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El Govern reparte 50.000 mascarillas caducadas a los funcionarios de prisiones catalanas

Centro Penitenciario Brians I

Oriol Solé Altimira

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La Generalitat repartirá en los próximos días 50.000 mascarillas de protección respiratoria caducadas a los funcionarios de las prisiones catalanas. En un comunicado, la conselleria de Justicia defiende que el uso de las mascarillas “que han superado su vida útil” está avalado por los Ministerios de Sanidad y Trabajo, y que servirán para sustituir las quirúrgicas que se entregaron hace unos días y de uso más limitado.

En una comunicación interna, a la que ha tenido acceso este diario, la secretaría de medidas penales sí usa el adjetivo caducadas para referirse a las mascarillas que se repartirán. El departamento concreta además que se deberá anotar el número profesional de cada funcionario que reciba una mascarilla FFP2 –que genera más protección que la mascarilla quirúrgica común– caducada.

El nuevo material distribuido a los funcionarios servirá para sustituir las mascarillas quirúrgicas que se les facilitaron hace unos días y que debían ser repuestas a las dos semanas. Sin embargo, en la misma nota interna, la secretaría precisa que las mascarillas quirúrgicas que puedan haber sido utilizadas durante quince días no deben desecharse, puesto que “si se encuentran en buen estado, pueden continuar haciendo su función”.

La nota interna pide además “en la medida que sea posible” que cuando el funcionario tenga que entrar en la celda donde haya un interno enfermo o sospechoso de coronavirus use una mascarilla FPP2 de un solo uso y preferentemente no caducada. “Para esta acción, se utilizarán las mascarillas FFP2 no caducadas que tienen todos los centros”, agrega la comunicación de la secretaría.

Ante la “escasez”, alega Justicia, de equipos de protección individual disponibles, se ha optado por repartir a los funcionarios de los centros penitenciarios y de justicia juvenil estas mascarillas caducadas junto a una copia del documento del Ministerio de Sanidad que acredita que cumplen los criterios para ser utilizadas: que “cumplan los requisitos por los que han sido certificadas” y que se haya comprobado previamente que las cintas y el material del puente nasal mantienen la calidad de ajuste recomendada.

Según el sindicato CSIF, las medidas que ha tomado la Generalitat para proteger a los funcionarios de prisiones son insuficientes, lo que ha motivo que la central interponga una denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Al margen de las mascarillas de más protección caducadas que se repartirán entre los funcionarios, Justicia proporcionará a los internos 11.000 mascarillas quirúrgicas comunes. Hasta ahora en las prisiones catalanas se han detectado once casos de coronavirus, cinco en internos y seis en funcionarios.

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