Apuntes para la economía real
La agencia Moody's ha diagnosticado una eventual mejora de la calificación crediticia de España, al elevar la nota de la deuda soberana de España de 'Baa3' a 'Baa2'. Entre los argumentos que ha dado la agencia, destaca que la economía española ha conseguido “reequilibrarse” y pasar a un “modelo de crecimiento más sostenible”. Por otro lado, considera que se ha llevado a cabo un amplio abanico de “reformas estructurales” en materia laboral, pensiones e impuestos, así como una “reestructuración” del sistema bancario.
¿Pero es realmente así? ¿A qué intereses responde la agencia Moody’s? ¿A los de las personas o al de las grandes compañías?
En esta columna, con un tono humilde, se plantean algunas propuestas para generar estímulos en la economía que nos afecta: en la economía de las pymes, en la de los autónomos, en la de las personas.
Reforma de la fiscalidad a empresas y nuevos emprendedores. No es coherente que el gobierno se haya a dedicado a presumir sobre su ley de emprendedores y no exista ningún tipo de ventaja para quién quiere llevar a la práctica su propia idea de negocio. Sería más justo y contribuiría al fomento de la iniciativa privada a través de pymes y micropymes, una carga muchísimo más reducida de la cuota de autónomos durante los dos primeros años, e incluso hasta el momento en el que la empresa empiece a declarar beneficios. En Francia por ejemplo, durante el primer año de inicio de una actividad no se paga y sólo se tendría que pagar a partir del segundo año.
Menor carga impositiva a pymes. La carga tributaria de las empresas españolas, un 58,65% con la suma de los impuestos sobre beneficios, cotizaciones de sus empleados e impuestos indirectos, como el IVA, es muy superior al 41,1% que paga la media de la Unión Europea. Así la carga impositiva a la que se somete una pequeña empresa es muy elevada, por cada 1000 euros de facturación, prácticamente el 50% se destinan a impuestos. Es importante y necesario el pago de impuestos para la generación de servicios públicos de calidad, pero estos no deberían de recaer sobre las pymes y micropymes, o las rentas del trabajo. Son paradójicamente las grandes empresas las que menos carga impositiva tienen en términos comparativos.
Garantizar el crédito a pymes y familias. Uno de los principios básicos de nuestro sistema económico se basa en la necesidad de que exista consumo interno para la generación de efectos de arrastre en el conjunto de la economía. Así uno de los principales problemas que siguen sufriendo a fecha de hoy tanto las pymes, y por extensión las familias, es la falta de liquidez y de crédito para poder abordar el día en día de la gestión empresarial. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) ya advirtió hace meses al Gobierno que la banca en la concesión de créditos que se prevé en el 2014 no beneficiará a las pequeñas y medianas empresas. Reconocía en un informe elaborado por el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, en coordinación con el BCE que la reestructuración del sector bancario ha privado asimismo a las pymes de su financiación. En este sentido, las entidades financieras siguen sin favorecer la disposición de crédito a las pymes y en el caso de hacerlo los diferenciales del interés son abusivos. La paradoja se basa en que en el momento en el que el precio del dinero es el más barato de la historia, los bancos aplican los diferenciales más abusivos a la vez que restringen el acceso a las pymes. Urge regular esto de manera inmediata, a pesar de que numerosas voces de reconocido prestigio vienen advirtiendo de este problema.
Encarecer la contratación precaria. En un año ha disminuido la población activa, es decir, el número de personas que están en disposición de trabajar, en 267.900 personas y queda en 22,654 millones de personas. La tasa de actividad se ha reducido hasta cerca del 60% y es la más baja desde comienzos del 2008. La reforma laboral no ha servido más que para despedir a las personas para que muchas empresas pudiesen adelgazar sus plantillas de la manera más económica posible, pero que a todas luces a quedado evidenciado que no ha servido para fomentar la contratación. La contratación precaria implica salarios pírricos que no contribuyen ni a la capacidad de ahorro, ni al gasto, por lo que no puede ser bueno para la economía de un país. Por el contrario, el fomento de una contratación más barata, dando ventajas a los contratos con mejores condiciones laborales, lo que contribuiría a una mayor disposición para el consumo y la demanda interna.
Gestionar lo público desde la eficiencia. Las administraciones públicas han sufrido grandes recortes. Unos grandes recortes que no se han basado en la búsqueda de eficiencias para la generación de sistemas de mayor calidad para la ciudadanía, no. El enfoque se ha basado en despedir en función de las conveniencias de los que mandan. No hemos oído hablar de reducción de salarios de los altos cargos, por el contrario sí que se han despedido a los grupos más bajos de la administración o los que peores condiciones laborales tenían. Los que mandan siguen gozando de sus privilegios sin que estos hayan planteado fórmulas más eficientes en la gestión. Urge revisar y plantear formatos en los que la eficiencia, la calidad y la orientación al ciudadano sean la prioridad.
Perseguir el fraude fiscal. El 20% de los contribuyentes españoles más ricos acapara el 44% de todos los ingresos declarados, según los datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda. Además, son los que más fraude fiscal cometen: según sus cálculos, grandes fortunas y grandes empresas concentran el 71,8% del fraude fiscal total, lo que supone una pérdida recaudatoria para el Estado de más de 42.000 millones de euros anuales.Es lógico a la par que justo que quienes ganan más también paguen más. Por el contrario en este país ocurre más bien lo contrario, no sólo quienes más ganan, menos pagan, sino que el fraude que pueden llevar a la práctica las grandes empresas en muy pocas ocasionas se ve sancionado. La connivencia entre quienes mandan y las grandes empresas crea un caldo de cultivo nocivo para la economía de nuestro país. El Gobierno debería contar con cuerpo de inspectores contra el fraude más nutrido de profesionales y con más recursos para controlar este tipo de situaciones.
Fomentar la inversión y un buen marketing en los sectores estratégicos. Dicho de otra manera, hacer estratégicos aquellos sectores que reúnen potencial para hacer atractiva la inversión en aquello que con lo que contamos con el how know. El minifundismo de la agricultura se ha visto como un problema para ser competitivos, pero existen multitud de ejemplos en el mercado que han desarrollado marcas atractivas desde un buen enfoque de marketing y de I+D+I para diferenciarlos de sus competidores como productos más exclusivos. ¿Por qué no crear una marca potente de naranjas u otros productos agrícolas para posicionarlos en segmentos más atractivos del mercado en los que menores costes impliquen mayores rentabilidades? ¿Sería esto posible reproducirlo en el textil o el calzado? ¿Se hace realmente en un sector tan importante como lo es el turismo?
