a 18 meses de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la pasada precampaña de las generales de marzo de 2019. Se espera una resolución rápida de los magistrados, que previsiblemente confirmarán la condena.

Sánchez se reunirá con Torra

Mientras la tormenta arrecia contra el president de la Generalitat y su cese como diputado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene intacta su intención de reunirse con él en las próximas semanas. “Ahora corresponde al Parlament tomar las decisiones oportunas, tal y como en su momento determinó la JEC”, anunciaban este jueves fuentes de la Moncloa. Los gabinetes de ambos continúan organizando el encuentro e intentando concretar la fecha, después de que desde la Generalitat se hayan propuesto los días 30 y 31 de enero, 1 y 2 de febrero.

La postura de Sánchez ha irritado al líder de la oposición y presidente nacional del PP, Pablo Casado, que ha anunciado que su partido extenderá varias querellas, contra el propio Torra y contra Torrent. Pero también contra el Gobierno central “si no hace nada” para cesar de sus funciones a Torra y en el caso de que no suspenda su reunión prevista con el president de la Generalitat, ha asegurado Casado desde Donostia.

La oposición en el Parlament ha lanzado advertencias similares. Desde el PP exigen que la Cámara ponga en marcha los mecanismos para una nueva investidura y Ciudadanos exige que la Cámara catalana declare perdida la condición de president de la Generalitat por parte de Torra.