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El accidente de Metro en Valencia fue por falta de seguridad y la responsabilidad política es de Camps

Víctimas de la Asociación Víctimas del Metro (AVM3J), asisten al pleno de Les Corts donde se votó la creación de la comisión de investigación.

Voro Maroto

La línea 1 de Metro Valencia no era segura, el gobierno del PP urdió una trama para ocultar la verdad y no trató con dignidad a las víctimas y la televisión pública valenciana tapó y manipuló la información sobre el siniestro. Tras el análisis de cientos de documentos, 150 horas de audiencia, la comparecencia de 73 personas y 20 sesiones de trabajo, la comisión de investigación del accidente de Metro en Valencia, que causó 43 muertos y 47 heridos en julio de 2006, ya tiene conclusiones y responsables políticos de la tragedia, entre ellos, Francisco Camps y Juan Cotino.

El dictámen ha sido presentado este viernes por todos los partidos del parlamento valenciano excepto el PP, que ha anunciado su voto discrepante. PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos, que han trabajado codo con codo en la comisión, han elaborado el informe. Éste, de más de 300 páginas, presenta 44 conclusiones demoledoras contra la gestión que el PP -entonces en el gobierno de la Generalitat- hizo en la empresa pública propietaria del metro y luego en el tratamiento hacia las víctimas. 

De entrada, se establece que “el accidente del 3 de julio de 2006 era previsible y evitable. El túnel de la línea 1 no era seguro”. Siempre según el dictámen, “las causas del accidente fueron múltiples y todas tuvieron su origen en la falta de inversión y mala gestión de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), especialmente en materia de seguridad en la circulación”.

Tras escuchar el testimonio de varios técnicos, todos los diputados excepto los del PP critican las infraestructuras donde ocurrieron el siniestro. Por ejemplo, había una “incompleta instalación del sistema de frenado FAP”y “faltó la instalación de balizas y/o reprogramación de las balizas en el punto del accidente, al límite de velocidad establecido en el tramo”.

Además, “el deficitario mantenimiento de la vía férrea en el punto del accidente, determinó que se redujera progresivamente la velocidad de la curva dónde se produjo el accidente, mediante la colocación de señales fijas que no fueron acompañadas de la colocación de sistema tecnológico adecuado (balizas) para garantizar la seguridad”.

En general, las conclusiones se centran en la nula inversión en el metro, lo que se “refleja en la Obsolescencia de las UTA 3700 y 3600 [los trenes] que cubrían el trayecto por la Línea 1 y que pese al desgaste, la escasez de material rodante y las múltiples averías, que presentaban, no fueron renovadas”. Todo ello, en un momento en el que el PP apostaba por los grandes fastos: Copa del América,  Aeropuerto de Castellón o el parque temático Mundo Ilusión.

La responsabilidad política del PP

El gobierno del PP es duramente criticado en el informe de la comisión. En primer lugar, por su trato a las víctimas, ignoradas y menospreciadas. “A lo largo de estos 10 años ha habido un menosprecio a la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio (AVM3J) por cuestionar la verdad oficial”. No sólo eso. “El Gobierno del Partido Popular no atendió las demandas de las víctimas y de los familiares que solicitaban una nueva investigación (...) y ser recibidos por el Presidente de la Generalitat”.

Además, “la Generalitat  actuó con urgencia no justificada con la finalidad de no eclipsar la visita del Papa y fundamentalmente para no asumir responsabilidades políticas. La visita del Papa Benedicto XVI a Valencia estaba prevista para los días los días 8 y 9 de julio [cinco días después del accidente]. El decorado fue el Palau de les Arts y l’Hemisfèric, dónde se instalaron grandes pantallas de televisión para garantizar la visibilidad del Pontífice, atención que no tuvo el accidente del Metro”.

Manipulación informativa

En palabras de los portavoces de la comisión, el PP urdió una “trama para ocultar la verdad” en la que Ràdio Televisió Valenciana, la ahora cerrada Canal 9, tuvo un papel clave. “La información dada por Televisió Valenciana se sometió a los intereses políticos y partidistas del PP”, ya que “había una estrategia comunicativa orquestada de los directivos de TVV con la Presidencia de la Generalitat para el tratamiento informativo del accidente”.

En consecuencia, la cobertura informativa fue nefasta. Canal 9 “ofreció información sesgada y no contrastada con otras fuentes, incumpliendo el deber de información de los medios públicos valencianos, vulnerando el derecho de la ciudadanía valenciana a recibir información veraz y objetiva”.

Del accidente y su posterior gestión hay varios responsables políticos, el principal, Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, por “las decisiones del Consell sobre el accidente y del desprecio continuado a la Asociación de las Víctimas del Metro 3 Julio”, con la que, pese a múltiples peticiones y hasta 100 concentraciones, nunca se reunió.

 

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