Apenas cuatro de cada diez valencianos con carencias materiales severas recibe ayudas de emergencia

El 7% de la población española (más de 3,3 millones de personas) sufre “graves carencias materiales” según los indicadores europeos (Tasa Arope) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es decir, que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades más básicas. Medidas como la renta valenciana de inclusión, el ingreso mínimo vital o las ayudas de emergencia social de los ayuntamiento son los recursos a los que pueden acudir las familias en esta situación para cubrir estas necesidades básicas, tal y como han señalado desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Según los datos del INE, la Comunitat Valenciana es la autonomía con un mayor porcentaje de población con carencias materiales severas, el 11,5% (unas 580.000 personas), lo que supone cuatro puntos y medio por encima de la media española. Le siguen Canarias (10,7%), Extremadura (8,8%), Andalucía (8%) o Murcia (7,6%), que son las comunidades con más ciudadanos en esta situación. Por el contrario, Castilla y León (3,6%), Castilla-La Mancha (3,1%), La Rioja (2,3%) o Aragón (1,7%), son las autonomías que menos familias con carencias materiales severas.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2020 (el año de la pandemia), sitúan el porcentaje de valencianos en riesgo de pobreza o exclusión social en el 29,3% (cerca de 1,5 millones de personas) -la media en España era del 26,4%-, más de dos puntos por encima de la tasa de 2019 (27%). La Comunitat Valenciana había conseguido bajar estos niveles desde 2014, cuando había un 34,7% de valencianos en riesgo de pobreza y exclusión, en cerca de ocho puntos hasta la subida de 2020.

De los 580.000 valencianos con carencias materiales severas, el 38,6% percibe algún tipo de ayuda de emergencia (alrededor de 223.000), cuatro puntos y medio por debajo de la media española y muy lejos de los beneficiarios en La Rioja (146,9%) o Catalunya (91,1%) y muy por encima de lo que sucede en autonomías como Cantabria (11,6%), Extremadura (6,8%), Navarra (3,7%) o Galicia (1,9%). Así, el 4,4% de los valencianos recibe algún tipo de ayuda de urgencia (la media en España es del 3%).

Por lo que respecta a las cantidades, en la Comunitat Valenciana los beneficiarios de este tipo de prestaciones reciben 195,1 euros al año (en España, la media es de 235,1 euros), por los 1.210,7 euros que cobran en Castilla-La Mancha, 1.132,1 en Galicia, 991,2 en Navarra o 969,7 en Cantabria. Por debajo de los valencianos en esta estadística se encuentran Catalunya (194,8), Canarias (176,9) y Andalucía (91,1). En cuanto a las ayudas de urgencia por persona con carencias materiales severas, la Comunitat Valenciana reparte una media de 75,3 euros, mientras que en España se dan 101,6 por persona en esta situación -en La Rioja o el País Vasco se dan más de 400 euros y en Andalucía, Navarra, Extremadura o Galicia menos de 50-.

De este modo, en el territorio valenciano se reparten 8,7 euros en ayudas de emergencia por habitante, mientras que la media española es de 7,1; en el País Vasco se conceden 20,8 euros, en Asturias 13,1 o en Catalunya 11; y por el contrario, en Andalucía se dan 3,4, en Extremadura 2,6, en Navarra 2,3 y en Galicia 1,1 euros.

Entramado burocrático “innecesario y cruel” para el ingreso mínimo vital

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia de nuevo el “innecesario y cruel” entramado burocrático que dificulta a cientos de miles de familias que lo necesitarían percibir el Ingreso Mínimo Vital: “Sólo llega a 428.000 personas en toda España, la mitad de los 850.000 que el propio ministerio considera como potenciales perceptores”. Y las ayudas para atender las necesidades más básicas (alimentación, ropa, alquiler suministros del hogar...) apenas alcanzaron en 2020 a poco más de 1,4 millones de españoles, “un 43,2% del total de personas con graves dificultades materiales”.

Además, añaden desde este colectivo que son numerosas las entidades locales que han aumentado sus presupuestos para ayudas de urgente necesidad en los últimos dos años, “pero los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas”, por lo que urgen a modificar la norma a a interpretarla de manera “menos rigurosa”.

Para paliar esta situación, los directores y gerentes de Servicios Sociales proponen la “imprescindible y urgente” modificación de la norma para que las ayudas de urgente necesidad “queden exceptuadas de la Ley General de Subvenciones, incluyéndolas en su artículo 2,4, todo tipo de ayudas de emergencia social, sea cual sea la causa y sus efectos”; y reclaman a la Intervención General de la Administración del Estado que inste a los interventores municipales agilicen las ayudas económicas de urgencia.

Em definitiva, solicitan que las ayudas de este tipo no sean tratadas como cualquier subvención a una entidad, vinculando su concesión y pago a procedimientos ágiles basados en la prescripción social facultativa de los profesionales de los servicios sociales municipales: “¿Se imaginan que la prescripción de un facultativo de Sanidad fuera sometida a estos procedimientos y que las prestaciones del sistema de salud tuvieran consideración de subvenciones? Los pacientes morirían esperando la aprobación del interventor y del procedimiento administrativo”, concluyen.