Anticorrupción reprocha a la dirección del PP el “descontrol” de la cuenta del partido en Valencia para blanquear

La dirección central del PP de la calle Génova en Madrid no contaba con “un sistema efectivo de control que permitiese impedir el descontrol financiero y económico” de la cuenta opaca que los populares de Valencia, bajo el liderazgo de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, usaban para blanquear capitales y mover los fondos que aportaban grandes contratistas públicos. El fiscal anticorrupción, en su escrito de acusación de la pieza A del 'Caso Taula' relativa al pitufeo, califica de “anarquía reinante en materia financiera” las turbias cuentas del partido en Valencia.

La cuenta “ignota y opaca”, sin control por parte de la Intervención municipal, servía “para los fines particulares de los miembros” del grupo municipal popular “y por ende del Partido Popular al que pertenecían, para gastos electorales y de cualquier orden”, señala el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce. Una vez iniciada la investigación del pitufeo, el apoderado de la cuenta remitió un burofax al entonces responsable de la gestora del partido en Valencia, y puso a su disposición 17.075 euros, además de 980 euros en metálico. Sin embargo, Luis Santamaría, presidente de la gestora, rechazó las cantidades, que actualmente se encuentran intervenidas judicialmente para garantizar su decomiso.

El grupo popular “poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y, en definitiva, disponía sin el debido control del Partido Popular que consentía y aceptaba tal situación”.

Además, la dirección de Génova no adoptó en ningún caso “mecanismos de control para conocer de dónde salían los recursos económicos dados los resultados electorales que cosechaba el partido gracias a las ingentes sumas de dinero que invertía en las campañas electorales al menos desde el año 2007”, agrega el representante del Ministerio Público.

En las elecciones del 2015, el grupo municipal liderado por Rita Barberá, usó el pitufeo (“mecanismo clásico en operativas de blanqueo, señala el fiscal) para validar las supuestas aportaciones de los ediles y asesores. Así, tras ingresar 1.000 euros, recibían dos billetes de 500 en efectivo. La entonces alcaldesa realizó el ingreso el 1 de abril del 2015, aunque pocos días antes de su fallecimiento declaró ante el Tribunal Supremo que no recibió a cambio los dos billetes de 500 euros.

La decisión de usar esta mecánica de blanqueo “sólo pudo partir de los cargos más antiguos y relevantes dentro del grupo municipal popular, afines a la alcaldesa Rita Barberá”, asegura el escrito de Anticorrupción. El fiscal recuerda que la dirección nacional del partido, pese a conocer las investigaciones judiciales que seguían la pista a los populares en Valencia, no “se ha interesado por conocer la financiación y efectivo gasto electoral”.

La cuenta, a pesar de su “poderío económico”, no pasaba el control de la Intervención municipal ni mucho menos del Tribunal de Cuentas. El escrito considera que el equipo de Rita Barberá llevó a cabo una “operativa criminal de entregas de dinero por empresarios con fuerte vinculación contractual con el Ayuntamiento de Valencia”. En un demoledor resumen de los 24 años de hegemonía de Barberá, el fiscal reseña una “maquinaria dedicada por una parte a obtener dinero de forma ilícita y de otra a hacer aflorar dicho dinero de manera que se desconociese en realidad el origen delictivo del mismo, fundado en el clientelismo político y la corrupción que imperaba en el Ayuntamiento de Valencia dominado en exclusiva por el Partido Popular”.

1,7 millones de responsabilidad civil

Para financiar los gastos electorales, el PP usó “mecanismos de lavado de capitales” mediante “generosas aportaciones” de constructoras y empresas contratistas, “abonos realizados de forma anómala”, todo ello con la necesaria “opacidad en la actuación delictiva”. Así, la “actividad delictiva desplegada y descrita” fue consentida por la dirección del PP valenciano que, sin embargo no tomó “ninguna actuación eficiente y eficaz”.

Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para los ediles y asesores que participaron en el pitufeo y 15 para el entonces vicealcalde, Alfonso Grau. Para la antigua mano derecha de Rita Barberá, que hasta hace poco estaba en prisión provisional por el 'caso Azud', el Ministerio Público también solicita una responsabilidad civil que suma 1,7 millones de euros, a abonar conjunta y solidariamente con José Salinas, responsable de la Fundación Municipal Turismo Convención Bureau, y Eduardo Moreno Santón, de otra fundación municipal.

Las fundaciones inyectaban fondos millonarios en las empresas del grupo Laterne, pertenecientes al fallecido empresario Vicente Sáez, que a su vez se encargaba de la campaña municipal del 2007. Los populares, tal como señala el auto de procedimiento abreviado del titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, manejaron millones de euros en dinero negro para pagar las suntuosas campañas electorales que les reportaron 24 años de poder municipal, con Rita Barberá a la cabeza.