La Agencia Antifraude valenciana propone un pacto contra la corrupción con planes obligatorios de prevención
“Hay que dar respuesta a las expectativas ciudadanas articulando un Pacto Social Valenciano contra la Corrupción”. La memoria de los primeros meses de funcionamiento de la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, correspondiente a 2017, recoge esta propuesta de su director, Joan A. Llinares, que la desarrolla con una serie de iniciativas, entre ellas la implantación de planes de prevención de la corrupción en administraciones y empresas públicas, así como en concesionarias, proveedores de servicios y receptores de subvenciones.
Según el director de la Agencia Antifraude valenciana, hay que hacer obligatoria “la elaboración de planes de prevención de riesgos de corrupción y aprobar códigos de conducta para todo el personal, así como para los operadores que sean prestadores de servicios públicos o perceptores de fondos públicos”.
“La tentación de corrupción está en las propias estructuras y niveles del ejercicio de las potestades públicas”, advierte Llinares en la primera memoria que acaba de entregar a las Corts Valencianes. Y apuesta por “impulsar cambios estratégicos inspirados en la visión preventiva, orientados a que nuestras administraciones sean más resistentes a los riesgos de corrupción que las amenazan”.
Tras recordar los datos del Consejo General del Poder Judicial, que señalan que en 2016 había 1.378 persones implicadas en causas penales a la espera de juicio o procesadas por corrupción pública, que en 2017 se dictaron 126 sentencias y que en la Comunidad Valenciana los juzgados abrieron en 2017 una decena de procedimientos por delitos de corrupción que afectan a 29 persones, mientras que en España fueron 97 procedimientos que afectan a 411 persones, Llinares justifica el pacto social contra la corrupción y apunta diversas medidas.
Entre ellas, reforzar el régimen de incompatibilidades y los mecanismos contra las denominadas “puertas giratorias”, así como “mejorar el registro y supervisión de las declaraciones de bienes, actividades e intereses de cargos públicos y altos funcionarios, posibilitando un seguimiento específico postcargo al que también ha de tener acceso la Agencia”.
Que la selección de todos los cargos de dirección, incluyendo a los del sector empresarial e instrumental, se haga mediante convocatoria pública y por méritos y capacidad, así como garantizar “la ausencia de conflictos de interés”, reduciendo los márgenes de discrecionalidad en la contratación y asegurando la transparencia, son otros de los planteamientos de Llinares. El director de la Agencia Antifraude valenciana incide en la importabcia de proteger a los denunciantes e informadores de la corrupción. Y advierte de que la institución que dirige “se ha encontrado con alguna administración que se resiste a reconocer que el funcionario o funcionaria que denuncia malas práctica merece todo el reconocimiento profesional y protección”.
Precisamente, y tal como refleja la memoria, la Agencia Antifraude valenciana recibió desde su puesta en marcha a mediados de 2017 un total de 35 denuncias cuyos expedientes mantiene abiertos en 2018. Dos de esas denuncias fueron anónimas y una de ellas llevó a la institución a otorgar el estatuto de protección de la persona denunciante a un interventor municipal.
Aunque la memoria describe el caso pero evita dar el nombre de la persona a la que ha otorgado protección, así como el del ayuntamiento donde ejerce, porque la Agencia está obligada a la confidencialidad, es público que se trata del interventor del ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell (Alicante), Jesús A. Castro Revorio, que denunció en 2011 la trama de amaño de pagos por la que irán a juicio la concejala Nieves García y un constructor.
La Agencia resume así la situación de su primer denunciante protegido: “Hasta el momento en que esta memoria se realiza el secretario interventor protegido no ha sufrido represalias, por lo cual la Agencia no ha tenido que ejercer de facto acciones correctoras específicas. Aun así, el procedimiento judicial sigue en marcha y el funcionario corre riesgo al sentirse amenazado por el mantenimiento de su denuncia ante los tribunales”.
La mayoría de los 35 expedientes abiertos por la Agencia Antifraude valenciana, un total de 16, lo fueron como consecuencia de denuncias o comunicaciones de personal eventual, y la mayoría afectan a asuntos de contratación. Solo dos de los casos fueron comunicados por cargos públicos, siete lo fueron por empleados públicos y ocho por particulares. Afectan en su mayor parte a administraciones locales (24), seguidas de la Generalitat Valenciana (8) y de otras instancias (3).
En cuanto los asuntos, además de los 16 relativos a contratación, ocho afectan a temas de personal, tres a subvenciones, uno a concesiones y uno a urbanismo. Un total de ocho se clasifican en el apartado de “otros”.
